Las movidas del senador Fabián Díaz para frenar una obra que le podría costar miles de millones de pesos a Cartagena. Esta es la historia

El senador Fabián Díaz Plata, del Partido Alianza Verde, oriundo de Santander y con muy poco trabajo político en Cartagena, se metió en una enorme controversia que se disputa en estrados judiciales alrededor de la construcción de Vento Cabrero, un proyecto inmobiliario avaluado en más de 25 mil millones de pesos y que habría cumplido con todos los requisitos para realizar la obra cerca de la laguna del Cabrero y lo tienen frenado.

SEMANA conoció que detrás de todas las movidas para frenar el proyecto, existiría una serie de irregularidades en las que habría incurrido una autoridad ambiental de la capital de Bolívar y, al parecer, esas inconsistencias estarían induciendo a un juez a tomar decisiones que le podrían costar miles de millones de pesos a La Heroica.

En medio de las críticas que hizo el senador Díaz Plata contra el regreso de Ciro Ramírez al Congreso de la República, tras quedar en libertad, esta revista conoció la denuncia penal por fraude procesal, prevaricato y fraude a resolución judicial que Simón Hernández, abogado de la sociedad a cargo de Vento Cabrera, radicó contra el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena.

La historia arrancó en 2018, cuando la sociedad Eléctrica S.A.S, dueña del proyecto, recibió un predio de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), como pago de una deuda que tenía con la compañía. Así fue como el terreno, ubicado a los alrededores de la laguna del Cabrero, fue destinado para la construcción de Vento Cabrero, una edificación que le apostaba a una ubicación exclusiva en la ciudad de Cartagena de Indias.

Dicha empresa puso en marcha la construcción del proyecto inmobiliario con la búsqueda de permisos como el Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y el pin generador, otorgados por la EPA Cartagena; además de la licencia de construcción entregada por la Curaduría Urbana de la ciudad. Los documentos necesarios estaban en regla.

Pero el 17 de septiembre de 2020 apareció la primera barrera, cuando la EPA de Cartagena ordenó el cierre del proyecto, al considerar que la zona para la obra tenía características de “bajamar”. Sin embargo, la Dirección Marítima del Ministerio de Defensa (Dimar) certificó en un documento que el terreno no tenía esa condición, la cual caracteriza un bien de uso público.

“Esta Autoridad considera que sobre el área correspondiente a los predios identificados (...) no es procedente dar aplicación al régimen jurídico establecido en el Decreto 2324 de 1984”, dijo la entidad, dejando claro que el predio se podía edificar y en contravía de la EPA.

Un año después de ese cierre, a la compañía detrás del proyecto inmobiliario le tocó radicar un derecho de petición al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena para que volvieran a abrir la obra. Pero, dos meses después, la EPA volvió a suspender el proyecto, con una extraña excusa, por un supuesto incumplimiento en el pin generador, un permiso que permite garantizar la adecuada disposición de los residuos que deja ese tipo de trabajos.

La defensa de los dueños de Vento Cabrero expuso que después de ese cierre empezaron las negativas de la autoridad ambiental de la ciudad amurallada, porque supuestamente la construcción estaba dentro de una ronda hídrica.

Nuevamente la propia EPA no tenía la razón. El 12 de enero de 2022, salió una decisión del mismo Establecimiento Ambiental a favor de Eléctrica S.A.S., con la aclaración de que no existía algún tipo de riesgo a los cuerpos de agua que hay en la zona.

Un mes después, la EPA Cartagena cayó en una posible contradicción, pues aunque otorgó el pin para manejar los residuos de la construcción, negó el Plan de Manejo Ambiental para ese tipo de material, con el mismo argumento de la ronda hídrica identificada por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

En junio de 2022, el proyecto volvió a entrar en marcha después de que el Establecimiento Ambiental de Cartagena revocó su propia decisión y acogió el Programa de Manejo Ambiental, pero unos días después la autoridad ambiental de esa ciudad le cayó a la compañía dueña de Vento, para verificar que la obra tuviera todas las condiciones para seguir su curso.

El 2 de agosto de 2022 llegó el tercer cierre de la EPA contra el proyecto, reiterando que la construcción estaba dentro de ronda hídrica, a pesar de que la propia EPA autorizó el Plan de Manejo Ambiental; razón suficiente para que la sociedad Eléctrica solicitara la revocatoria de la decisión, la cual, según Simón Hernández: “Desconoció las licencias, permisos y vistos buenos otorgados por la Dimar y el mismo EPA”.

El caso llegó hasta el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, donde el apoderado de la sociedad presentó una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, además de una medida cautelar que el 1 de junio de 2023 dejó sin efectos el acto administrativo de la autoridad ambiental que ordenó el tercer cierre. Una decisión que fue respaldada meses después por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

“De ahí que resulte más perjudicial para la parte accionante que se continúe con la suspensión de las obras de manera indefinida, siendo que el EPA dilató sin justificación por más de siete meses la decisión de levantar las medidas o iniciar el proceso sancionatorio, pues ello supondría grandes pérdidas económicas irrecuperables”, señaló dicho juzgado en la decisión que levantó el nuevo cierre ordenado por el EPA.

La justicia fue contundente en señalar que los trámites de los funcionarios de esa entidad, habrían trasgredido derechos a la defensa de Eléctrica S.A.S., y también, al parecer, incurrieron en una serie de irregularidades sobre los términos para iniciar y resolver los procesos sancionatorios que sustentaban los cierres.

Para la EPA, los fallos judiciales no fueron suficiente, pasaron por encima de esta decisión y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena cerró por cuarta vez el proyecto Vento tras una visita técnica a finales de diciembre de 2023. La defensa jurídica de esa obra cuestionó las contradicciones de la autoridad ambiental y la falta de pruebas sobre la supuesta afectación ambiental a la laguna del Cabrero.

En febrero de 2025, el EPA volvió a negar la prórroga del pin generador, y algunos funcionarios de la entidad habrían terminado en una delicada situación que denunció el abogado Hernández: “Coadyuva a los copropietarios del edificio colindante (...) en el trámite de una fraudulenta demanda de acción popular, que se fundaba en argumentos ya dilucidados por la misma Entidad”.

Para la defensa de Eléctrica S.A.S., los intereses “ocultos y reales” de los habitantes de esos edificios que terminaron demandando eran netamente personales, pues a los propietarios de los apartamentos aledaños a la obra se atravesaron a la construcción por “proteger la vista exterior de sus apartamentos al centro histórico de la ciudad y a la laguna”. Es decir, empapelaron la obra de más de 25.000 millones, porque les tapaba la vista.

Lo más grave, según la denuncia conocida por SEMANA, es que el abogado de ese grupo de ciudadanos que interpuso la acción popular les advirtió vía correo electrónico que no existía un camino jurídico para continuar con la demanda, porque la constructora tendría todo en regla. “Siendo objetivo y realista, el pronóstico de esta acción popular no es alentador”, dijo el abogado Sergio Turizo, en un documento conocido por SEMANA.

En la denuncia también se señala que Mauricio Rodríguez, actual director del EPA, “mediante apoderada judicial, en el trámite de la demanda colectiva, omite por completo la existencia del Plan de Manejo Ambiental aprobado por su misma entidad, persiguiendo un nuevo cierre del proyecto, en un acto tendiente a propiciar el error del funcionario judicial”.

Para el apoderado jurídico del Ventro Cabrero, la actual administración del EPA está desconociendo sus propias decisiones administrativas y las decisiones de los jueces, incurriendo en los delitos de prevaricato, fraude a resolución judicial y fraude procesal sobre la acción popular que avanza contra ese proyecto en el Juzgado 6 Administrativo de Cartagena.

“Nosotros radicamos una ampliación de una denuncia que ya se había presentado anteriormente por el proyecto Vento Cabrero en contra de los anteriores administradores del EPA. Con esta ampliación, le pedimos a la Fiscalía que vincule al actual director de esa entidad y a sus funcionarios a su cargo”, detalló el abogado Simón Hernández.

Sobre ese juzgado, el abogado Hernández puntualizó: “Se encuentra en una doble situación de inducción a error: (i) la propiciada por los propietarios de edificios aledaños, que, realizando afirmaciones falsas, como la supuesta falta de permisos y licencias, se hacen pasar por una comunidad afectada para proteger su vista al Centro y (ii) por parte del EPA, que desconoce sus propios actos y permisos, coadyuvando senda acción”. El 18 de febrero de este año la acción popular salió a favor de los copropietarios de los edificios cercanos a Vento.

Un senador de Santander metido en la polémica

SEMANA conoció la denuncia que en enero de este año el senador Fabián Díaz Plata, oriundo de Piedecuesta, Santander, le envió al Ministerio de Ambiente denunciando la construcción “ilegal” que se estaba desarrollando cerca a la Laguna del Cabrero.

En el documento, el congresista adjuntó como prueba una publicación que realizó César Anaya, excandidato a la Alcaldía de Cartagena, en su cuenta de X para evidenciar las presuntas irregularidades.

En esa denuncia, el senador Díaz Plata aseguró: “No se conocen cuáles fueron las razones para que la Curaduría Urbana Distrital N°1 de Cartagena de Indias, D.T. Y C. otorgara los permisos para construir en dicho predio, cuando en principio el mismo bien es un área inalienable, imprescriptible, de dominio público y en ella se encuentra un manglar”.

Sin embargo, hay que recordar, y por supuesto el senador santandereano lo omite, fue la Dirección Marítima la que reconoció que ese lote no estaba en bajamar, por ende no cumpliría con esa condición de “dominio público”, y la propia administración de la Gobernación de Bolívar fue la encargada de entregar el predio a los dueños de Vento como pago de una deuda que tenían con la empresa.

A pesar de esos requisitos cumplidos, el congresista de la Alianza Verde le pidió al gobierno Petro que inicie las investigaciones necesarias para que, en caso de que aparezca alguna irregularidad, se tomen las medidas necesarias. Mientras que los dueños del proyecto inmobiliario evalúan acciones contra la Alcaldía de Cartagena por las pérdidas millonarias que les ha causado esta situación.

SEMANA se contactó en dos oportunidades con el senador Fabián Díaz Plata, quien no hace política en Cartagena, para saber su interés para intervenir en este proceso y si tenía conocimiento de las irregularidades administrativas que ahora están en manos de la Fiscalía. Aunque aseguró que contestaría a los cuestionamientos, no volvió a responder su teléfono.

Por su parte, Mauricio Rodríguez, actual director del EPA, dijo: “Desconozco y no he sido notificado de actuaciones penales en mi contra (...) en todo caso debo precisar que el EPA Cartagena ha venido actuando, dentro del marco de la legalidad y el debido proceso en los trámites administrativos sancionatorios de carácter ambiental que cursan en este momento contra la sociedad Eléctrica SAS”. Un lío que apenas comienza.