Las alarmantes cifras de muertes violentas en la era Petro; 2024 el más crítico

Las cifras de Medicina Legal sobre muertes violentas dejan mal parado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene como eslogan Colombia, potencia mundial de la vida.

Las estadísticas de la entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación son contundentes. Durante la administración Petro, las muertes violentas aumentaron, siendo el año 2024 el más crítico.

De acuerdo con Medicina Legal, en 2024 se registraron 29.290 muertes violentas en el país, convirtiéndolo en el periodo más negativo de los últimos siete años.

Para 2018 se presentaron 20.476 muertes violentas; 2019, 23.729; 2020, 21.602; 2021, 26.083; 2022, 28.072; 2023, 25.299; 2024, 29.290; 2025, 17.212.

Las muertes, de acuerdo con Medicina Legal, son por casos de homicidios, eventos de transporte, accidental y suicidio.

Para el caso de los homicidios, la administración Petro tiene varios saldos en rojo. En el 2022, se registraron 13.341 casos; 2023, 14.033; 2024, 13.917 y entre enero y julio del 2025 van 8.353 casos.

Dentro de los 8.353 casos de homicidio están los más de 90 integrantes de la Fuerza Pública asesinados entre enero y julio de este año en actos del servicio.

Para el capítulo de los integrantes de la Fuerza Pública asesinados, hay que señalar que, en comparación con el mismo periodo del 2024, se registró un incremento del 149 % en los casos.

Entre enero y julio del 2024, fueron asesinados 39 integrantes de la Fuerza Pública, frente a 97 en el 2025, lo que representa un incremento del 149 %.

Masacre en el Guaviare

Uno de los casos graves de homicidios que llegó a Medicina Legal referente fue la masacre de siete militares en el Guaviare por cuenta de las disidencias de las FARC de alias Calarcá, que hacen parte del proyecto de paz total del Gobierno Petro.

Un contingente militar fue emboscado por hombres de Calarcá, quienes sin piedad dispararon contra los militares, acabando con la vida de siete uniformados.

Luego de la masacre en Guaviare, el Ejército removió de sus cargos a varios oficiales, entre ellos el comandante de la brigada 22, el jefe de Estado Mayor, el oficial de operaciones y el comandante del batallón, Joaquín París, y otro oficial.