La UNP pide ser reconocida como víctima en proceso contra la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz

En medio de la instalación de la audiencia en la cual se presentará el escrito de acusación contra la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, la apoderada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pidió ser víctima dentro del proceso penal.

Esto al señalar que, tanto en la imputación de cargos, como en la acusación contra la exfuncionaria, se menciona varias veces que se utilizaron los vehículos blindados de la entidad para cometer actos ilegales.

La apoderada de la UNP aseguró que estas camionetas le fueron otorgadas desde 2019 a Sandra Ortiz, como servidora pública, para garantizar su seguridad y facilitar sus movimientos en el territorio nacional.

Igualmente, señaló que a Sandra Ortiz se le otorgaron “dos hombres de protección, un vehículo blindado y un chaleco blindado”. Sin embargo, teniendo en cuenta lo señalado por la Fiscalía, la funcionaria les habría dado un uso indebido tanto a la camioneta como a sus escoltas.

“Se tiene la utilización indebida del vehículo asignado por la UNP a la multicitada ciudadana”, enfatizó la abogada de la UNP. “El esquema de protección asignado era con el único fin de salvaguardar la vida y la integridad personal de la misma, y no para una presunta comisión de delitos que según se tiene, al parecer, en dicho dinero se transportaron dineros de origen irregular”.

En su solicitud, se señaló que la información sobre esta actividad irregular viene de la Fiscalía General puesto que, para el momento de los hechos, no se pudo establecer el uso indebido del esquema de seguridad de Sandra Ortiz.

“La UNP puede aseverar que la buena fe desplegada por la entidad se ha visto lacerada”, aclaró la abogada.

Para la Fiscalía General, en octubre de 2023, Sandra Ortiz orquestó un plan dirigido a enviar millonarios sobornos a dirigentes políticos con el único fin de lograr la aprobación de las reformas.

En este sentido, se indica que en las camionetas blindadas se habrían transportado los tres mil millones de pesos con destino al entonces presidente del Senado, Iván Name.

Como lo indicó Sneyder Pinilla, el exsubdirector de riesgo de la UNGRD y el primer condenado por estos hechos de corrupción, en las camionetas del esquema de seguridad de Sandra Ortiz él mismo montó las maletas con dinero y se dirigió rumbo al apartamento de Name, ubicado en cercanías al centro comercial Unicentro, en el nororiente de Bogotá.

Igualmente, en la audiencia celebrada este jueves, la UNGRD, comunidades indígenas de La Guajira y la Contraloría General le pidieron a la jueza octava especializada de Bogotá ser reconocidas como víctimas.

Sandra Ortiz será acusada por los delitos de tráfico de influencias en servidor público y lavado de activos.