La nueva guerra que sacude a Buenaventura: traiciones, llegada de otros grupos armados y asesinatos: dicen que Petro los abandonó a su suerte

La nueva escalada violenta en Buenaventura, que ya deja 50 asesinatos este año, la mayoría de ellos jóvenes, no solo corresponde a una tregua fallida entre Shottas y Espartanos, las principales estructuras delictivas de esa ciudad, sino a una reorganización del crimen que involucra a otros grupos, como las disidencias de las Farc Jaime Martínez, el ELN y el Clan del Golfo. Ese coctel del mal tiene ahora confinados a más de 430.000 habitantes, comercio, universidad y colegios paralizados, y un desconsuelo generalizado en este municipio fantasma.

SEMANA recorrió las calles de Buenaventura y conoció al detalle lo que está pasando en sus barrios y comunas. Shottas y Espartanos ya no tienen el control criminal total. Ambos grupos salieron debilitados del experimento de la mesa sociojurídica con la que el Gobierno de Gustavo Petro les dibujó la ilusión de una posible negociación que terminaría con el perdón completo de todos sus delitos.

Mientras Shottas y Espartanos estuvieron en negociaciones, los asesinatos en Buenaventura disminuyeron considerablemente, pero las extorsiones y el narcotráfico se mantuvieron sin tregua. En esa ciudad, hasta los vendedores ambulantes deben pagar el impuesto ilegal a estas estructuras. Sin embargo, en el corazón de las barriadas creció un nuevo grupo: los Chiquillos.

Alias Robert, antiguo lugarteniente de los Shottas, se separó de las negociaciones y fundó los Chiquillos. El número de integrantes creció rápidamente. “A los jóvenes en los barrios les pagan 500.000 pesos, les dan un arma y ya con eso ellos se sienten poderosos”, señaló un líder social de Buenaventura. Con la llegada de esta nueva estructura, el panorama criminal experimentó un revolcón: tanto Shottas como Espartanos quisieron demostrar que aún tienen el control con asesinatos, comunicados y tiroteos esporádicos.

Entre enero y febrero de 2025, todo estalló. Los Chiquillos, financiados por el Clan del Golfo, que pretende entrar a Buenaventura por el Bajo San Juan chocoano, asesinaron a varios cabecillas de ambas bandas. El miedo se apoderó de las calles. “Empezaron a circular comunicados de que iban a matar a aquel que estuviera en la calle después de las siete de la noche. Al principio nadie creyó, pero, cuando empezaron a matar gente inocente, todo el mundo acató”, le contó a SEMANA un habitante de la comuna 12, uno de los sectores más afectados.

Pero el punto de mayor ebullición llegó cuando hace cuatro semanas sicarios asesinaron al hijo de alias Robert, quien, aún privado de la libertad, vaticinó desde la cárcel de Buenaventura lo que finalmente terminó ocurriendo: “No me importa nada. Si tiene que morir gente inocente, pues que muera”, dijo este hombre en medio de una videollamada en el entierro de su hijo. En el video, que circuló en redes sociales y tienen en su poder las autoridades, se lanzan una serie de amenazas.

Posteriormente, hubo asesinatos en los barrios Los Pinos, Progreso, Juan XXIII y la comuna 12. El florero de Llorente se quebró, y Buenaventura pasó de una propuesta de paz total a una guerra total. Ahora el conflicto es todos contra todos, y en medio de esa violencia sin piedad están los ciudadanos, como el joven futbolista Vladimir Bravo, quien salió de su casa a las ocho de la noche el pasado fin de semana a comprar salchipapa y fue asesinado.

Pescar en mar revuelto

Mientras esto ocurre en la zona urbana, el Clan del Golfo y el ELN, que tienen presencia en el área urbana del norte de Buenaventura, parecen haber encontrado la puerta para finalmente llegar a las calles de la ciudad. “El plan de ellos, como el de la disidencia Jaime Martínez y carteles mexicanos, que están en el sur en los límites con Cauca, es financiar con armas a estas estructuras en guerra. Con eso ya empiezan a tener control también en la ciudad. No se descarta que aparezcan nuevos grupos en varias comunas”, señaló un alto oficial de la Policía.

Hoy Buenaventura es la joya de la corona que todos quieren y no tiene un dueño absoluto, por lo que varios actores criminales buscarán quedarse con ella. Por esta ciudad es donde se despacha el mayor porcentaje de cocaína hacia Centro y Suramérica. Los barrios de bajamar son las autopistas de salida diaria de decenas de semisumergibles cargados de droga.

Entretanto, la ciudad parece navegar sin rumbo. La alcaldesa, Ligia del Carmen Córdoba, ha sido duramente cuestionada por su supuesta inoperancia para mantener el orden. Incluso, poco se ha pronunciado públicamente sobre esta escalada violenta. SEMANA le escribió a ella y a su secretaria de Gobierno, Lilian Vivas, pero ninguna respondió.

“Tibieza del Gobierno”

El padre Jhon Reina, quien ha acompañado procesos sociales en Buenaventura, denunció la tibieza del Gobierno nacional frente a la crisis. Recordó el paro cívico de 2017, cuando exigieron atención real al territorio, no únicamente como enclave económico, sino como un lugar habitado por personas con esperanzas. Destacó que la violencia no solo se manifiesta en homicidios, sino en extorsiones, desapariciones y control territorial por grupos armados. “Las comunidades no confían en la justicia estatal. Muchos prefieren acudir a los grupos ilegales para resolver conflictos”.

Sobre las posibles soluciones, Reina sostuvo que “la militarización y los diálogos son necesarios pero insuficientes sin inversión social”. Criticó la lentitud burocrática: “Llevamos años esperando proyectos que no se ejecutan por tramitología”. Finalmente, exigió la presencia de ministros y del presidente Gustavo Petro en el territorio para tomar acciones concretas.

Por su parte, Leonard Rentería, reconocido líder social de Buenaventura, dijo que la población vive entre tres opciones: encierro, desplazamiento o riesgo constante. Relató que muchos jóvenes han huido a otros países, mientras otros caen en redes de grupos armados por falta de oportunidades.

“Tristemente, las opciones son pocas: encerrarse en casa, salir asumiendo el riesgo o desplazarse. La mayoría opta por el confinamiento, evitando salir después de las siete de la noche por medidas de autoprotección. La desinformación empeora la situación: circulan rumores sobre amenazas de las bandas, lo que aumenta el temor. Otra alternativa, que se ha vuelto común desde 2021, es el desplazamiento forzado.

Muchos jóvenes han huido a países como Estados Unidos, Canadá o Chile, o a otras ciudades de Colombia. Hay casos dramáticos, como el de una mujer que, pese a tener su casa aquí, prefirió irse a Cali con su hijo antes de arriesgarse a ser la próxima víctima. Quienes trabajamos debemos salir, pero es una exposición constante al peligro. A diferencia de 2021, aunque hay protestas en redes sociales, nadie se atreve a convocar manifestaciones masivas por miedo a represalias”.

Sobre esto último, es tanto el nivel de amedrentamiento en Buenaventura que los Shottas anunciaron que quienes convocaran o salieran a marchar serían declarados objetivos militares.

“Lo más doloroso es que los jóvenes tengan más oportunidades en la guerra que en la legalidad. Los actores institucionales han fallado en ofrecer alternativas, mientras los grupos armados ilegales seducen con dinero fácil. Es triste que el Estado no llegue, pero la ilegalidad sí. Eso es lo más lamentable”.

Otras voces, como Jorge Sinisterra, edil de la localidad uno, hacen un llamado al Gobierno nacional para reactivar la mesa sociojurídica y frenar la violencia. “Buenaventura es un territorio de paz, pero estamos viendo cómo la violencia nos está afectando. No queremos que nos vean como una ciudad del miedo”. Además, destacó la necesidad de inversión social y empleo para contrarrestar el caos: “Una ciudad sin oportunidades no puede avanzar. El Gobierno debe comprometerse con Buenaventura”.

Este puerto asiste a otro capítulo de una violencia reciclada que se activa cada tanto para llevarse por delante las vidas de jóvenes y sumir en la desesperanza a una población históricamente golpeada.