La mala hora de Aguachica: así se desangra un pueblo en medio de la guerra por la ilegalidad

El domingo, 30 de diciembre de 2024, día que asesinaron a la familia pastoral Lora Rincón en Aguachica, sur del Cesar, algo se rompió. No fue una masacre más como las que a diario ocurren en Colombia, sino que fue la antesala de una escalada violenta que hasta la fecha tiene sumida en el terror a la población.

De la paz prometida por el Gobierno de Gustavo Petro no hay nada y mucho menos de los anuncios de seguridad tras el asesinato de la familia evangélica que quedó, por equivocación, en medio de una pugna entre supuestos narcotraficantes.

Todo quedó en consejos de seguridad, documentos, pero la realidad es una, y es cruel: la ilegalidad reina en el sur del Cesar con la minería ilegal, el narcotráfico, los enfrentamientos armados y el miedo de la gente.

“La orden del Clan del Golfo es clara y es poder expandirse por todo el sur del Cesar, donde las disidencias y el ELN han tenido el poder de las economías ilegales. Es un tema muy complejo porque en estos momentos el que tiene mayor poder es el Clan”, dijo una fuente de una de las agencias de inteligencia del Estado.

En medio de las labores de inteligencia se ha podido establecer que no solo serían los ilegales los que han estado generando el caos en el sur del Cesar sino también los integrantes de la fuerza pública.

“Hay unos presuntos nexos que se están indagando para poder determinar cuáles son esas alianzas y cuál es el rol de los funcionarios en estos hechos violentos e intimidatorios en contra de las comunidades campesinas que se dedican a actividades agrícolas”, agregó.

Nelson Arévalo, defensor de Derechos Humanos, sin tapujo contó en SEMANA la cruda realidad que viven en el territorio por cuenta de una guerra sin precedentes entre varios grupos armados ilegales.

“La masacre fue un punto de quiebre”, advirtió Arévalo, quien ha documentado el conflicto en esta región durante años. “Aquí hay una confrontación directa entre el ELN y las disidencias de las Farc, pero también están regresando las autodefensas. Se están moviendo desde el sur de Bolívar, desde San Alberto y San Martín. Están cruzando el río Magdalena y entrando sin resistencia”.

Según Arévalo, la ubicación de Aguachica —vecina del Catatumbo, conectada con rutas de narcotráfico, minería e hidrocarburos— ha convertido al municipio en un objetivo estratégico. “Esta es una zona de tránsito y de renta ilegal. Por eso el conflicto no cesa. La masacre de los pastores visibilizó lo que ya venía ocurriendo: el reacomodo violento de estructuras armadas”.

Dice con vehemencia que desde la masacre lo único cierto es que la violencia se desató de una manera que la institucionalidad (fuerza pública) no ha podido con ella.

“Desde ese momento, los homicidios, las intimidaciones y el control armado de vías rurales se multiplicaron. La respuesta del Estado fue inmediata… en los micrófonos. Nos prometieron seguridad, más presencia institucional, contingentes, fue puro teatro. En el territorio seguimos solos. Aquí, en las veredas y las trochas, no hay nadie que proteja a la gente”, lamenta el defensor.

Esa misma sensación de desamparo se respira en las calles del Aguachica. Una ciudadana que aceptó hablar con este medio bajo reserva de su identidad, entregó un testimonio estremecedor sobre lo que se vive a diario.

“Esto es una guerra de territorios por el narcotráfico. Aguachica se volvió una zona clave y aquí se han fortalecido todos los grupos: de izquierda, de derecha, bandas de hidrocarburos. Hay extorsión, amenazas, muerte”, asegura.

La mujer relata un caso reciente que parece sacado de una pesadilla, pero que aún tiene a la población consternada.

“El fin de semana iban a matar a un señor. Pero terminaron asesinando también a su esposa, que tenía nueve meses de embarazo, y al suegro. A ese nivel estamos, pero aquí nada pasa”, agrega.

De igual manera, contó, reiterando una y otra vez que le protegiéramos la identidad, sobre las extorsiones desbordadas en los comercios de este municipio.

“Los militares que se vieron patrullando en Aguachica en los días que mataron a los pastores y a sus hijos solo fueron para las fotos porque no se han visto más. Esto acá es como tierra de los bandidos y uno que trabaja diariamente debe andar como un delincuente, es decir, esto acá está al revés”, indica.

SEMANA pudo establecer que los grupos armados ilegales contactan a los comerciantes luego de haberles realizado un previo estudio y les exigen gruesas sumas de dinero, pero la mayoría de personas no denuncian por temor a ser asesinados.

“Lo difícil de las personas que trabajan en el sector comercio es que denuncien porque prefieren pagar o en su defecto cerrar los establecimientos, pero ven como última opción ir ante la Policía o el Ejército Nacional. No confían por todo lo que se ha visto acá en el municipio”, dijo un habitante de esta zona.

Y la violencia ya no solo está dirigida a la población civil. “Hace varios días ocurrió un enfrentamiento en un barrio del suroriental del municipio. La Policía identificó a dos muchachos sospechosos en una moto. Intentaron detenerlos y ellos respondieron a tiros. Uno de los jóvenes murió. Dicen que ese fue el primer ataque del plan pistola del Clan del Golfo contra la Policía aquí”.

El Estado reaccionó tarde y mal. “Hace mes y medio cambiaron todo el pie de fuerza. Trajeron como 30 policías nuevos, la mayoría mujeres, pero la violencia sigue igual. Aquí no hay estrategia. Solo medidas reactivas”, sostiene.

Pero lo que más impacta en su testimonio no son los hechos puntuales, sino el ambiente generalizado de muerte que pesa sobre Aguachica.

“Desde la muerte del alcalde por leucemia, luego la masacre de los pastores, sentimos que cayó una sombra sobre el pueblo. La gente lo dice así: hay una penumbra. Un fin de semana pueden morir ocho personas. Algunas en accidentes, otras por violencia. Pero son muertes y más muertes. Nadie hace nada”, asegura.

La joven recuerda otro hecho que apenas circuló en medios locales: una niña de 12 años, asesinada por una bala perdida mientras comía en un puesto de comidas en una calle de Aguachica.

“Eso no fue noticia nacional. Pero aquí fue devastador. A veces uno piensa que lo de los pastores fue lo peor, pero después matan a una mujer embarazada, a punto de dar a luz. ¿Qué puede ser más atroz que eso?”, dice asombrada.

En Aguachica, la guerra no la hacen tan pública por medio de comunicados, pero se siente y se ve cuando patrullan motos sin distintivos o cuando sus habitantes quedan en medio de las intensas balaceras. Hay quienes prefieren tener un silencio sepulcral y seguir viviendo el horror de la guerra, pero también ver cómo el viento se lleva las promesas que una y otra vez el Estado les hizo.

Y mientras tanto, las familias lloran a sus seres queridos y las autoridades siguen llenando los registros con los escandalosos números de asesinatos.

SEMANA buscó a la Policía del departamento de Cesar para conocer de primera mano lo que estaban haciendo para contrarrestar estos graves hechos, pero no fue posible obtener las respuestas por parte del Oficina de Comunicaciones Estratégicas, pues aseguraron que el comandante encargado tenía una agenda bastante apretada.