La ‘jugadita’ en un preacuerdo de la Fiscalía, que frenó un juez en La Guajira, en caso de presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación intentó legalizar ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, un preacuerdo con el contratista Ángelo Andrés Ucros Ospino, en medio de un proceso penal que le llevan por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Sin embargo, el juez Cristián Camilo López Pontón se opuso asegurando que no cumplían con los requisitos legales, pues proponían que el acusado no fuera juzgado como autor, sino como cómplice, lo que hacía que su pena fuera a 66 meses de prisión.

Asimismo, el juez sostuvo que con este preacuerdo, no solamente se desconocían presupuestos del derecho penal sustancial, sino los derechos de la víctima reconocidos por la Constitución en un detrimento patrimonial que asciende a más de 300 millones de pesos en las arcas del municipio de Barrancas, La Guajira, por la celebración, ejecución y pago de un contrato de cooperación técnica para instalar un aula de informática y desarrollar programas comunitarios, en el que Ucros Ospino participó como director de la entidad contratante Fondeba.

“El acuerdo omitía un requisito esencial previsto en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, consistente en la obligación de reintegrar al menos el 50 % del incremento patrimonial ilícito y garantizar el pago del saldo restante como condición previa para acceder a beneficios punitivos”, dijo el juez.

Al mismo tiempo, indicó que: “La decisión acogió además lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SP1901-2024, que reafirma que los preacuerdos deben garantizar la reparación a la víctima y evitar que se envíe el mensaje de que la comisión de delitos contra la administración pública puede resultar beneficiosa”.

En el acta de la diligencia conocida por SEMANA, se logra leer en el apartado que resuelve la decisión del togado:

“Improbar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado Ángelo Andrés Ucros Ospino, puesto a consideración a este despacho, dentro del proceso adelantado por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, no se aprueba la negociación y no habrá de emitir una sentencia condenatoria con base a dicho preacuerdo”, sostiene López.

Este caso es llevado por Katherine del Carmen Sierra Meza, Fiscal 4 Seccional de la Unidad de Administración Pública.