INVESTIGACIÓN
La historia oculta del secuestro de los 57 militares en Cauca: estos fueron quienes dieron la orden
SEMANA revela los alias, nombres y rostros de quienes ordenaron el secuestro de los 57 militares en el cañón del Micay, en el sur del Cauca. No es la primera vez que lo hacen.
El secuestro de los 57 integrantes del Ejército Nacional en El Plateado el pasado fin de semana no fue un hecho fortuito, sino una estrategia perfectamente desarrollada y empleada con más frecuencia por las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. SEMANA conoció los perfiles de los líderes disidentes responsables de los plagios de militares, escudados en una supuesta motivación de la comunidad.
Este medio obtuvo en exclusiva los detalles de lo que hay detrás de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y los rostros de quienes entregan las órdenes a las comunidades para atacar a la fuerza pública, pero también cómo obligan a los niños a cursar entrenamientos subversivos. Esta es la historia desconocida detrás del cerco, la asonada y el rescate de la operación Justicia.
El sábado 21 de junio, uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4 desarrollaron una operación milimétrica en El Plateado, municipio de Argelia, en el Cauca, y capturaron a alias Gugu, un joven de 19 años, pero con un poder enorme en la zona. Es, según la inteligencia militar, el principal reclutador de menores de las disidencias en el Cauca.
“Gugu se convirtió en una pieza clave para la expansión operativa de ese grupo. Tenía la orden clara de los cabecillas de las disidencias de reclutar al menos 50 niños y adolescentes por semana, especialmente en zonas rurales y escuelas abandonadas, para trasladarlos al corregimiento de Huisitó, donde inician su adoctrinamiento violento en una llamada escuela campamentaria”, detalló una fuente de la inteligencia militar en conversación con SEMANA.
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Ánderson Vargas, alias Kevin, cabecilla principal de esta estructura, es quien entrega estas órdenes del terror, mientras que alias Negro Yéferson ejecuta los pedidos.
Este sujeto dirige el entrenamiento de combate, especialmente en la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI), con los que han perpetrado atentados como el carro bomba en Palmira o la volqueta bomba en El Estrecho, Cauca. De acuerdo con lo conocido por SEMANA, el proceso criminal se divide en dos fases.
Primero, captan a los menores de edad mediante engaños o presión en sus propias comunidades, que están bajo las amenazas y, en muchos casos, multas de los ilegales. Posteriormente, los llevan hasta Huisitó, donde son entrenados en armas de todo tipo, manejo de explosivos y hasta cómo emboscar a las Fuerzas Militares.
“La mayoría de los ataques terroristas de los últimos dos meses en el suroccidente colombiano han sido ejecutados por menores de edad”, confirmó un oficial de inteligencia.
La asonada
La asonada se desató tras la captura de alias Gugu, quien ya tenía entrenada a la comunidad en caso de que la fuerza pública realizara alguna operación en contra de las disidencias. Dice la Inteligencia de las Fuerzas Militares que este sujeto fue el cerebro principal de este hecho.
Un grupo cercano a los 200 integrantes de la comunidad rodeó a los militares en el polideportivo del corregimiento La Hacienda, en El Tambo. Lo que al comienzo parecía una manifestación espontánea se transformó en una operación de coerción bien calculada.
“Lo que vimos fue una reducción progresiva del grupo de civiles de 400 a 200 personas, lo que evidencia una manipulación selectiva de la estructura armada de la Carlos Patiño.
Aunque aún tienen poder sobre la comunidad, esta se está cansando porque están frenando el desarrollo”, agregó el oficial. El secuestro de los integrantes de la fuerza pública se dio en la primera fase con la retención de 31 militares.
El domingo 22 de junio, sobre el mediodía, fue llevado contra su voluntad el segundo pelotón, lo que completó los 57 uniformados. En la zona no les dieron garantías a los organismos humanitarios, como la ONU o la Defensoría del Pueblo, para que llegaran al territorio y mediaran en esta liberación, pues ya tenían un plan letal listo contra los militares.
La ruta del horror
Según Inteligencia, las señales interceptadas dan cuenta de que alias Kevin, Zamora (Jhon Alexánder Jiménez Marín) y Giovanny dieron la orden de llevar a los militares secuestrados hacia Popayán, pero sus intenciones eran otras.
“Ellos querían hacer creer que a los militares solo se los iban a llevar para Popayán, pero el plan real era desviarlos por una zona boscosa en Huisitó porque querían meterlos en un área preparada para atacarlos o asesinarlos”, reveló una fuente militar.
La información obtenida por los organismos de Inteligencia del Estado era alarmante. Con esa masacre de militares pretendían enviar un duro mensaje al Gobierno nacional. Ante esto, los altos mandos de las Fuerzas Militares decidieron poner en marcha la denominada operación Justicia para liberar a los hombres retenidos.
En la operación, en la que no hubo un solo disparo, participaron 450 hombres altamente entrenados, incluyendo 37 funcionarios del CTI y 171 miembros de la Policía Nacional. La maniobra fue liderada por el coronel Jhon Edwin Solarte Asmaza, comandante del Gaula Militar Cauca. Para el despliegue utilizaron tres helicópteros, entre ellos uno Arpía, así como 40 vehículos terrestres.
“Fue una maniobra de precisión, inteligencia y audacia. Debimos ser muy rápidos porque estaban en juego nuestras vidas y las de nuestros compañeros”, le dijo uno de los uniformados a SEMANA.
En ese momento fueron capturadas más de 20 personas, incluidos varios menores de edad, pero quedaron en libertad al ser conducidas ante la Fiscalía General de la Nación, pues no había elementos suficientes para ser presentadas ante un juez con funciones de control de garantías.
Tras estos graves casos de orden público, se conoció una carta abierta de las comunidades campesinas y afrodescendientes del municipio de El Tambo, Cauca, quienes aseguraron que están cansados de estos hechos violentos y del olvido del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Rechazamos de manera categórica todas las manifestaciones violentas y contrarias a la ley, así como las vías de hecho de las cuales venimos siendo víctimas de manera continua, sistemática e intimidatoria”, dice el documento. Señalaron que las amenazas son constantes por parte de esta estructura ilegal, que les impone multas de hasta 500.000 pesos si no salen a apoyar las asonadas contra la fuerza pública.
“Nos obligan a seguir órdenes que no compartimos, pero que debemos acatar debido al temor de que sucedan homicidios, masacres, secuestros, desplazamiento o usurpación de las tierras que hemos trabajado y cultivado por décadas”, precisaron.
Además, hicieron un llamado al Gobierno Petro para que no los olvide y les cumpla cada una de las cosas que les prometió antes de llegar a la presidencia.
“Hacemos un llamado para que el Gobierno nacional y la opinión pública no desatiendan esta denuncia. No queremos volver al pasado en donde debíamos obedecer al pie de la letra humillaciones y órdenes de hombres armados y en actitudes intimidantes”, señalaron.
El horror de la guerra sigue azotando el departamento del Cauca, pero, al parecer, todo queda en anuncios para las personas que residen en esta región de Colombia.
