Nación
La historia del secuestro del empresario Gonzalo Arenas en Cúcuta; su familia está desesperada y denuncia negligencia del Gobierno
Jessica Ramírez, esposa del empresario del sector minero, habló en SEMANA y contó detalles del secuestro registrado el pasado 2 de mayo.
La angustia y el silencio siguen rodeando el caso del empresario Gonzalo Enrique Arenas Paredes, secuestrado el pasado 2 de mayo en la zona rural de San Faustino, corregimiento de Cúcuta, cuando se encontraba visitando unas minas de carbón y plantas de coque metalúrgico acompañado de su padre, Gonzalo Arenas Hernández.
Arenas Paredes, reconocido empresario del sector minero, viajó desde Bogotá, donde reside con su esposa Jessica Ramírez y su hija de dos años, con el propósito de cerrar negocios relacionados con carbón y coque metalúrgico.
La familia, oriunda de Norte de Santander, mantenía inversiones en la región, algunas de las cuales ya habían sido objeto de presuntas estafas.
La visita, sin embargo, terminó en tragedia. Según el relato del padre de la víctima, un grupo armado interceptó la camioneta en la que se movilizaban por la vía entre San Faustino.
Un camión atravesado en la carretera obligó al vehículo a detenerse, momento en el que al menos diez hombres fuertemente armados aparecieron y ejecutaron el secuestro.
Un presunto grupo criminal habría conducido a las víctimas por trochas hasta territorio venezolano, cruzando incluso riachuelos y zonas fronterizas no oficiales.
El padre del empresario fue liberado horas después, junto con otras dos personas con las que iban a hacer el negocio, mientras Gonzalo Enrique fue retenido. Los secuestradores exigieron un rescate de 10.000 millones de pesos por su liberación.
La denuncia fue elevada por la familia ante el GAULA Militar y luego remitida al GAULA Policía, pero, según Jessica Ramírez, el caso ha estado marcado por negligencia, lentitud y supuesta manipulación de la información oficial.
La denuncia inicial, afirman, fue modificada para ubicar el secuestro en territorio venezolano, lo cual dificultó la activación de acciones inmediatas de rescate por parte de las autoridades colombianas.
“Desde el principio el caso ha sido manipulado. Nos dijeron que debíamos decir que fue en Venezuela para que lo tomaran en serio, pero luego usaron eso para decir que no podían intervenir. Todo ha sido lento, evasivo”, denunció Jessica Ramírez en entrevista con SEMANA.
El nombre del presunto responsable intelectual del secuestro —un empresario de la región con antecedentes sospechosos y quien habría ganado la confianza de Arenas para luego entregarlo a una banda criminal— ya es conocido por las autoridades y está incluido en la investigación. No obstante, según la familia, la persona continúa libre y sin restricciones judiciales.
La desesperación crece entre sus seres queridos. A pesar de múltiples esfuerzos ante las fuerzas de seguridad, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el ministerio de Defensa, aún no se ha logrado establecer contacto directo con Gonzalo Enrique ni obtener pruebas fehacientes de supervivencia.
Ante la falta de ayudas, Ramírez hace un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome acciones efectivas y no permita que este caso quede en el olvido:
“Mi esposo sufre de hipertensión, su vida está en riesgo. Somos una familia normal, con una hija pequeña. No entendemos cómo una persona del sector pudo haberlo entregado como si nada. Queremos que vuelva con vida. El país no puede seguir permitiendo que los empresarios que trabajan legalmente terminen siendo secuestrados y abandonados por el Estado”.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni la Cancillería han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso pese a que conocen el hecho. La familia insiste en que se está dejando avanzar un patrón de impunidad y desprotección, particularmente en las zonas fronterizas.
