La historia de los bienes “ocultos” que dejó alias El Mexicano, el extinto capo del Cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar

Las propiedades que estaban a nombre de Francisco Javier Piedrahita y que fueron adquiridas, presuntamente, con las ganancias del narcotráfico, en la temporada de mayor auge para el Cartel de Medellín, estaban ocultas del radar de las autoridades.

Tres décadas después, la Fiscalía logró identificar las propiedades que estaban pendientes de ocupar. Más de 28 bienes avaluados en casi 20.000 millones de pesos y que el señalado testaferro de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quiso mantener ocultas. Ahora están en poder del Estado.

“Bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con recursos producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales, que figuraban a nombre de personas distintas a los verdaderos propietarios para intentar ocultar su origen ilícito fueron detectados en un rastreo financiero, económico y patrimonial realizado por la Fiscalía General de la Nación”, dijo el ente acusador.

Según la Fiscalía, gracias a los elementos materiales probatorios recopilados, fue posible establecer que los 28 inmuebles, rurales y urbanos, además de una sociedad comercial, superan los 19.500 millones de pesos y el dueño real, sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano.

“Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre las propiedades medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, toma de posesión material y suspensión de registros públicos, con el fin protegerlos y evitar su circulación en el mercado mientras avanza el proceso”, advirtió la Fiscalía.

La investigación permitió establecer que Francisco Javier Piedrahita, logró conformar sociedades para darle apariencia de legalidad a los recursos que, al parecer, heredó de alias El Mexicano y que convirtió en casas, apartamentos, fincas y vehículos de lujo, en varios departamentos del país.

“En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos”, señalaron los investigadores.

Los activos fueron ocupados en diligencias realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, (CTI) en San Onofre, Tolú y Sincelejo, en Sucre, y Montería, en Córdoba.