Judicial
La historia de la mujer que se hizo pasar como funcionaria para realizar estafas en remates judiciales
La investigación de la Fiscalía General reveló que Patricia Lizarazo Cordero se apropió de 450 millones de pesos.
Durante ocho años, Adriana Patricia Lizarazo Cordero utilizó sus buenos modales, apariencia física y habilidad para relacionarse con el fin de estafar a un centenar de incautos que cayeron en sus ofrecimientos de remates judiciales de inmuebles y carros de alta gama a bajo precio.
La mujer se presentaba como funcionaria de diferentes entidades públicas, entre las que se destacan la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Dian, entre otras, para ganarse la confianza de las personas a las que lograba convencer de que le pasaran dinero para favorecerlas con estos remates judiciales.
Asegurándoles que tenía todos los contactos para lograr los mejores remates a bajos precios, convenció a vecinos, amigos y recomendados para que invirtieran sus ahorros con el fin de participar en estos remates que solamente existían en la cabeza de la mujer.
Tras recibir las consignaciones, se esfumaba, bloqueando su teléfono celular. Cuando los inversores iban a las entidades en las que supuestamente laboraba Lizarazo Cordero, se llevaban la sorpresa de que nadie la conocía ni había oído hablar de ella.
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En contra de la mujer existen ocho denuncias que relatan el mismo modus operandi de estafa. Según la Fiscalía General, la mujer ejecutó estas acciones criminales entre los años 2016 y 2024.
Las pruebas recolectadas permitieron establecer que Lizarazo Cordero inicialmente enviaban letras de cambios, contratos comerciales, entre otros documentos que daban apariencia de legalidad a la negociación. Posteriormente, las personas eran inducidas a transferir el dinero para la supuesta compra de unos pines que les permitirían participar en los remates, pero finalmente no recibían ni los bienes ni los recursos entregados.
En total, la mujer se habría apropiado de una cifra cercana a los 450 millones de pesos. Con esta evidencia, una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó —en contumacia— los delitos de estafa agravada y abuso de confianza.
Por considerar que representaba un peligro para la sociedad y podría seguir ejecutando las estafas en otras regiones del país, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y ordenó su captura.
Adriana Patricia Lizarazo Cordero fue detenida en las últimas horas, en el municipio de Susa, Cundinamarca, por agentes de la Policía Nacional.
