Nación
La historia de la fallida llegada a Colombia de los siete indígenas detenidos por minería ilegal en Venezuela
Los colombianos fueron liberados y trasladados hasta la frontera, pero su proceso de deportación no se concretó por un error de trámite de las autoridades.
Venezuela liberó a los siete indígenas colombianos que habían sido detenidos en la madrugada del 30 de enero, señalados de dedicarse a la minería ilegal. Sin embargo, ellos no pudieron regresar al país, pese al operativo que se dispuso en la frontera durante la tarde del miércoles (18 de febrero) alistando todo para su ingreso al territorio nacional.
La noticia de la liberación llegó en la mañana, cuando los familiares fueron notificados sobre su liberación y posterior deportación a Colombia a través de la frontera, en la zona que limita con Puerto Carreño. La primera llamada se dio a las 7:30 de la mañana y desde entonces el día pasó entre intercambios de mensajes y conversaciones grupales para obtener noticias de ellos.
El grupo integrado por Francened Cortés, Ferney Gaitán, Reinel Pérez, Óscar González, Éver Velásquez y María y Yurani Acosta fue entregado por el Sebin —la policía del régimen de Nicolás Maduro— a las autoridades migratorias venezolanas que se encargarían de trasladarlos hasta un río de la frontera, para presentarlos ante Migración Colombia.
Entonces, los allegados a los colombianos detenidos acordaron mantener reserva de la información hasta que estos estuvieran en suelo colombiano, en medio del temor de que pisar territorio venezolano, aún en condiciones de libertad, no era garantía de su pronto regreso a casa.
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Desde este costado de la frontera los familiares organizaron las cédulas de los connacionales para alistar sus reseñas y estuvieron en comunicación con la Embajada en Caracas y las autoridades consulares a la espera de un mensaje de aliento que les confirmara que ellos ya estaban a unos metros de la frontera.
El acuerdo diplomático entre Colombia y Venezuela fue hacer la entrega en Puerto Carreño, en el río Orinoco que delinea los límites entre ambos países. A las 11 de la mañana los connacionales llegaron al muelle del costado venezolano donde recibieron un almuerzo y una revisión médica: para llegar a casa solo necesitaban recorrer unos cuantos metros. Entonces, el proceso se complicó.
Colombia dispuso de agentes de Migración Colombia y guardacostas que esperaron a la orilla del río por una señal de las autoridades del régimen, ubicadas en el puerto conocido como El Burro, que les indicara que podían navegar hasta la mitad del afluente para recoger a estas personas.
Mientras en la frontera se alistaba el canje, a los hogares de esos siete indígenas llegó una noticia casi tan triste como su desaparición en esa madrugada de enero: “Se canceló la entrega”. Ese mensaje quedó en los buzones de los familiares a las 6:32 de la tarde y se necesitaron horas para que estos consiguieran una explicación de lo ocurrido.
Según relataron tres personas relacionadas con este proceso a SEMANA, faltó que una de las entidades implicadas en le proceso de deportación tramitara un documento que autorizaba a los oficiales en terreno a recibir a estas personas. Ellos quedaron en libertad en Venezuela, pero sin poder ingresar de manera regular a su casa en Colombia.
Los colombianos fueron detenidos hace tres semanas por cargos que los implicaban en el supuesto delito de minería ilegal. Sobre sus casos jamás existió una notificación formal por parte de la justicia venezolana y sus allegados se enteraron de ese expediente de cuenta de una publicación hecha en X por la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Sus allegados describieron el caso como una desaparición forzada porque las autoridades del régimen no les permitieron comunicarse con sus familias o abogados al momento de la reclusión, tampoco notificaron de forma inmediata a las autoridades consulares colombianas. Incluso, un abogado y una defensora de Derechos Humanos relacionados con el proceso le dijeron a SEMANA que estuvieron recorriendo puerta a puerta los centros de detención de Puerto Ayacucho sin conseguir información oficial de ellos: un uniformado es recomendó dejar de preguntar.
La Cancillería aseguró que, una vez tuvieron información sobre esta detención, el personal del Ministerio solicitó información sobre estas personas a través de canales diplomáticos. “De igual forma, el Consulado General en Caracas y el asesor jurídico en Puerto Ordaz están atentos a asistirlos, una vez las autoridades venezolanas autoricen la presencia de los funcionarios consulares en el sitio de detención”, detalló ese despacho en respuesta a un cuestionario enviado el 14 de febrero. Los siete colombianos serían deportados en la mañana de este jueves (20 de febrero).
