La historia de 80 investigaciones por falsos positivos en Valledupar que quedaron en “bolsas plásticas” de la Justicia Penal Militar

En 584 páginas quedaron consignadas las sanciones contra de doce militares que hicieron parte del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, con sede en Valledupar, quienes reconocieron haber participado en 135 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2003.

En el documento se revela cómo los cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales se aliaron con grupos paramilitares para retener a civiles ajenos a la confrontación armada, asesinarlos y presentarlos como bajas en combate.

“No fueron excesos individuales, sino que hicieron parte de un plan sistemático con lógica institucional de presentar falsas bajas en combate para engrosar la estadística de éxito militar y responder a las presiones de altos mandos”, advierte la sentencia.

Las principales víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales fueron campesinos, afrodescendientes e indígenas de los pueblos kankuamo y wiwa. “Fueron perseguidas, perfiladas, engañadas, detenidas, torturadas y ejecutadas por quienes tenían el deber de protegerlas”.

Aunque los militares entregaron información sobre la forma como se realizaron los falsos positivos con la “colaboración” del Bloque Norte de las AUC, la JEP consideró que hay un hecho que no se ha esclarecido y que se debe investigar a fondo.

Por eso, en el sexagésimo sexto punto del resuelve de la decisión, la Sección de Reconocimiento le pidió a la Fiscalía y la Procuraduría General investigar la presunta omisión en la que habrían incurrido tres jueces de la Justicia Penal Militar y un procurador delegado.

Esto, debido a que durante varios años, el despacho 21 de Instrucción Penal Militar habría omitido investigar las ejecuciones extrajudiciales reportadas en el sur del Cesar y el norte de La Guajira.

Un documento de esa jurisdicción indica claramente que el juez Carlos Darío Martínez Acosta habría dejado varios expedientes olvidados en una “bolsa plástica”, hecho por el cual jamás se adelantó una indagación de fondo.

Con la llegada de la jueza Heidi Johana Zuleta Gómez, como encargada, los expedientes volvieron a salir a la luz. Sin embargo, no se movieron, puesto que no se realizó la respectiva recopilación de pruebas documentales y testimoniales necesarias.

Pese a la gravedad de los hechos, la jueza Zuleta Gómez no les comunicó a las autoridades competentes para que adelantaran la respectiva indagación. En el caso del procurador delegado, se advierte que nunca hizo pronunciamiento alguno frente a las demoras de la investigación por las ejecuciones extrajudiciales.

“Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación a través de la secretaría judicial, para que se investigue la actuación y presunta responsabilidad penal y disciplinaria de: (i) Carlos Darío Martínez Acosta en su calidad de Juez 21 de Instrucción Penal Militar; (ii) Heidi Johana Zuleta Gómez, en su calidad de jueza encargada del Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar y Jueza 15 de Brigadas; (iii) Pedro Luis Toro Pedro Luis Toro Sierra, en su calidad de Procurador 227 Judicial Penal I”, señala el extenso fallo.

Dentro de la decisión emitida el pasado jueves 18 de septiembre se hacen menciones directas a las omisiones del citado despacho de Justicia Penal Militar. “Las diligencias de estos procesos al parecer fueron depositadas en una bolsa negra y solo fueron objeto de instrucción una vez Zuleta Gómez fue designada como encargada del referido despacho”.

Habrían sido 80 expedientes por ejecuciones extrajudiciales que jamás habrían tenido un avance en ese despacho. ”Estas diligencias, alrededor de 80, correspondían 63 a investigaciones por homicidio y el resto a otros delitos”, enfatiza la sentencia.

Teniendo en cuenta esta situación, la Sala advierte que fueron casi nulos los avances en dicha jurisdicción frente a las investigaciones frente a los hechos que se habrían ejecutado en el Batallón La Popa que era comandado por el coronel Publio Hernán Mejía, quien está a la espera que se emita un fallo en su contra.

“No existe información de que en los procesos de la Justicia Penal Militar se haya llamado a rendir testimonio a los comandantes del batallón o a los integrantes de su plana mayor”, precisó la Sala.

Esto llevó a que “las investigaciones se enfocaran en recopilar los testimonios de los comandantes de pelotón y los soldados profesionales que participaron en los hechos, con lo cual pudo haberse dejado de lado la exploración de hipótesis investigativas orientadas a dar con los responsables de los asesinatos y desapariciones”.