La escandalosa fotografía, con celular en mano y en la cárcel, deja al descubierto que el coronel Benjamín Núñez vive a sus anchas; es el principal implicado en el asesinato de tres jóvenes en Sucre

Desde el momento en que el coronel Benjamín Núñez se entregó a la justicia, impuso las condiciones de su proceso, su reclusión y hasta su aceptación de cargos. “Voy a contar la verdad, pero déjeme descansar”, dijo el oficial cuando le imputaron los delitos, que no aceptó, por el asesinato a sangre fría de tres jóvenes. Ahora, según las denuncias, Núñez deja claro quién manda en la cárcel.

El entonces comandante operativo de la Policía en Sucre, de acuerdo con las denuncias conocidas por SEMANA, defiende su rango tras las rejas. Sus compañeros de la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, aseguran que el oficial se comporta como un “cacique”. “Hasta los guardianes hacen lo que ordena, están atemorizados”, señalan las denuncias.

Núñez fue enviado a Picaleña por la gravedad de los delitos. Las conductas criminales exigían una reclusión con medidas especiales de seguridad. Sin embargo, lo ‘especial’ de las medidas, aparentemente, se entendió mal. El coronel quedó con celda privada, televisor, alimentación tipo gourmet, visitas vip y un celular que no se preocupa por esconder de la guardia.

Las denuncias que conoció SEMANA llegaron con una fotografía que confirmaría los privilegios y advertencias hechas a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). La imagen ubica, según esas denuncias, al coronel en su celda y en sus manos un celular que, de acuerdo con los documentos, usa todo el día en llamadas y conversaciones por WhatsApp.

Se trata de una fotografía reveladora. De acuerdo con las denuncias, el coronel Núñez, señalado asesino de los tres jóvenes en Sucre, disfruta de beneficios que, en teoría y bajo las condiciones donde se encuentra, resultan vergonzosos. Todo, mientras las víctimas esperan una llamada de la Fiscalía.

El oficial se sienta plácido en su cama y revisa su celular sin la prevención de quien está cometiendo una imprudencia o un acto descarado. No hay duda. En su mano está el aparato, y el coronel Núñez, concentrado, lo mira, ni siquiera se da cuenta de que su comportamiento es objeto de veeduría y exposición.

“Hace lo que desea en el patio, incluso recibe otra clase de alimentación, ya que el propio director del penal fue en compañía del señor Núñez para que le den comida especial. Los demás internos reciben una alimentación pésima. El cuerpo de vigilancia prácticamente hace lo que diga el señor Núñez, pues cuenta con el respaldo del director”, relata la denuncia conocida por SEMANA.

Al parecer los beneficios y lujos del coronel Núñez no fueron lo único que motivaron las denuncias o su imagen con el celular en la mano y en su celda privada. El oficial, según las advertencias que hacen desde la misma cárcel, se pasea con soberbia por los pasillos del penal, recordándoles a la guardia y a los otros privados de la libertad quién es él.

“Hace unos días, el señor Núñez salió del pabellón y en palabras soeces manifiesta que va para la panadería, ya que recibe un pan especial solo por la gran amistad que tiene con el director del penal. El mismo señor Núñez manifiesta a los custodios que mueve las influencias por Bogotá, es por esto que los dragoneantes hacen lo que este señor diga”, señala la denuncia.

Las condiciones privilegiadas del coronel son irregulares y, según las advertencias, auspiciadas por el director de la cárcel de Picaleña. El Inpec aseguró que adelantarán una investigación para determinar su veracidad, pero la foto que conoció SEMANA se convierte en la prueba irrefutable de lo narrado en las denuncias: el coronel Núñez tiene en sus manos lo que a otros internos les podría provocar duras sanciones disciplinarias.

Por medio de un documento, radicado hace unas semanas en el Inpec, las víctimas de la masacre en Chochó piden hacer las verificaciones de la descarada evidencia plagada de beneficios en favor del coronel Núñez, quien, según sus subalternos en el departamento de Policía de Sucre, se convirtió en despiadado asesinado.

En el documento, el abogado Didier Pizza Genera, representante de las víctimas, advierte con datos y pruebas cómo el propio director de la cárcel de Picaleña autorizó el ingreso de un televisor, un colchón especial y un menú bastante particular. Lo que no quedó en las minutas de ingreso fue el celular, que ahora se convirtió en el único compañero de celda del coronel Benjamín Núñez.

“Hemos hecho peticiones cuando se conoció de estas situaciones, solicitando al director del Inpec las investigaciones correspondientes, sin que hasta ahora se tenga respuesta. Se sigue conociendo que este señor tiene muchos privilegios allí, en el sitio de reclusión. Hace lo que como coronel haría en una estación de Policía o cualquier espacio de reclusión con los privilegios del alto mando”, aseveran las víctimas.

El oficial en retiro de la Policía, dicen los internos, amenaza con sus influencias en el Inpec para garantizar que su paso por la cárcel se convierta en una experiencia difícil, mientras disfruta de beneficios que los otros condenados deben mirar desde sus celdas hacinadas. El coronel los observa en su espacio privado, habla y chatea como si estuviera en un hotel.

“El señor Núñez anda con el celular como si fuera en la casa, incluso cuando se va a verificar el parte de internos sale con su teléfono celular, como si nada. La guardia no puede hacer nada”, dice la denuncia en poder de SEMANA. Además, esta señala cómo las amenazas del coronel incluyen o recuerdan el poder de cambiar las cosas, solo con una llamada, que tranquilamente puede hacer desde su celda.

El negocio

En los últimos días se conoció que el coronel Núñez concretó un acuerdo con la Fiscalía para reconocer su responsabilidad en el asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, los tres jóvenes sentenciados a muerte en el platón de una camioneta de la Policía en Sucre.

El acuerdo incluye aceptar los delitos imputados por la Fiscalía: homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y manipulación, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La aceptación se convierte en una rebaja de la pena y un acuerdo por colaborar con la justicia, aunque este no es claro.

Núñez pagaría una pena de 29 años de cárcel que, dadas las circunstancias y los beneficios de ley, lo dejaría en la calle en menos de 15 años. Esos beneficios sí están en los códigos, lo que no está es el trato preferencial en un penal que se supone es de máxima seguridad y con controles estrictos para los privados de la libertad.

Las víctimas se oponen a los acuerdos que firmó la Fiscalía con el coronel. Advierten que las pruebas son suficientes para llevarlo a un juicio y obtener una pena más alta. Además, insisten, el fiscal no imputó el delito de tortura, tan evidente en los hechos materia de investigación.

Un juez definirá si el ‘negocio’ de Núñez con la justicia es legal y se compadece con el daño causado. Las víctimas sentaron su voz y dijeron que no. El problema es que para la ley esa voz no tiene sonido. En otras palabras, el coronel terminará disfrutando del acuerdo con la justicia y de los planes de celular.