Nación
La empresa de aguacates que se convirtió en la millonaria fachada para lavar las ganancias del narcotráfico
La Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de 143.746 millones de pesos y que estaban a nombre de testaferros.

Una red de narcotráfico logró enviar toneladas de cocaína fuera de Colombia y trató de darles apariencia de legalidad a las ganancias que dejó su lucrativo negocio criminal. Las autoridades descubrieron que una empresa de aguacates no llevaba la contabilidad de la cantidad de frutos que caían de los árboles y encontraron la forma de lavar millones.
Los delincuentes convirtieron una mediana empresa en un emporio exportador de aguacates, aunque los árboles seguían dando la misma cantidad, a veces menos, de frutos. Sin embargo, en los registros contables, los aguacates se triplicaron y así mismo las ganancias que, en realidad, eran las que dejaba el narcotráfico.

“A través de empresas exportadoras de aguacates, una red criminal ocultó y dio tránsito a los recursos ilícitos obtenidos por una organización narcotraficante que enviaba toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa. Esto les habría permitido a los articuladores de las operaciones de comercio exterior consolidar un patrimonio ilícito que intentaron ocultar”, señaló la Fiscalía.
Tras descubrir lo que por años ocultaron, la Fiscalía identificó a los responsables de triplicar por arte de magia la producción de aguacates y exportarlos a precios que otros cultivadores enviaban, todos irreales, falsos y parte de la trama criminal para lavar millones de pesos de los narcotraficantes.
Luego de identificar a los señalados, el ente acusador se lanzó sobre los bienes que la banda acumuló gracias al lavado de activos. Los ubicaron y tras varios operativos fueron ocupados con fines de extinción de dominio. Se trata de propiedades avaluadas en 143.746 millones de pesos y repartidas en el departamento de Antioquia.
“Labores investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que fueron adquiridos bienes muebles e inmuebles y puestos a nombre de personas cercanas o familiares para evadir el rastreo de las autoridades”, advirtió el ente acusador luego de los operativos de extinción de dominio.
Los bienes, de acuerdo con José Iván Caro, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Se trata de 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de gama alta y tres sociedades comerciales, que ahora quedaron en manos del Estado.

“Los bienes fueron ocupados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Ejército Nacional, en diligencias realizadas en Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó (Antioquia)”, explicó el director de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía.
El funcionario dijo que los dueños reales de los bienes eran integrantes de una misma familia, algunos extraditados a Estados Unidos, donde responden por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes.