La confesión de la testigo estrella: SEMANA revela el testimonio de María Alejandra Benavides contra el exministro Ricardo Bonilla y seis congresistas; así saquearon la UNGRD

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla formó parte de la repartija con la que el Gobierno Petro negoció votos de los congresistas de la Comisión de Crédito Público a cambio de multimillonarios contratos.

No solo sabía de estos oscuros acuerdos, sino que ordenó la entrega de los “cupos indicativos” y negoció los porcentajes que debía recibir cada uno de ellos. Así de contundente fue la declaración que entregó María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, a la Corte Suprema de Justicia. Ahora ella es testigo estrella del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

SEMANA tiene en su poder la declaración completa que entregó Benavides en calidad de testigo y que se extendió por ocho días y más de 50 horas. Allí contó en detalle cómo fueron los acuerdos corruptos con los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, con la venia del exministro Bonilla.

Pese al arsenal de pruebas y testimonios en su contra, no ha sido imputado por la Fiscalía. También ha sido señalado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad.

Benavides se refirió a una reunión llevada a cabo hace dos años, el 31 de octubre de 2023, en la que quedó como encargada de complacer los caprichos burocráticos de los congresistas y fue testigo de cómo se votaban los créditos de la nación en la cuestionada Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

“Esa reunión quiero resaltarla porque el ministro Bonilla les dijo a los miembros de la Comisión Interparlamentaria que se iban a votar ciertos créditos de la nación. En esta reunión yo estaba con el ministro y me pidió cuántos créditos se iban a votar. Yo dije: 19 o 13, lo cual fue un error, se iban a votar 12 (…) el ministro les expone que va a ser un número grande de créditos de la nación los que se van a votar y les dice: yo autorizo a que María Alejandra reciba proyectos en la UNGRD. El 31 de octubre de 2023 es el día que a mí el ministro Bonilla me autoriza explícitamente a recibir proyectos”, dijo la testigo estrella.

De este modo, Benavides puso sobre la mesa el presunto conocimiento y participación del exministro Bonilla en el escándalo de corrupción más grande que se ha dado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso ratificó la declaración que dio meses atrás en la Fiscalía, revelada por SEMANA, en la que la exasesora, en medio de sollozos, dijo: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Él solo necesitaba sacar esto”.

El explosivo testimonio de Benavides en la Corte Suprema de Justicia se da luego de que fuera aprobado el principio de oportunidad con inmunidad total por la contundencia de lo declarado, las pruebas presentadas, y porque, aunque estuvo en el centro de la repartija, no tuvo ninguna intención de enriquecerse o participar de la corrupción. La exasesora dijo que cumplía las órdenes del entonces ministro de Hacienda.

Los congresistas de la Comisión de Crédito, según el testimonio, no daban puntada sin dedal, y la votación de los proyectos y los empréstitos de la nación dependían directamente de los “cupos indicativos”, el eufemismo con el que llamaban a la transacción de votos por contratos, que contaba con el guiño de Bonilla, según ella.

“Yo ya había visto una serie de sesiones de la Comisión Interparlamentaria que habían sido fallidas o que no habían puesto en consideración los créditos de la nación porque faltaba algo siempre. Esta era la manifestación por parte de los congresistas que no estaban tranquilos, siempre faltaba algo. Estaba el requerimiento de que los proyectos salieran antes del 31 de diciembre de 2023”, explicó Benavides sobre las presiones que ejercían los congresistas, y el valor, en contratos, que les ponían a sus votos.

Los contratos a los que se refiere Benavides y que fueron entregados a los miembros de esta comisión provenían del saqueo a la UNGRD y son los que en su momento denunció Olmedo López en SEMANA. Se trata de tres obras por más de 92.000 millones de pesos, distribuidas así: 50.000 millones en el municipio de Cotorra, Córdoba; 12.300 en el Salado, Bolívar; y 30.000 en Saravena, Arauca.

Benavides fue clara en explicar que, para darles tranquilidad a los congresistas de que efectivamente les iban a cumplir, fue clave la participación de Bonilla en el denominado “cónclave”, que se dio en la Casa de Nariño el 27 de noviembre de 2023, en el que el entonces minhacienda le dio la orden a Olmedo López de sacar adelante esa operación corrupta.

“Haber hablado con Olmedo López y que el director (de la UNGRD) y el ministro Ricardo Bonilla hubiesen establecido que para mí había un enlace en la otra entidad dispuesto a seguir los proyectos que el ministro había autorizado que yo recibiera (…) era una forma de que los congresistas vieran que los proyectos en los cuales ellos estaban interesados iban a tener gestión”, explicó Benavides sobre el momento en que quedó establecido que, por parte de la UNGRD, sería Sneyder Pinilla quien estaría gestionando los multimillonarios contratos.

Esta gestión dio sus frutos y, sobre el cierre del año, votaron los empréstitos de la nación; incluso sobre la línea de cierre legislativo y un viernes, cuando los congresistas por lo general no trabajan.

“Después de ver esto en todos estos meses, yo entendí que eso iba a hacer que la votación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en efecto, se diera ese viernes 15 (de diciembre de 2023) y votaran el crédito de la nación que faltaba. Como fue el resultado”, explicó al magistrado Misael Rodríguez.

El asunto es más descarado aún. En esta negociación los congresistas plantearon la forma de repartir los contratos por porcentajes y de acuerdo con la “importancia” del parlamentario: 20 por ciento para los protagonistas, 10 por ciento para los de reparto. Tanto conocía el exministro Bonilla la minucia de la negociación que terminó ordenando una repartija salomónica: 15 por ciento para todos. Así lo confesó la propia Benavides.

En 2024, cuando el escándalo por el saqueo a la UNGRD estaba detonando por otro negociado –el de los carrotanques que se compraron para calmar la sed en La Guajira por más de 46.000 millones, direccionados y con la finalidad de entregar 3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Senado, y otros 1.000 millones a Andrés Calle, presidente de la Cámara–, el ministro Bonilla seguía pendiente de sus congresistas consentidos: los de la Comisión de Crédito Público.

En febrero, según la testigo, Bonilla pidió la matriz para establecer cómo se estaba haciendo la repartija. “El 2 de febrero, el ministro me pide que le deje una copia actualizada de la tabla de cupos indicativos, tanto la de Invías como la de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (…) le voy a dejar dos copias en sobres de la tabla, una con nombres y una sin nombres”, contó Benavides sobre una de sus últimas gestiones en medio del saqueo.

Benavides, quien tenía una beca para estudiar en Reino Unido, tuvo que renunciar a ella. Por hacer caso, terminó en un gigantesco lío judicial que la tuvo a las puertas de la cárcel. La casa de su familia fue allanada como si se tratara de una criminal, su familia fue amenazada y no puede ni abrir una cuenta en un banco. Ahora es la testigo estrella de este escándalo y su vida hay que protegerla.