La conciliación de la familia de Jorge Enrique Pizano: los detalles del proceso del resarcimiento de sus derechos laborales. La Supersociedades fue clave

El proceso de Odebrecht ha sido uno de los más complejos y polémicos de la historia de Colombia. La compañía brasileña, que cooptó a la clase política y especialmente al poder presidencial en casi toda América Latina, también expandió sus raíces corruptas en Colombia, y los señalamientos tocaron las campañas presidenciales tanto de Juan Manuel Santos como de Óscar Iván Zuluaga.

En este entramado hubo una tragedia personal enorme, la de Jorge Enrique Pizano. Precisamente, hace apenas unos días se resolvió uno de los litigios más sensibles e importantes sobre el ex-controller de la concesionaria Ruta del Sol II y su familia.

Como se recordará, Jorge Enrique Pizano, quien se había convertido en el testigo estrella del proceso de Odebrecht, falleció de manera inesperada mientras se afeitaba en el baño de su casa en Subachoque. La familia había tenido que mudarse allí para refugiarse del escándalo, que había tomado dimensiones nacionales, y porque pasaban una difícil situación económica que los había llevado a vender su apartamento en Bogotá.

Pizano, según contó su esposa en su momento a SEMANA, no encontraba trabajo, se sentía solo, pues buena parte de sus amigos lo habían abandonado, y sentía miedo, dado que enfrentaba a los grandes poderosos del país.

Tras la muerte de Pizano, Alejandro, su hijo de 31 años, regresó con su esposa embarazada desde España. El joven falleció tres días después de su papá, envenenado con cianuro en esa misma casa después de haber, supuestamente, ingerido una botella que él creía que contenía solo agua. La familia Pizano Ponce de León sumó así el mayor dolor de sus vidas.

Mientras el andamiaje judicial de Odebrecht andaba en la justicia penal, los Pizano buscaron un resarcimiento que, en un inicio, parecía improbable: el pago efectivo de los derechos laborales de su papá y esposo. El mismo Pizano había emprendido antes de su muerte una cruzada judicial para lograr que la concesionaria de la Ruta del Sol II le enviara lo que le debía por su trabajo.

Esos pagos quedaron embolatados por cuenta de la dimensión que tomó la historia. En 2017, más de 200.000 millones de pesos reconocidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como contraprestación por los avances en obra quedaron inmovilizados por decisiones judiciales contradictorias, acciones populares y conflictos de jurisdicción. El Consejo de Estado resolvió el fondo de la disputa y permitió que el pago pendiente a Jorge Enrique Pizano por fin pudiera darse.

El proceso estuvo enredado por años en los juzgados laborales, pero una acción de la Superintendencia de Sociedades permitió que la justicia avanzara. La entidad ordenó que lo primero que debía pagarse con esos recursos eran los créditos laborales y de seguridad social, que habían sido reconocidos en la liquidación judicial.

Gracias a esta acción, la familia Pizano no tuvo que seguir en un interminable proceso judicial, sino que logró un acuerdo de pago por medio de una conciliación. En este procedimiento, SEMANA conoció que participaron la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio del Trabajo. La primera entidad propuso una fórmula para garantizar los derechos de la familia: la inclusión temprana de una reserva específica por parte del auxiliar de la justicia. Los detalles económicos del acuerdo permanecen confidenciales, entre otras cosas porque hay beneficiarios menores de edad.

Pese a todo lo que se dijo en medio de este escándalo de Odebrecht, Colombia es uno de los países en donde esa estela corrupta dejó menos condenas. Sin embargo, el final de este proceso sí cierra un ciclo fundamental para la familia de su principal testigo.