Juan Carlos Pinzón hace crudo balance de la seguridad en el país: “La paz total ha creado incentivos para los violentos”

El orden público en Colombia no da señales de mejorar y, por el contrario, cada vez hay más indicadores que evidencian que en ese frente el país no va en la ruta correcta. Así lo concluye un análisis que realizó para el periódico El Tiempo, el exministro de defensa y exembajador, Juan Carlos Pinzón.

Aprovechando su actual rol de académico, Pinzón, hoy Profesor de la Universidad de Princeton, se tomó el trabajo de comparar las estadísticas de seguridad, las cuales reflejan un claro deterioro. Así, por ejemplo, asegura que hay un incremento acelerado en la actividad de grupos criminales. Basado en un informe de la Defensoría del Pueblo dice que el ‘clan del Golfo’ aumentó su presencia en 179 municipios desde 2019; el Eln, en 83; las disidencias de las Farc, en 175, y los grupos de crimen organizado, en 70.

Paralelamente, en los municipios en donde se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), el homicidio viene creciendo. Ese es el caso de Arauca –que pasó de una reducción del 70 % en 2023, comparando el periodo enero a noviembre, a un incremento del 57 % en 2024– y el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño –que pasó de una reducción de 35 % en 2023 a un incremento de 47 % en 2024–.

Además, en “algunas regiones como el Pacífico y Frontera Nariñense, La Macarena-Guaviare, o el Catatumbo, donde esta cifra bajó en los últimos dos años, no se puede afirmar que se ha superado la violencia. En estas zonas el ELN o las disidencias han logrado fortalecer su presencia, según los informes de las autoridades. La reducción del homicidio debe ser causa de alarma, pues puede evidenciar una “pacificación forzosa” por la consolidación del control criminal y no por la victoria del imperio de la ley”, enfatizó el exalto funcionario.

Pinzón identificó también problemas en las políticas de cese al fuego del Gobierno Petro, dado que se han ejecutado sin exigencias claras para los grupos criminales y no tienen mecanismos de verificación. Esto ha traído como consecuencia confusión e inoperancia efectiva de las instituciones. “De 897 días del actual gobierno (con corte al 19 de enero de 2025), en 738 la Fuerza Pública no ha podido operar con normalidad contra los grupos al margen de la ley. Esto representa 398 días de operaciones paralizadas contra el ELN, 454 días contra el ‘Estado Mayor Central’, 181 días contra la ‘Segunda Marquetalia’, 78 días contra el ‘Clan del Golfo’, 181 días contra las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’ y 188 contra el ‘Estado Mayor Bloque Magdalena Medio’”.

Otro frente de preocupación está en la capacidad de la Fuerza Pública y en el gasto en defensa. En el último año este fue el más bajo desde 1995. Es un gasto que cayó en un promedio anual de 3,3 % del PIB entre 2010 y 2019, a apenas el 2,9 % del PIB en 2022 y 2023, y a 2,6 % del PIB en 2024.

Por cuenta de lo anterior, Pinzón indica que “el país enfrenta una reducción alarmante del pie de fuerza, que actualmente se ubica muy por debajo del máximo histórico alcanzado en mayo de 2015 de 467.000 miembros activos. Hoy escasamente alcanza 370.000. No se puede pensar una respuesta contundente a la criminalidad con cerca de 100.000 efectivos menos”, enfatizó, al tiempo que insistió en la necesidad de dotar adecuadamente a las Fuerzas Armadas para poder proteger las fronteras y la soberanía nacional. En su concepto, la falta de contundencia del gobierno colombiano para rechazar el régimen antidemocrático en Venezuela pone al país en una situación de vulnerabilidad.

Su conclusión es que hoy el país está expuesto a unas estructuras criminales fortalecidas en su financiamiento y su capacidad de acción, lo que hace que estén impactando más frecuentemente a las zonas rurales y urbanas.

“El gobierno actual ha construido su tesis de pacificación basada en el concepto de ‘paz total’, que en últimas ha creado incentivos económicos y jurídicos para los violentos, así como confusión y restricción a la Fuerza Pública. Algunos miembros del Gobierno Nacional tienen una trayectoria de desprecio por las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de la ley. Igualmente, los escándalos de corrupción en lo más alto de sus funcionarios minan su credibilidad y autoridad para liderar cualquier solución”, puntualiza Juan Carlos Pinzón.