JEP manifiesta públicamente que la práctica de los llamados falsos positivos no fue una política oficial de la Seguridad Democrática

Un inesperado anuncio se hizo en medio de la rueda de prensa en la que se informó sobre la imputación de cargos contra cuatro generales en retiro del Ejército Nacional por 442 ejecuciones extrajudiciales ocurridos en varias regiones del departamento de Antioquia entre los años 2004 y 2007

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, puso de presente una serie de patrones que se presentaron durante la práctica de los denominados falsos positivos y que se centraron en la búsqueda de resultados operacionales.

Sin embargo, pese a lo que muchos sectores políticos habían manifestado, estas prácticas no se hicieron en cumplimiento a la política de Seguridad Democrática. Esto, si se tiene en cuenta la revisión de los lineamientos de la lucha contra la subversión que se planteó.

“El texto de la política de seguridad democrática no tenía consignaba la política de control de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medían bajas", enfatizó la magistrada Díaz al poner de presente la necesidad de establecer qué llevó a los generales en mención a darle órdenes directas a sus subalternos de buscar y demostrar más resultados.

En su intervención, la magistrada indicó que “al contrario” la política de Seguridad Democrática “decía que son indicadores las bajas las capturas las desmovilizaciones en la recuperación de material de guerra el plan patriota incluso tenía una lista de indicadores más sofisticados de ausencia secuestros ausencia extorsiones ausencia de retenes, mejora de la inteligencia y decía, expresamente, las bajas no son lo más importante”.

Por esto, una de las preguntas más relevantes a resolver en la nueva arista del mencionado caso 03 es qué motivó o llevó a los comandantes de Brigadas a dar órdenes insistentes para que los soldados retuvieran a civiles inocentes para luego asesinarlos y presentarlos en sus informes como guerrilleros abatidos en combate.

“La pregunta es por qué los generales en este caso de la Cuarta Brigada impusieron esta política de control de cuerpos tan abierta explícitamente durante seis años en todas las comunicaciones radiales formales a la escucha de una cantidad de oficiales y suboficiales apoyándose el músculo de la política son los incentivos apoyándose por supuesto en la reglamentación que existía”, aclaró la magistrada Díaz.

Por esto, advirtió, es clave revisar la forma en cómo se otorgaban condecoraciones y permisos en estas brigadas y quién estaba detrás de todo.

En las pruebas recolectadas se hace especial énfasis en los programas de radio en los que se transmitía, a primera hora, los mensajes de los generales, forzándolos a entrar en una especie de competencia para demostrar mejores resultados.

“Cómo esos generales, durante seis años, hablo en este caso de Antioquia, implementan todos los días abiertamente en esos programas esta política con desatando este patrón macro criminal a sabiendas de lo que les había advertido la Gobernación de Antioquia, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las organizaciones sociales de que estaban ocurriendo asesinatos y desapariciones. Esa es la pregunta que vamos a resolver en el siguiente capítulo”, señaló.