Judicial
JEP le ordena a la Fiscalía investigar el paradero de 546 integrantes de la Fuerza Pública desaparecidos durante el conflicto armado
La solicitud de ubicación también está dirigida a la Sijín, la Dijín, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Medicina Legal.
Tras revisar el informe enviado por el Ministerio de Defensa a finales del año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a diferentes organismos y entidades adelantar los trámites para investigar el paradero de 546 integrantes de la Fuerza Pública desaparecidos durante el conflicto armado interno.
En el auto, emitido por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, se le pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Sección de Investigación Criminal (Sijín), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal remitir toda la información que tengan con el fin de avanzar en la identificación y localización de las personas incluidas en los listados.
Para el magistrado Raúl Eduardo Sánchez es necesario establecer el número exacto de agentes de la Fuerza Pública víctimas de desaparición forzada, esto con el fin de garantizar los derechos a la memoria y la verdad.
En el informe enviado el pasado 12 de diciembre por el Ministerio de Defensa se señala que entre los 546 miembros de la Fuerza Pública desaparecidos se encuentran 384 integrantes del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional.
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“Aunque el detalle de esta información es de carácter reservado debido a la investigación judicial, su presentación general representa un avance clave en las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer estos casos”, advirtió la JEP.
En el citado informe se incluía el número de desaparecidos en servicio activo hasta la fecha, junto con sus nombres completos, números de identificación y las regiones donde ocurrieron las desapariciones. Debido a esto, se le pidió a las cinco entidades realizar una búsqueda de datos y enviar toda la información que tengan sobre este caso.
Estos datos estarán destinados a avanzar en la búsqueda de desaparecidos “y, si es el caso, la identificación y entrega digna de estas personas, garantizando sus derechos y los de sus familias”.
La JEP le pidió, además, a la Organización Humanitaria Reencuentros, la cual está conformada por firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, que informe si dispone de información sobre alguna de las víctimas mencionadas en los listados. Así como cualquier dato relacionado con lugares de interés forense donde puedan encontrarse los cuerpos de los miembros de la fuerza pública desaparecidos en el contexto del conflicto armado.
Finalmente, el magistrado le hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos, víctimas y demás entidades para que sumen esfuerzos en la búsqueda y contribuyan al fortalecimiento de la memoria histórica y la reconciliación nacional.
La búsqueda de los desaparecidos no es solo un acto de justicia, sino un deber ético con quienes dejaron un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad”, aseguró el magistrado Raúl Sánchez en medio de la audiencia de seguimiento.
