ICBF dejó en manos de Honduras caso de menor que funcionaria de la ONU, Isabel Albaladejo, trató de sacar ilegalmente del país

El escándalo que se conoció cuando la representante de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, trató de sacar sin autorización a su hijo del país, falseando documentos y que fue atajada cuando inexplicablemente ya había pasado los filtros de migración, tiene un nuevo y extraño capítulo.

Pese a que Albaladejo trató de sacar del país ilegalmente al menor el 25 de febrero de este año, él tiene nacionalidad colombiana y hay graves denuncias de posible maltrato y abuso sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) decidió dejar esto en el paisaje y ante una solicitud de Secretaría de Estado de los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), entidad homóloga del ICBF en Honduras, dejó el caso en manos de esa entidad.

Aunque la decisión conocida por SEMANA tiene argumentación jurídica, y hay tratados internacionales que avalan esta decisión, el ICBF pasa por alto lo evidente: el niño tiene nacionalidad colombiana y posiblemente está en riesgo. Además, el mismo convenio de La Haya, en el cual se amparan para tomar esta decisión, plantea una excepción que advierte que el Estado requerido no está obligado a restituir al menor cuando exista un grave riesgo.

No obstante, en un documento firmado por Mónica del Pilar Bustos, defensora de Familia del Centro Especializado Revivir (del ICBF), da vía libre a sacar al menor del país y entrega la custodia a la funcionaria de la ONU, que trató de violar las leyes colombianas, Isabel Albaladejo.

Así, de un plumazo, el ICBF decidió en un documento de 16 páginas “ordenar el cambio de medida de restablecimiento de derechos la ubicación en medio institucional y/o hogar sustituto en la ciudad de Tegucigalpa-Honduras”.

Agrega que se ordena “el traslado de las diligencias administrativas al homólogo en Honduras, la Secretaría de Estado de los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), con el fin de que continúe con las respectivas investigaciones y ordene la medida de restablecimiento de derechos de acuerdo a su legislación”.

Sin embargo, el aparte que más generó preocupación para la familia paterna del menor, que es colombiano, es que en esta decisión se avala lo que Albaladejo no pudo hacer violando la ley.

Se permite que se lleve al menor del país, sin aclarar las graves denuncias, corroboradas por entidades tan reputadas como el Hospital Fundación Santa Fe, sobre posible abuso sexual del menor.

“Ordenar a Migración Colombia con el fin de que levante el impedimento de salida del país del niño (…) autorizar la salida del niño”, se lee en la cuestionada decisión, que fue entutelada y está pendiente de respuesta.

El caso

SEMANA había revelado este caso el 27 de febrero de este año y se presentaron irregularidades que no han sido resueltas, y dan cuenta de una posible influencia de Albaladejo, quien residió en Colombia y estuvo al frente, nada menos, que de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

El 25 de febrero Albaladejo trató de sacar al menor, con un documento falso, modificado, en el cual le agregaba un conveniente acápite que advertía “ordenar a Migración Colombia que le permita la salida del país al menor XXX junto a su progenitora para regresar a su país de residencia”.

En ese momento, de forma totalmente irregular, el funcionario de Migración Colombia no verificó la autenticidad del documento y permitió el paso por la salida internacional y hasta le selló el pasaporte (ver foto).

Fue la familia paterna del menor, que armó un alboroto y logró demostrar el acto ilícito, la que frenó su salida del país. En este caso, la alta funcionaria de la ONU fue descubierta en flagrancia, pero las autoridades, en particular la Fiscalía, no hicieron nada.

SEMANA se comunicó en ese momento con Albaladejo para conocer por qué presentó un documento falso para sacar al menor. Dijo que en este caso ella era la víctima, que la familia paterna del menor la estaba acosando, que su expareja, quien se encuentra detenido y pendiente de ser extraditado por violencia doméstica, le había hackeado su computador.

En este caso, según esa versión, el hacker habría modificado el documento, de forma tal que permitía sacar al menor del país. Es decir, el único cambio en el documento solo favorecía al Albaladejo, a nadie más.

En ese momento, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá corroboró la irregularidad y reclamó el cumplimiento de la decisión. “Le agradezco adelantar las gestiones relacionadas con el cumplimiento del auto complementario del día de ayer, mediante el cual se prohíbe la salida del país del niño” (ver foto). Decisión a la que ahora le da la vuelta el ICBF, dejando en manos de su homólogo de Honduras el caso.

El asunto es extremadamente delicado y por eso llama la atención que el ICBF haya preferido hacerse a un lado. La familia del menor denunció a Albaladejo por custodia arbitraria y hablan de secuestro, mientras que ella, por su parte, contó que tiene cinco denuncias contra su esposo, también por custodia arbitraria y por violencia contra los menores.

¿Abuso?

Aunque este caso hace referencia al hijo de 8 años de Albaladejo y Juan Manuel Rojas, en realidad el lío también compromete la hija mayor, de 15 años, quien decidió por su propia cuenta quedarse con su familia paterna en Colombia, dando crédito a las delicadas versiones.

El divorcio fue en 2023, pero en agosto del año pasado la niña vino a Colombia y supuestamente le informó a su papá una situación de maltrato, la medicación de la que, asegura, estaba siendo víctima, que fue corroborada con una médico psiquiatra y pidió la custodia.

En diciembre del año pasado, la niña y el niño volvieron a Colombia de vacaciones. Según la versión conocida por SEMANA, viajaron a Cartagena y el niño se quejó de una otitis, al ir al médico verbalizó un presunto abuso de un vecino, una persona cercana.

El niño tenía que regresar donde su mamá el 7 de enero, pero fue llevado a una valoración médica, en un muy prestigioso hospital de Bogotá, y el dictamen fue: abuso sexual (ver foto).

En ese tire y afloje, con argumentos de lado y lado, el menor ha estado bajo custodia del ICBF que ahora toma esta decisión, dejando de lado su misión principal, que es el cuidado de los menores para cedérsela a Honduras.

SEMANA consultó al ICBF sobre esta decisión y respondieron que “en casos en los que se identifica que la residencia habitual de las niñas, niños y adolescentes no es Colombia (…) es necesario que el Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a la cooperación jurídica internacional, solicite la intervención de la autoridad que hace las veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el país que se considera es la residencia habitual”.

El Instituto además argumentó que “una vez realizadas las valoraciones profesionales y la identificación que Colombia no es el país de residencia, se deberá acudir a la autoridad homóloga, atendiendo a la reciprocidad entre Estados y a la cooperación jurídica internacional. De esta manera, la entidad homóloga será la que continúe con las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes que permitirán la garantía de derechos del niño, niña o adolescente”.

No obstante, la defensa de la familia paterna del menor, que presentó una acción de tutela contra la decisión, sostiene que “existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá, asimismo, negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones”. Esto no fue evaluado por el ICBF.

En referencia a los tratados internacionales, advierten que el Estado no está obligado a restituir al menor cuando, como en este caso, hay un dictamen que plantea abuso, el menor no quiere volver al país de residencia y en ese país (Honduras) no cuenta con más familia que su mamá.

Además, según el Código de Infancia y Adolescencia, “el ICBF es competente para conocer los casos de menores de nacionalidad colombiana que residen por fuera del territorio nacional”. El asunto está pendiente de una tutela. Pero más allá de esta decisión, es claro que hay un menor que puede estar en riesgo.