Heridos, desnutridos y enfermos: animales bajo custodia de la SAE están sin comida y atención veterinaria. El Gobierno no responde

Al correo de la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, llegó un radicado urgente durante la primera semana de agosto. Una de las empresas contratadas para custodiar a los animales que fueron objeto de extinción de dominio le solicitaba resolver el desabastecimiento de comida para 582 caballos; asignar los recursos para la atención veterinaria, pues más de un centenar estaban enfermos, y pagar las facturas pendientes que tenía su despacho de los meses de mayo, junio y julio de este año, para que el operador pudiera cuidar a esos seres sintientes.

Pasó más de un mes de esa alerta y el panorama sigue igual: la entidad no ha respondido por la situación de los animales que están en Cimitarra, Agua de Dios y Montenegro. Se trata de, en su mayoría, caballos que fueron objeto de extinción de dominio y cuyos cuidados están a cargo de la SAE, que entrega esa gestión a un contratista encargado de administrar a los semovientes que están en los predios de la entidad.

El modelo de negocio, en teoría, es un gana-gana para el Estado y los privados, pues los contratistas deben custodiar a esos seres sintientes hasta que se resuelvan los procesos judiciales, para luego venderlos y repartir las ganancias entre las partes.

El problema es que la SAE estaría incumpliendo con lo acordado porque no ha girado los recursos para que los contratistas compren el alimento de los animales, paguen los servicios veterinarios y cancelen los salarios del personal encargado de su cuidado.

Hay animales a punto de morir por comer poco y por falta de atención médica, porque desde agosto se le advirtió a la SAE que solo quedaba alimento para una semana y que los cuadros veterinarios son alarmantes. Al operador, cuentan personas enteradas del caso, le tocó poner de su bolsillo para que no fallecieran por inanición.

El caso fue destapado por la senadora Andrea Padilla en medio de la plenaria del Senado, quien mostró las imágenes de los caballos con la piel pegada a los huesos. SEMANA conoció los documentos que respaldan esa denuncia.

“La SAE ha tenido bajo su custodia a 35.711 animales, cuya protección es tercerizada. Nos preocupa el bienestar y las garantías de vida para ellos porque no están recibiendo el pago de la SAE para la manutención de los animales. El contrato tiene cierta perversidad porque, en la medida en que no haya venta de animales, no se recibe dinero, y es con esos recursos con los que tendría que pagar la manutención. La SAE, que debería garantizar sus cuidados porque fueron incautados por ellos, incurren en maltrato por abandono y negligencia”, alegó Padilla.

La congresista asegura que es inadmisible que la entidad del Estado no esté cumpliendo con sus obligaciones. La misma SAE le respondió un derecho de petición a la senadora Padilla en el que reconoció que la manutención y el cuidado de los semovientes (lo que incluye la alimentación y tratamientos veterinarios) debía ser reconocida por la entidad como un gasto reembolsable la contratista, pago que no está haciendo la sociedad. Esa denuncia ya llegó, incluso, hasta la Procuraduría General de la Nación.

Entre 2017 y 2025 han muerto 587 bovinos y 232 aves que estaban bajo custodia de la SAE, entre los que se cuenta un caballo que estaba protegido bajo el presente contrato y que falleció por una picadura de serpiente. Esas cifras también fueron reconocidas por la entidad, que se encarga de gestionar los bienes incautados con problemas legales, y en la que el presidente Gustavo Petro había prometido desenredar las supuestas redes de corrupción.

Llama la atención que en marzo de este año fueron incautados 300 gallos que eran propiedad de uno de los socios del Tren de Aragua, estos animales no aparecen en el inventario de seres sintientes que le entregó la SAE a la senadora Padilla mediante un derecho de petición.

La mayoría de los caballos están ubicados en fincas de los departamentos del Meta, Tolima, Santander, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca, y su estado de salud y su alimentación no son los únicos problemas que afectan la integridad de estos seres. Uno de los predios ubicados en Cimitarra, conocido como Agua Bonita, fue objeto de una ocupación ilegal de supuestos campesinos que ha impedido que el personal acceda al lugar para alimentar a los equinos y revisar la evolución médica de los que están enfermos. Esa ocupación ilegal ya fue denunciada ante la Fiscalía.

Además, en la entrega de los animales, el Estado no documentó la vacunación contra la encefalitis equina venezolana, la fiebre aftosa y la brucelosis. El contrato vigente tiene un valor de 5.116 millones de pesos y se suscribió para una vigencia de dos años, hasta 2026, en el que la SAE se compromete a hacer giros mensuales para la manutención de los animales.

SEMANA contactó a la entidad, que pidió que se enviaran unas preguntas por correo electrónico y que serían respondidas lo más pronto posible. Sin embargo, las respuestas, al cierre de esta edición, no habían llegado.