Hay más de 10 mil personas confinadas tras enfrentamientos entre grupos armados en San José del Guaviare, advierte la Defensoría

Una crisis humanitaria de graves proporciones se vive actualmente en el municipio de San José del Guaviare, donde más de 10.000 personas permanecen confinadas a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Así lo confirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, tras un encuentro sostenido con el alcalde del municipio, Willy Alejandro Rodríguez.

Durante la reunión, ambos funcionarios coincidieron en la urgencia de implementar acciones coordinadas del Estado para mitigar los efectos del conflicto armado que afecta a esta región del país, especialmente en el corregimiento de Charras y la vereda Boquerón, donde el confinamiento alteró profundamente la vida cotidiana de la población.

“Hoy se vive una situación tan compleja en materia de orden público, seguridad y confinamiento. Más de 10.000 personas permanecen en esta condición. Agradezco el acompañamiento de la Defensoría Nacional y Regional y hago un llamado al Gobierno nacional para articular un mecanismo de respuesta ante esta emergencia”, expresó el alcalde Rodríguez.

La situación de confinamiento no solo restringió la movilidad de miles de personas, sino que también impactó severamente el acceso a educación, salud y actividades económicas.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos se enmarcan en la Alerta Temprana 001-2025, que abarca siete departamentos del país, entre ellos Guaviare.

“La situación es dramática. El cierre de vías por órdenes de grupos armados ha perturbado profundamente la vida en esta zona. Hay riesgos latentes para la niñez, la salud pública, la educación y la economía local”, señaló la Defensora del Pueblo.

Frente al agravamiento del contexto, la Defensoría emitió recientemente un oficio de consumación de la alerta temprana, al considerar que los riesgos advertidos inicialmente se han materializado.

Como medida inmediata, la Defensoría se unió al llamado del alcalde Rodríguez para que la próxima sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) se realice directamente en San José del Guaviare, lo cual permitiría un abordaje más directo y coordinado con las autoridades nacionales.

“Nos comprometemos a participar activamente en esa reunión. Es fundamental que las autoridades de primer orden del Gobierno nacional asistan y adopten medidas urgentes para garantizar los derechos de las más de 10 mil personas afectadas”, afirmó Marín Ortiz.

La Defensoría insistió en que el Estado debe asumir con prontitud su responsabilidad de proteger a la población civil y restablecer condiciones mínimas de seguridad, asistencia humanitaria y gobernabilidad en la región.