‘Guerra’ de cartas en la JEP: una magistrada y el presidente del tribunal se enfrentaron por el polémico viaje a un hotel boutique en Palomino

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vive días de máxima tensión por un reciente y polémico viaje a un exclusivo hotel en Palomino (La Guajira), frente a la primera línea de playa, donde la mayoría de los magistrados participó de un taller para tomar “decisiones estratégicas”. La invitación hecha a sus colegas por el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, desató una dura confrontación entre él y la magistrada Claudia López Díaz, quien le advirtió desde un primer momento la inconveniencia del encuentro en ese paradisiaco lugar, entre el 3 y 5 de abril, justo cuando el país cuestiona hoy a la JEP por su evidente falta de resultados.

SEMANA conoció en exclusiva el fuerte cruce epistolar entre Ramelli y López Díaz. La magistrada, en una primera carta fechada el 14 de marzo, dijo: “El encuentro no se corresponde con las necesidades más apremiantes de la JEP e implica el traslado de toda la magistratura para participar en esa actividad. Considero que su desarrollo y orientación pueden, por el contrario, ser contraproducentes en la coyuntura que atravesamos”.

“Invito a la reflexión sobre la pertinencia del enfoque del evento y que, en todo caso, se sugiera a quienes corresponde en la JEP no activar la figura de la suspensión de términos durante el encuentro, pues ello implicaría desfavorecer la urgente necesidad de agilizar todos los procesos para obtener los resultados (…) que reclama la sociedad colombiana”, señaló la magistrada.

Su comunicación a Ramelli fue enviada con copia no solo a los magistrados de la JEP, sino también a Steve Hege, director del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, por su sigla en inglés), y a Ángela Ramírez, directora ejecutiva de la iniciativa Barómetro en Colombia, del Instituto Kroc para Estudios de Paz, que monitorea la implementación del acuerdo con las Farc.

Ramelli no se quedó quieto y le envió una polémica respuesta a la magistrada López Díaz, el pasado 28 de marzo, con copia a los representantes de los institutos internacionales. De hecho, el Instituto de Paz está en la mira del Gobierno Trump en medio de los recortes gubernamentales por gastos considerados inoficiosos.

Ramelli se quejó ante su colega y le dijo: “El Reglamento General de la JEP establece que la vocería oficial recae exclusivamente en la Presidencia. Así las cosas, respetuosamente debo solicitarle que, en adelante, se abstenga de dirigir comunicaciones a actores internacionales en relación con los apoyos dirigidos a la entidad. La invito asimismo a que toda observación sobre los procesos en curso la comunique directamente a la Presidencia o al representante de su Sección ante el Órgano de Gobierno para valorar desde allí la forma más adecuada de darles trámite”.

Ramelli se molestó por las críticas de la magistrada López Díaz al polémico viaje a Palomino (La Guajira) y le dijo: “En mi condición de Presidente, como representante institucional de la JEP, tengo la responsabilidad de velar por la adecuada gestión de las relaciones con todos los actores internacionales, de manera que no se afecten estos vínculos ni la imagen institucional”.

Además de la respuesta a López Díaz, Ramelli le envió una comunicación por aparte al Instituto de Paz de Estados Unidos y al Instituto Kroc. “Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por la comunicación que en días pasados emitió la magistrada Claudia López Díaz y por cualquier inconveniente que esta haya podido ocasionar”.

Aunque el presidente de la JEP creyó a lo mejor que esa carta iba a llevar al silencio a su colega, ella le respondió en duros términos. El pasado 3 de abril, mientras Ramelli y la mayoría de los magistrados llegaba al hotel Naio en Palomino, donde una noche puede costar hasta un millón de pesos por persona, la magistrada le manifestó su “sorpresa” al presidente de la JEP por la comunicación que le envió.

Además, le dejó en claro que las funciones del presidente de la JEP se limitan a aspectos como “representar social e institucionalmente a la JEP” y ser el “vocero único”. Sin embargo, la magistrada López Díaz le dijo a Ramelli que eso “no puede implicar superioridad jerárquica sobre sus pares, como la suscrita, ni ninguna otra suerte de censura a las opiniones individuales de todos los demás colegas o alguna restricción para aceptar una invitación o establecer diálogo o comunicación, a título personal, con instituciones u organizaciones a nivel nacional o internacional”.

La magistrada López Díaz le advirtió a Ramelli: “Este derecho que tenemos los jueces en ejercicio de nuestra libertad de expresión se encuentra amparado en instrumentos y decisiones judiciales de organismos jurisdiccionales internacionales”. En ese sentido, la magistrada le puso de presente decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes casos en la región.

Luego, López Díaz le lanzó una advertencia al presidente de la JEP: “Me permito extenderle una amable invitación para que en lo sucesivo se abstenga, desde su posición de presidente de la JEP, de emitir comunicaciones amedrentadoras y descalificadores ante la comunidad internacional y al interior de la Jurisdicción, que implican una censura a la opinión personal de los magistrados respecto de asuntos relacionados con la JEP, por lo que le solicito que, aplicando los principios de la justicia restaurativa, me ofrezca las disculpas correspondientes y restaure mi buen nombre”. En concreto, la magistrada pide que esa restauración se dé ante Steve Hege, director del Instituto de Paz de Estados Unidos; Gabriel Rojas Andrade, director de Justicia Restaurativa de ese mismo organismo; Ángela Ramírez, del Instituto Kroc, y Josefina Echavarría Álvarez, directora de esa organización.

El choque interno en la JEP se da en momentos en que el tribunal no ha respondido como corresponde a los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas en Colombia. Ocho años después de su puesta en marcha, la JEP no ha expedido la primera condena contra las Farc y la Fuerza Pública. “Ni siquiera los han puesto a sembrar lechuga”, dijo un duro crítico de ese tribunal. Hasta ahora, la JEP solo ha concluido dos de los 11 macrocasos abiertos, relacionados con los secuestros de las Farc y los falsos positivos.

Llama la atención que el encuentro en Palomino se haya denominado “diálogo con expertos en justicia restaurativa para agilizar los procesos de toma de decisiones estratégicas en la JEP”. ¿No podían hablar de ese tema en Bogotá? SEMANA conoció que el encuentro en Palomino incluyó espacios para el ocio y el “autocuidado” frente a la playa, y actividades ancestrales, lo que desató un escándalo ante la opinión pública.

Igualmente, el cruce de cartas deja abierta la discusión sobre una presunta extralimitación en las funciones del presidente de la JEP y si realmente él ejerce como jefe de los demás magistrados, incluso, llevando a censurar opiniones, como lo planteó la propia magistrada Claudia López Díaz. Mientras en ese tribunal hay una ‘guerra’ interna de comunicaciones, ventiladas ante la propia comunidad internacional, las víctimas siguen clamando justicia y que la JEP no siga dilatando las investigaciones y actuando con un sesgo que hasta ahora ha sido notorio y que ha tenido al tribunal en el ojo del huracán.