Nación
Gobierno debe pagar subsidios de energía y gas; Procuraduría busca desenredar billonario desembolso
La sumatoria de lo adeudado por el Gobierno llega a 4,6 billones de pesos, pero llegaría a 7,6 billones si se tiene en cuenta la opción tarifaria.
El Estado colombiano lleva meses postergando el pago de los subsidios para estratos 1, 2 y 3 en los servicios de gas y energía. La falta de esta responsabilidad tiene en zozobra tanto a las empresas como a los usuarios, pues cada vez se habla más de la posibilidad de ‘cortar el chorro’ por no pago.
El panorama es grave, a tal punto que las empresas están a punto de dejar de prestar los servicios de luz y de gas, sin que haya decisiones de fondo del Gobierno, y lo único que ocurre es que, ante el incumplimiento, se tiran la pelota entre los ministerios de Hacienda y el de Minas y Energía.
Por ese motivo, la Procuraduría entró a mediar y llamó la atención por el no pago y la posibilidad de que se le corte el servicio a las personas más vulnerables de los estratos 1, 2 y 3, que son los subsidiados.
En el marco de una audiencia pública convocada por el Tribunal de Cundinamarca, el Ministerio Público hizo un llamado urgente a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas que eviten una crisis en la prestación de estos servicios fundamentales para los ciudadanos más necesitados.
“Es fundamental que se garantice la disponibilidad de recursos para cubrir los subsidios a los servicios públicos esenciales, actuando con rapidez y coordinación. La falta de estos recursos podría generar una crisis financiera en el sector, afectando la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables“, señaló la Procuraduría en su intervención.
Así mismo, se refirió a la creciente deuda con el sector energético, citando que, según la Contraloría y el Comité Intergremial, alcanzó $ 2,7 billones al cierre de 2024 y continúa en aumento durante 2025.
Esta situación amenaza la continuidad de la prestación del servicio para millones de colombianos y podría generar alzas tarifarias de hasta el 150 % o incluso la suspensión del servicio.
Además, recalcó la necesidad urgente de coordinación entre los ministerios de Hacienda, y de Minas y Energía para garantizar los recursos y realizar los giros correspondientes. Dado que, según datos oficiales, la deuda reconocida con empresas comercializadoras ya supera $ 1,9 billones.
Como medida para asegurar transparencia, la delegada para asuntos ambientales, mineroenergéticos y agrarios recomendó al Tribunal solicitar un reporte detallado de pagos y valores pendientes.
