Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá

Desde hace dos semanas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra cumpliendo en su domicilio la condena de doce años que le impuso la jueza 44 de conocimiento de Bogotá al encontrarlo responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La defensa del exmandatario instauró una acción de tutela en la que cuestiona la medida privativa de la libertad, al considerarla totalmente injustificada puesto que el expresidente siempre se defendió en libertad y no cuenta con ningún tipo de antecedente penal, disciplinario o fiscal.

Por esto, pidió que se protejan los derechos fundamentales de dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad que considera gravemente vulnerada con la decisión que leyó la jueza el pasado primero de agosto.

El estudio de la tutela ha tenido varios episodios puesto que el magistrado ponente Ramiro Riaño Riaño se declaró impedido, dado que su compañera sentimental fue designada en un cargo en la Fiscalía General durante la administración de Eduardo Montealegre, una de las víctimas reconocidas en el caso Uribe.

El caso pasó a conocimiento de otro magistrado que ordenó la práctica de pruebas para tomar una decisión de fondo. Sin embargo, este miércoles se conoció “un conflicto de reparto” debido a varias acciones judiciales que se han presentado para pedir la nulidad de la detención domiciliaria.

Por esto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá tendrá que resolver en los próximos días si hay acumulación de tutelas y, de ser afirmativo el debate, quién deberá resolver de fondo estas acciones judiciales.

Este miércoles, casualmente, se radicó también ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia. En el documento, firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, se manifiesta que se debe declarar la nulidad del proceso.

“La condena proferida al doctor Álvaro Uribe Vélez es equivocada e injusta, en tanto la realidad procesal da cuenta de que no se acreditó la supuesta determinación, ni tampoco se demostró la ocurrencia de los delitos”, concluye.

En otro de los apartes se pide la libertad inmediata del exmandatario pues no existe un sustento jurídico que permita inferir que representa un peligro para la sociedad o que puede afectar el desarrollo del proceso penal.

“En manifestación de lo que es justo, la condena debe ser revocada y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida [...]. Independientemente de lo que se determine, la libertad del doctor Uribe debe ser reestablecida con el pronunciamiento de segunda instancia, pues no existe necesidad de que esté detenido, como equivocadamente lo ordenó la primera instancia, mientras el fallo cobra firmeza”, añadió.