Funcionarios del ICBF están siendo indagados nuevamente por la Procuraduría por presuntas irregularidades; esto es lo que se sabe

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por presuntas irregularidades en el proceso de selección meritocrático para la provisión de cargos directivos en diferentes regiones del país.

Esta actuación disciplinaria busca establecer si se presentaron anomalías en el concurso público, abierto y por mérito, que debía garantizar transparencia e igualdad de condiciones a los aspirantes.

Según lo informado por el ente de control, los hechos investigados estarían relacionados con posibles fallas en la conformación de las listas de candidatos, así como con la exclusión injustificada de aspirantes en etapas definitivas del proceso.

En particular, se verifica si se vulneró el principio de confianza legítima de 2.023 personas que fueron admitidas durante la vigencia 2023 y que, presuntamente, no fueron convocadas a la entrevista final, paso determinante para la designación de los nuevos directivos del ICBF en todo el territorio nacional.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción fue la encargada de ordenar la práctica de las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y establecer si estos configuran una falta disciplinaria por parte de los funcionarios involucrados.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la solicitud de documentos internos, los criterios utilizados para la evaluación de los aspirantes, así como testimonios de los responsables del proceso de selección.

El Ministerio Público también busca determinar si hubo omisiones, manipulaciones o decisiones arbitrarias que afectaran el normal desarrollo del concurso y perjudicaran a los participantes que esperaban a ser evaluados con base en méritos objetivos.

Hasta el momento, el ICBF no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso investigativo ni sobre las presuntas fallas señaladas por la Procuraduría.

Sin embargo, este tipo de señalamientos pone en entredicho los principios de igualdad, objetividad y transparencia que deben regir los procesos de selección en la administración pública.

La Procuraduría, por su parte, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los principios de meritocracia y legalidad en la designación de cargos públicos, y aseguró que continuará avanzando con rigor en la verificación de responsabilidades, respetando el debido proceso y los derechos de los funcionarios investigados.