Fuerte reclamo al juzgado que no protegió a una reclusa tras denunciar abuso sexual por parte de guardias del Inpec

A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le tocó meterse en el engorroso proceso que ha vivido Andrea Valdés, la reclusa que denunció abuso sexual por parte de guardias del Inpec en Medellín, solicitó traslado a un centro de reclusión fuera de la custodia de esa entidad y el Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá le terminó dejando esa decisión al Instituto Nacional Penitenciario, donde pertenecen sus presuntos agresores.

SEMANA conoció el acta que el pasado 8 de julio expidió el magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema, llamándole la atención a dicho juzgado para que tome medidas y garantice el debido proceso, la dignidad humana y el acceso a la administración de la reclusa que permanece en la cárcel el Buen Pastor, en Bogotá, custodiada por el Inpec.

El documento expone que esa función de los jueces se debe activar por: “Las deficientes medidas de seguridad al interior del penal que ponen en entredicho la vida e integridad personal de los internos, entre otros eventos, frente a lo cual el juez de tutela no puede mostrarse indiferente”.

Esta historia arrancó cuando Andrea Valdés fue condenada por homicidio y terminó recluida en la cárcel El Pedregal, en Medellín, donde habría sido víctima de abuso sexual por parte de dos guardias del Inpec, quedó embarazada y trataron de obligarla a abortar. Así fue como terminó trasladada al Buen Pastor.

El abogado Felipe Alzate, representante de la reclusa, le solicitó al Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá, una sustitución de la medida de aseguramiento que fue negada y acudió a una petición de traslado a un sitio de reclusión fuera de la custodia del Inpec.

El caso terminó llegando a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que le dio cinco días al director del Inpec para que trasladara a Valdés al lugar que estaba solicitando, pero la entidad respondió que el Centro de Facativa o la Estación de Carabineros, eran lugares de reclusión de la fuerza pública en los que no tenían competencia.

Por eso, la Corte concluyó: “Tanto el juzgado ejecutor como el Tribunal omitieron el análisis de la situación, dejando desprotegida a una víctima directa de violencia institucional”.

Para el magistrado Chaverra fue evidente la “situación especial” de Valdés, pues, además de las vulneraciones de sus derechos durante el tiempo de reclusión, las autoridades judiciales también se negaron en intervenir para salvaguardar “su vida, dignidad e integridad personal”.

“En este caso, el juzgado ejecutor y el Tribunal, en su decisión, habilitaron al INPEC para resolver la petición de traslado, pese a que es la misma institución sobre la que se adelanta una investigación penal donde la accionante funge como víctima”, dice el documento conocido por esta revista.

Ahora el Juzgado Trece de Ejecución de Penas de Bogotá tiene cinco días para que se pronuncie de fondo sobre la solicitud de traslado de Andrea Valdés, quien lleva desde el mes de mayo esperando que su custodia deje de estar en manos del Inpec, donde seguirían trabajando sus victimarios.