“Fue un error”: la sustentación para pedir archivar el caso contra fiscal que entregó tarde escrito de acusación a implicados en “chuzadas” a Marelbys Meza

El 13 de noviembre de 2023, la entonces Fiscalía General, al mando de Francisco Barbosa y Marta Mancera, emitió un comunicado tajante sobre la investigación que se adelantaba por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza: “(Se) llegará hasta las últimas consecuencias a nivel judicial en este caso”.

Esto, tras anunciar la apertura de una investigación en contra de la fiscal delegada del CTI de Bogotá, Ángela María Santana, “por un presunto acto de corrupción”, al presentar tarde el escrito de acusación en contra de un agente de la Dijín de la Policía y una fuente humana que habrían participado activamente en las “chuzadas” a la exniñera de Laura Sarabia.

“La mencionada funcionaria dejó vencer los términos en el caso de Rafael Ricardo Santos Fuentes y Alexander Gómez Bustamante, por cuanto se radicó el escrito de acusación el día 9 de noviembre, cuando debió hacerlo cuatro días antes”, enfatizaba la comunicación, al citar que existía evidencia sobre una irregularidad.

Las palabras no eran menores. Se trataba de un claro caso de sabotaje al interior de la Fiscalía General, en una de las investigaciones que vinculaban a funcionarios de la más alta confianza y cercanía del presidente Gustavo Petro.

Un año y medio después de ese anuncio, SEMANA conoció que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo le pidió a una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá cerrar la investigación. ¿Cuáles son los argumentos?

Pese a que durante cinco minutos se presentó la hoja de vida de la fiscal Ángela María Santana, sus estudios profesionales y su experiencia en el ente investigador al frente de varios casos de connotación nacional, en la solicitud de prescripción se señaló que ella no tenía conocimiento claro de los tiempos que tenía para presentar el debido escrito de acusación.

“No actuó dolosamente”

Teniendo en cuenta la gran carga laboral y el hecho que la fiscal Santana había tenido cargos en las unidades contra la Corrupción y Hurtos de Bogotá, no existía un conocimiento claro sobre el hecho que en estos casos de connotación nacional el tiempo para presentar el escrito de acusación es de 60 días y no de 90, como pasa en la mayoría de los casos.

“Lo que se acredita en este caso es que actuó bajo una errada convicción de que el término para presentar dicho escrito fenecía en una fecha posterior”, añadió en su argumentación.

“Pues bien señores magistrados, los elementos allegados a esta indagación permiten a la Fiscalía afirmar que el comportamiento de la doctora al desatender ese deber funcional fue realizado sin conciencia de su ilicitud y sin el propósito deliberado de transgredir esta obligación”, dijo.

Al sustentar la prescripción de la investigación, la fiscal recordó que cuando fueron notificados de la petición de libertad de los dos procesados, se realizaron todas las acciones pertinentes para corregir la situación radicando el escrito de acusación que ya tenían bastante adelantado.

“Hubo mucho estrés debido a esa delicada situación, porque era un asunto, como el que manejaban, de connotación nacional y eso causó gran aflicción en la funcionaria, es decir, la doctora Santana”, relató la fiscal, al citar la declaración del asistente del despacho. “Descartó cualquier actuar doloso o con visos de corrupción por parte de esta funcionaria”, reiteró.

En resumidas cuentas se asevera que todo se trató de una “equivocación” en la contabilización de los tiempos y términos. “El retardo no fue producto del capricho, o de la arbitrariedad, tampoco existió un propósito deliberado o una resistencia dolosa para cumplirlo”.

A esto se le suman las funciones administrativas y misionales que tenía la fiscal: “se conforma que el volumen de trabajo era considerable, que había muchos viajes y requería mayor complejidad a la hora de coordinar las actividades en un despacho”.

En los próximos días se definirá si el Tribunal Superior de Bogotá avala o no esta solicitud de prescripción, frente a la cual el representante de la Procuraduría y los abogados de Marelbys Meza no se opusieron.