Nación
Fiscalía pedirá cárcel para Nicolás Petro en la nueva imputación por corrupción
El ente acusador imputará cargos por interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
La novela judicial para Nicolás Petro está lejos de acabar. El hijo del presidente Gustavo Petro estaba por llegar a la etapa final de su proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cuando la Fiscalía lo notificó de otro proceso, ahora por corrupción, que lo puede regresar a la cárcel.
El ente acusador radicó una solicitud de imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. La Fiscalía investiga la presunta comisión de hechos relacionados con corrupción cuando era diputado del departamento del Atlántico.

En la misma diligencia, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario, ni siquiera de detención domiciliaria. El ente acusador pretende llevar, nuevamente, a la cárcel al hijo del presidente de la República, por considerar que representa un peligro para el proceso y que es necesario mantenerlo privado de la libertad.
En otras palabras, Nicolás Petro, que se defiende a capa y espada de la acusación de la Fiscalía, ahora tendrá que arrancar con una nueva estrategia para desbastar el proceso por hechos de corrupción. La fiscal del caso tiene en su poder los documentos que advierten cómo Nicolás Petro, al parecer, terminó enredado en presuntas irregularidades con contratos.
SEMANA conoció detalles de lo que será la nueva imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Se trata de informes de Policía Judicial que explican la forma en la que se firmaron millonarios contratos entre la Gobernación del Atlántico y la fundación Conciencia Social, supuestamente, para beneficiar adultos mayores y niños con discapacidad.
“Derivadas de su actividad económica, si no, por el contrario, injustificadas y provenientes del enriquecimiento ilícito entregado incluso por algunas personas y no relacionadas con su rol de diputado, como es el caso del señor Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega, Jorge Robayo”, dijo el fiscal Mario Burgos, en enero de 2024.
Los informes revelan cómo esos contratos, celebrados por más de 3.000 millones de pesos, se convirtieron en una estrategia corrupta para desviar los recursos públicos y dejarlos en manos de particulares. La Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba que serán aportados durante la imputación de cargos.
“Cabe resaltar que el contratista en cuatro de los cinco resultados encontrados es la Fundación Conciencia Social, mientras en el contrato correspondiente se trata de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal y cuya dirección, la cual también se entrega anexa. Cabe indicar que la dirección referida corresponde con la misma ubicación de la Fundación Conciencia Social, en la ciudad de Barranquilla”, explica el informe de la Fiscalía.
La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó fijada para el próximo primero de octubre a las 9 de la mañana, de manera virtual y los juzgados de control de garantías de la ciudad de Barranquilla. En esta audiencia, el ente acusador revelará los elementos de prueba que tiene en contra del hijo del presidente.