Fiscalía investiga presunta corrupción en Air-e y tiene en la mira a exinterventores de la empresa

En las últimas horas se conoció un documento de la Fiscalía General de la Nación donde solicita información a la empresa Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para revisar a fondo una presunta corrupción.

El ente acusador adelanta la investigación contra los exinterventores de Air-e por presunto hurto de mayor cuantía, mientras la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejecutó un sorpresivo relevo al frente del proceso de intervención, tras recibir un informe sobre posibles actos de corrupción.

El 25 de abril de 2025, mediante orden de Policía judicial, la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial tomó varias decisiones para revisar las presuntas irregularidades. Se revisarán los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados y el flujo de caja ejecutado.

“Solicitar a AIR-E S.A.S. E.S.P. la entrega de los estados financieros correspondientes al periodo de la intervención (septiembre - octubre de 2024), incluyendo informes de ingresos y egresos, estados de flujo de efectivo, balances de costos operativos y reportes contables que permitan evaluar el impacto financiero de la intervención”, dice el documento de la Fiscalía.

Se agrega que: “Solicitar a la administración de AIR-E copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención, especificando criterios de selección, funciones asignadas y costos laborales asociados”.

Además, se solicitó a Interaseo S.A.S. “copia del acuerdo de pago celebrado entre AIR-E, junto con la documentación soporte que justifique la transacción, incluyendo comunicaciones previas sobre la deuda en litigio”.

Una de las dudas existentes, según la información que tienen en su poder las autoridades, es el pago de más de 148 mil millones de pesos a la empresa Interaseo por una deuda que aún está en litigio.

Según fuentes cercanas al proceso, el superintendente de Servicios Públicos recibió un informe reservado donde se evidenciarían las presuntas irregularidades que se habrían cometido. La denuncia fue trasladada a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, encabezada por Andrés Idárraga.

Márquez retiró al interventor vigente, supuestamente cercano al ministro de Minas Edwin Palma, y designó en su lugar a Nelson Javier Vásquez, exsecretario general del Ministerio de Minas, con trayectoria en el sector energético. Vásquez, quien había sido apartado de su cargo por el propio Edwin Palma durante su paso por la cartera, ya había sido nombrado interventor del Acueducto de Yopal, aunque no alcanzó a posesionarse.

En todo caso Air-e ha tenido tres interventores en menos de un año y esa situación ha generado preocupación al ser una muestra de inestabilidad. Además, se asegura que Palma mantiene, en la sombra, el control de la empresa y eso ha generado molestia.

Fuentes aseguran que el hoy ministro de Minas seguía controlando la empresa intervenida a través de Diego Acosta, quien fungió como secretario general cuando Palma fue interventor.

Ante los crecientes rumores de presuntas irregularidades, la interventoría que dejó Palma tiene la lupa y se deberá explicar el manejo de recursos y giros que han tenido desde que fue intervenida Air-e. Esto incluye la administración de Carlos Diago, Diana Bustamante y Edwin Palma.

En diciembre de 2024, el abogado Jaime Lombana presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el entonces agente interventor Carlos Diago señalado por presuntas desviaciones de recursos públicos, favorecimiento indebido a acreedores privados y una gestión que agravó la crisis financiera de la empresa.

Supuestamente los interventores habrían desviado los recursos recaudados hacia pagos cuestionables, contrataciones sin control y decisiones administrativas que desestabilizaron aún más a la compañía de energía.

Las autoridades determinarán si las denuncias que se han hecho son ciertas y se conocerá el futuro de Air-e.

Sectores aseguran que estos presuntos hechos de corrupción podrían generar un apagón generalizado y un colapso en el sistema eléctrico de la Costa Caribe.