Fiscalía dice que Sandra Ortiz ofrece información “confusa y contradictoria”; exconsejera tiene pruebas contra el magistrado Vladimir Fernández

Este miércoles, luego de que SEMANA revelara que Sandra Ortiz tiene en su poder información que comprometería al magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, la Fiscalía salió a refutar la credibilidad de la exconsejera presidencial para las regiones. Según el ente acusador, ella tiene información “confusa y contradictoria”, pero en el escueto comunicado no se explica por qué la califican así.

Este medio conoció que la Fiscalía ha recibido evidencias según las cuales, presuntamente, los 3 mil millones de pesos que se le habrían dado al entonces presidente del Senado Iván Name tendrían doble finalidad: por un lado, agilizar el trámite de las reformas de Petro; y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. La Fiscalía podría compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara, dado el fuero de Fernández.

El ente acusador confirmó que —efectivamente— se encuentra en “acercamientos” con la exconsejera del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en esa negociación, la exfuncionaria pedía una inmunidad total por las revelaciones que pretendía entregar, un asunto que fue rechazado de plano por las delegadas de la Fiscalía.

“En desarrollo de esta actividad, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible negociación judicial y obtener nuevos elementos materiales probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos”, señaló la Fiscalía.

Lo que sí advierten desde la Fiscalía es que buena parte de la información que ha pretendido revelar Sandra Ortiz, en esos acercamientos con el ente acusador, no cuenta con el suficiente material probatorio que demuestre la veracidad de sus afirmaciones. La mayoría están basadas en supuestos y dichos que no pueden ser corroborables, por tanto, no pueden tomarse como evidencia en un evento al juicio.

“Ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales… Y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, señaló la Fiscalía.

Lo que llama la atención, de acuerdo con los delegados de la Fiscalía, es que tras negar la petición de otorgar una inmunidad total para Sandra Ortiz, ella misma advirtió que revelaría públicamente todo lo que sabe de los acercamientos con el ente acusador, una especie de presión que fue anticipada por las fiscales y que ahora se pone en conocimiento.

“Ante esta situación, la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, advirtió el ente acusador.

Sandra Ortiz estaba detrás de un principio de oportunidad, para salvarse de los delitos que fueron imputados por la Fiscalía, esto es, lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, por los cuales —según el ente acusador— está próxima a ser acusada ante la sala a un juicio.

Sin embargo, más allá del pulso y la negociación con Sandra Ortiz —conocida como “la mensajera” en este escándalo, por haber sido quien supuestamente entregó 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name—, queda la duda de por qué la Fiscalía no avanza en la negociación.

Lo que es claro es que en este tipo de acuerdo, la exigencia es que el imputado presente información nueva y valiosa sobre los hechos. En este caso, es absolutamente nuevo en el escándalo por el saqueo a la UNGRD el nombre del magistrado Vladimir Fernández.

Vale la pena recordar que Fernández era el secretario jurídico de la Casa de Nariño, su elección se dio por el Senado de la República y coincidió con el escándalo de corrupción.

La última palabra la tiene la Fiscalía, que será la encargada de evaluar las pruebas y lo dicho por Ortiz en la negociación. Sin embargo, en su comunicado no deja claro por qué califica la información y pruebas presentadas por Sandra Ortiz como “confusa y contradictoria”.