Expertos acusan al Gobierno Petro de permisividad y pérdida de soberanía tras conocer informe de SEMANA en la frontera con Ecuador

La investigación de SEMANA sobre la forma en que el país ha perdido control en la frontera con Ecuador, que hoy está bajo el dominio de una peligrosa red criminal que amenaza la soberanía nacional, ha causado preocupación y debate entre políticos y analistas.

Varias figuras públicas han reaccionado ante las pruebas que demuestran que la zona limítrofe se ha convertido en un territorio sin ley. Una de ellas es el exfiscal Francisco Barbosa, quien acusó al presidente Gustavo Petro, de dejar un “legado de muerte y destrucción”.

Barbosa aseguró que la denuncia presentada por SEMANA es “aterradora”, por lo que calificó como una cortina de humo del Gobierno el conflicto que ha empezado con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el Amazonas. “Mientras Petro distrae al país con un conflicto absurdo con Perú, la frontera con Ecuador se convirtió en un nido de narcotraficantes que delinquen a sus anchas, bajo la mirada permisiva del Gobierno”, insistió.

Expertos como el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, señalan que lo que ocurre hoy en la frontera con Ecuador es el resultado de un Gobierno permisivo con el crimen y la delincuencia. “Que hoy, a lo largo de más de 500 kilómetros de frontera con Ecuador, los vándalos impongan sus propias reglas y sometan a la población civil, es evidencia de que este desgobierno ha permitido que las estructuras criminales sustituyan al Estado, tanto allí como en otras regiones del país”, precisó.

Para Ruiz hoy se evidencia un patrón de descontrol del Estado en zonas como el Catatumbo (frontera con Venezuela), el Darién (hacia Panamá) y la Amazonía (hacia Brasil y Perú). “Este Gobierno de manos cruzadas está perdiendo control territorial en nuestras fronteras y sitios estratégicos, permitiendo allí la captura de rentas ilícitas por parte de disidencias, ELN y redes transnacionales como el Tren de Aragua, cuya presencia y operaciones han sido documentadas por investigaciones periodísticas y confirmadas por fuentes de inteligencia en Colombia y Ecuador” enfatizó.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), destaca que el informe de SEMANA no cae en la idea de que las organizaciones criminales solo se dedican a la producción y tráfico de cocaína, sino que también están involucradas en la explotación ilegal de oro, como ocurre en la frontera con Ecuador, además de la extorsión y el secuestro.

“Esa zona del país, al igual que el Catatumbo y el bajo Cauca antioqueño hoy concentran disputas entre el crimen organizado, lo cual explica la violencia tanto en Putumayo como el Nariño y el Ecuador y evidencia la presencia de organizaciones transnacionales criminales con vínculos en Venezuela, México y Ecuador, que buscan establecerse allí”, reitera Restrepo.

El representante Juan Espinal cree que el informe de SEMANA demuestra que al presidente Gustavo Petro no le importa la seguridad de Colombia. “El debilitamiento institucional de la fuerza pública es completamente preocupante y lo único que genera es un fortalecimiento de las estructuras criminales”, puntualiza y agrega que la paz total ha acentuado esta problemática con el robustecimiento de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

“Aquí, además de la seguridad del país, está en riesgo la soberanía de Colombia. Aquí no se le puede hacer un llamado a nadie porque nadie escucha. Al ministro de la Defensa le encantan las ruedas de prensa, la corbata y el micrófono desde Bogotá porque no ha tenido la capacidad de operar a nivel nacional. Preocupa, además, que 800 municipios hoy estén bajo el control de estructuras criminales, las mismas que están teniendo el control de nuestras fronteras con otros países”, lamenta el parlamentario.

De la misma manera, el senador Carlos Fernando Motoa publicó en su cuenta de X un mensaje en el que asegura que, en la frontera con Ecuador, la ilegalidad avanza y las fuerzas de seguridad de ambos países enfrentan serias dificultades para actuar, por efecto de la paz total y el descuido en la lucha contra el narcotráfico. “Se trata de una pérdida de soberanía sin precedentes que amenaza nuestra defensa e integridad territorial”, enfatizó.