Exgobernador de Arauca fue condenado por corrupción y pidió prisión domiciliaria: “Mi hijo requiere apoyo para que lo oriente”

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, por un caso de corrupción que se relacionó con un contrato para dotar de mobiliario escolar los colegios del departamento de Arauca.

En medio de la audiencia en la que se conoció la decisión en su contra, Castillo manifestó: “De la manera más respetuosa les solicitó que me permitan estar con mis hijos, con mi familia, sobre todo con mi hijo adolescente, quien requiere el apoyo de su padre para que lo oriente y pueda ser una persona de bien el día de mañana”.

El exgobernador de Arauca permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, y la Corte precisó en el fallo condenatorio que deberá seguir privado de la libertad, cumpliendo la sentencia que pesa en su contra por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En los próximos días, la Corte definirá el monto de la pena.

La Corte Suprema de Justicia confirmó en la decisión que durante la investigación contra Facundo Castillo, se pudo evidenciar una serie de irregularidades en las cotizaciones que presentaron los oferentes a dicho contrato, y hasta advierte el fallo: “Lo que lleva a inferir que los valores registrados son acomodados”.

“El estudio previo no estuvo precedido de análisis serios, completos y rigurosos orientados a determinar costos, valores y precios reales de mercado, con lo que se habría violado el deber de planeación en consonancia, los principios de transparencia, economía y responsabilidad”, explicó esa corporación en la sentencia.

La Corte también advirtió que el estudio de mercado de ese negocio se realizó con dos cotizaciones “falsas”, se limitó la participación de oferentes y se exigió la concurrencia del proveedor en ciertas actividades y 12 años de experiencia. El contrato superaba los siete mil millones de pesos.

El fallo también puntualizó: “Basado en el promedio de los precios del mercado obtenido a partir de tres cotizaciones, se soportó en al menos dos apócrifas, por lo que no cabe duda de que el estudio previo que precedió el proceso contractual vulneró el deber de planeación en consonancia con los principios de transparencia, economía y responsabilidad".

Para la justicia fue un “requisito desproporcionado” el pliego de condiciones para ese contrato, y por eso, Castillo terminó condenado y, por ahora, seguirá en la cárcel. La Corte Suprema absolvió al exgobernador del delito de peculado por apropiación.