Nación
Excorregidora de Bogotá terminó condenada por escándalo con millonario predio donde queda el famoso Palo del Ahorcado
Luz Elena Guerra recibió sanción en primera instancia de la Procuraduría por un caso que involucra un megalote avaluado en 80.000 millones de pesos.
Un juez de la República condenó en primera instancia a la excorregidora de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, Luz Elena Guerra, después de que terminó involucrada en un escándalo de volteo de tierras en un megalote avaluado en más de $80.000 millones, donde está ubicado el famoso Palo del Ahorcado, un sitio especial para cientos de feligreses en la capital del país.
En medio de la diligencia, el juez argumentó: “La Fiscalía General de la Nación logró llevar al estrado judicial a un conocimiento más allá de toda duda razonable respecto a los hechos jurídicamente relevantes como las circunstancias, así también como la responsabilidad penal de la acusada”.
La Fiscalía llevó a la justicia a Guerra con una acusación por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad en documento público. Para la justicia, todas las conductas se lograron establecer.
“El sentido del fallo dentro de la presente actuación es de carácter condenatorio y será, pues, obviamente en la sentencia en donde se exponga las razones por las cuales el estrado judicial consideró que se llegó a ese conocimiento más allá de toda duda razonable con el correspondiente análisis de las pruebas practicadas”, explicó el juez dentro de la diligencia.
Este no es el primer fallo en contra de Luz Elena Guerra, pues a principios de este año, la Procuraduría la sancionó en primera instancia al estar involucrada en el escándalo de volteo de tierras, que terminó hasta con un narcotraficante, la SAE y la propia Fiscalía salpicada. La exfuncionaria apeló la decisión.
Tanto a Guerra como a Jessica Montaña, quien era su auxiliar administrativa en la Corregidora Rural de Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar, se les ha investigado por supuestamente tramitar irregularmente la entrega de los predios a un ciudadano que alegaba ser el legítimo propietario de los megapredios.
Eduardo Romano, quien alega con documentos ser propietario de esas tierras, acudió a la firma de abogados Alzate Hernández para denunciar las irregularidades que se habrían presentado con dichos inmuebles.
De hecho, Simón Hernández, abogado de Romano, aseguró durante la audiencia condenatoria contra la excorregidora: “Es claro que la pena debe partir del delito más grave, en este caso el delito de prevaricato por acción, que contempla una pena máxima de 144 meses y, lógicamente, aumentar por los otros dos delitos hasta cierto tanto sin que pueda sumarse aritméticamente”.
En los próximos días, se conocerá el monto de la condena contra Guerra, quien ha sido señalada por la justicia como la responsable de emitir una resolución que contradijo las pruebas y actuaciones del proceso de tierras, violando principios como la congruencia, la adecuada valoración probatoria y la vulneración al debido proceso.
