Exclusivo: un audio de la fiscal del caso UNGRD advierte que se avecinan imputaciones contra los alfiles del presidente Gustavo Petro

En medio del escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se ha dado un tire y afloje entre la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz y la Fiscalía por los beneficios judiciales que recibiría a cambio de la colaboración con la Justicia, se dio una reunión de alto nivel en la que se habló del motivo por el cual le cerraron la puerta a un principio de oportunidad. También se ventilaron los avances en la investigación con una conclusión demoledora: en pocos días, el coletazo golpeará el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.

SEMANA tiene en su poder los audios de esa reunión de altísimo nivel entre los investigadores que llevan el caso de corrupción en la UNGRD, dirigida por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia María Cristina Patiño, quien es la cabeza de este proceso. El asunto es claro, la guardia pretoriana del primer mandatario será imputada en pocos días.

Se escucha en los audios incluso el momento en que será la imputación del excompañero de armas en el M-19 y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, de quien hoy se desconoce su paradero, salió del país desde el 2 de noviembre y nunca regresó, tal como lo documentó este medio.

En la lista también está el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien acompaña a Petro desde la Alcaldía de Bogotá y ha sido uno de los pocos funcionarios que el presidente ha salido a defender, pese a las contundentes pruebas en medio del saqueo a la UNGRD. También está el cuestionado exdirector de Función Pública César Manrique Soacha, quien acaba de ser condenado por corrupción por la compra de un centenar de motos eléctricas para la Policía, en la alcaldía de Petro.

“Nos vamos a ir con la prueba que tenemos de Olmedo (López) y Sneyder (Pinilla) y la prueba técnica que nosotros hemos podido recoger: georreferenciaciones, celdas y otros testimonios para la imputación de Carlos Ramón y de (Iván) Name, que eso le corresponde allá a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Instrucción, pero, como se pueden dar cuenta, consideramos que esta fase ya está armada”, se escucha en los explosivos audios en poder de SEMANA.

Tal como lo advierte la fiscal María Cristina Patiño, la colaboración de López y Pinilla ha sido la clave para desnudar la red corrupta del círculo más cercano de Petro y, en el caso del expresidente del Senado Iván Name, quien es aforado por su condición de congresista, todo el material probatorio será enviado a la Corte Suprema de Justicia para que desde el alto tribunal se tomen las decisiones. Lo propio deberá pasar con el expresidente de la Cámara Andrés Calle.

En medio del diálogo con los funcionarios, la fiscal Patiño explica que en el caso son cuatro etapas: contratación, maquinaria amarilla, Agencia Nacional de Tierras (ANT) y contratación del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. “Permítame decir lo siguiente, el macrocaso estuvo organizado en cuatro sucesos: el primer suceso es la contratación, o sea, la defraudación de recursos de la UNGRD derivadas de la contratación con las empresas de Luis Eduardo López Rosero, en ese primer suceso estaban Olmedo, Sneyder, Luis Eduardo López Rosero, Pedro Rodríguez Melo, Luis Barreto Gantiva, y estaban también Iván Name, Andrés David Calle, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, porque parte de los recursos se dirigieron a él, entonces ese es el primer suceso. El segundo suceso fue la contratación y alquiler de maquinaria amarilla con la empresa MaquiSabana Rental”, advierte la fiscal Patiño.

Pero la investigación sigue con otros dos “macrocasos” importantes relacionados con el saqueo a la UNGRD. “El tercer suceso era la contratación realizada con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras; y el cuarto suceso es la contratación intervenida o intermediada por el Ministerio de Hacienda”.

Como ha revelado SEMANA, la Fiscalía sigue cuidadosamente los pasos de Carlos Ramón González, se han determinado con exactitud las reuniones o “cónclaves” con Olmedo López y Sandra Ortiz en las que habría dado las órdenes, los Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) de dinero, los movimientos migratorios, y ha sido duramente señalado por López y Ortiz, ahora como testigos.

El otro alfil del presidente Petro que está contra las cuerdas es el exministro Bonilla, comprometido, en voz de la fiscal Patiño, en el cuarto macrocaso que tiene que ver con “la contratación derivada del Ministerio de Hacienda”, que habría sido entregada a congresistas de la Comisión de Crédito Público, a cambio de que votaran de manera favorable los empréstitos de la nación. En este caso, fue clave la confesión de su exasistente María Alejandra Benavides, pero se refieren a muchas más pruebas.

“También viene la imputación del cuarto suceso, de María Alejandra Benavides, nosotros ya tenemos fecha, el 8 de mayo, a las nueve de la mañana, vamos a imputarla. Con ella pactamos un principio de oportunidad. Ella, pues ustedes saben, fue la persona que estuvo dispuesta a declarar contra el ministro Bonilla, pero nosotros tenemos muchas pruebas más de otras personas que también señalan el conocimiento que él tuvo, y una vez se consolide la imputación de María Alejandra Benavides vamos a tramitarle su principio de oportunidad para viabilizar esas declaraciones y proceder a imputar al ministro Bonilla”, se advierte de voz de la fiscal Patiño, que anticipa durísimas decisiones judiciales.

Y agrega la fiscal: “Vamos a imputar a María Alejandra Benavides, para ir adelantando, porque ya con ella tenemos consolidado el principio de oportunidad. Entonces, para ir adelantando ese principio de oportunidad y pues seguir impulsando el proceso contra el ministro Bonilla”. Es contundente, en pocos días tendría que haber una imputación contra el escudero del presidente Petro en materia económica.

El tercero de los miembros de la guardia pretoriana del presidente es el recién condenado César Manrique Soacha, quien estaría directamente relacionado con el traslado de más de 100.000 millones de pesos desde la ANT a la UNGRD, entidad en la que es más fácil “sacar el dinero”, pues solo se requiere una acreditación de una situación de emergencia para disponer del presupuesto.

“Son los contratos realizados con los 100.000 millones de pesos, trasladados desde la ANT. Vamos a imputar a ocho personas. ¿Quiénes son? César Manrique, otros contratistas particulares (…) todas estas personas y unos funcionarios de la UNGRD, no de la ANT”, se escucha en el audio al que tuvo acceso SEMANA.

Agrega que “la segunda fase es el tercer suceso de la macroinvestigación, es decir, lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras. Entonces les contamos: ahí vamos a imputar a ocho personas. Yo, por favor, les pido que guardemos la reserva. Esta es la primera vez que socializamos, vamos a imputar a ocho personas”, reitera la fiscal.

SEMANA ha publicado que, gracias a la colaboración del exsubdirector de la UNGRD Luis Carlos Barreto, se ha conocido cómo Manrique Soacha habría sido el encargado de coordinar la entrega de las coimas obtenidas del presupuesto de la ANT y que habrían sido entregadas en efectivo, en los baños de un importante centro comercial de Bogotá, entre el 10 y el 11 de enero de 2024.

Hay otro capítulo en la investigación que no será llevado por la fiscal Patiño, y es el que tiene que ver con la maquinaria amarilla para La Guajira. Este caso será llevado por la Fiscalía Delegada contra la Corrupción. El motivo, explica la fiscal María Cristina Patiño, es que no hay aforados comprometidos.

“No vamos a trabajar MaquiSabana (Rental S. A. S.) porque en los elementos que hemos recaudado para MaquiSabana no tenemos un aforado (…) ni tampoco hemos logrado acreditar que hubo algún detrimento patrimonial del Estado, porque aunque el servicio se prestó, no se pagó (…) ya se envió a la Dirección Nacional Anticorrupción, y con ellos vamos a trabajar apoyándonos”, afirma la fiscal.

La reunión se convocó en medio del enfrentamiento de la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz contra la Fiscalía por la solicitud de principio de oportunidad con inmunidad total, que fue solicitado por la defensa de Ortiz, pero que el ente acusador rechazó argumentando que la información era “confusa y contradictoria”.

Sin embargo, SEMANA ha revelado escandalosas pruebas en las que quedaría en evidencia la participación de Ortiz en la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo para el expresidente del Senado Iván Name, y que también comprometería el apoyo para la elección del entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, como magistrado de Corte Constitucional, como finalmente se dio.

No es de poca monta lo que ha contado Ortiz, e incluso habría otro dato explosivo de por medio: se trata de la posible participación del mismo Vladimir Fernández en la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación.

Sin embargo, la fiscal Patiño justifica el portazo que le dieron a Ortiz: “Nos sentimos presionados, nos sentimos como ‘usted me da o yo...’. La verdad, para nosotros hacer un trabajo de principio de oportunidad y presentar un testigo tenemos que confiar en el testigo, ella nos ha cambiado mucho las versiones, entonces le dijimos que en este momento no estábamos interesados y cuando, efectivamente, cumplió con las amenazas, entonces en este momento yo, María Cristina Patiño, y Gabriel Sandoval (fiscal) retiramos la oferta de principio de oportunidad, seguimos manteniéndole la oferta de preacuerdo”.

Lo curioso del audio es que la fiscal Patiño no se refiere a las pruebas que se han venido conociendo y que son demoledoras, sino que basa la decisión en una relación de confianza con Ortiz, con quien trabajaron conjuntamente las pruebas. En un comienzo, ellos valoraron ese material positivamente, según ha dicho la exconsejera.

La conversación entre la fiscal Patiño y su equipo es contundente, y aunque ha pasado más de un año desde que estalló el escándalo por el saqueo a la UNGRD y, por ahora, solo han avanzado los procesos de los eslabones más bajos, en especial de ex altos funcionarios de la UNGRD que se acercaron a declarar y a confesar a cambio de beneficios judiciales, con esta información la Fiscalía tiene que golpear las puertas de la Casa de Nariño, con medidas contra Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y César Manrique Soacha. Será una prueba de fuego.