Exclusivo: esta es la banda internacional dispuesta a asesinar alcaldes en Colombia, y los planes de atentados contra los mandatarios

Los alcaldes y gobernadores de Colombia se enfrentan a un enemigo de alta peligrosidad. SEMANA revela la historia de la organización criminal que aterrizó en el país dispuesta a asesinar a los mandatarios locales, cuyos principales planes son atentar contra políticos a pocos meses de las contiendas electorales para el Congreso de la República y la Presidencia. Hay alerta máxima entre las autoridades y las unidades de inteligencia.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas en las últimas semanas, el Tren del Llano es el segundo grupo criminal de origen venezolano que llega al país dispuesto a causar estragos en el orden público. Los registros de la prensa internacional dan cuenta que se fundó en 2008 y sus primeros delitos estuvieron relacionados con el robo de automotores, luego fue creciendo y migró a otros crímenes que estremecieron a la región.

Este grupo fue identificado en Colombia este año, se presentó en la mafia nacional como aliado del Tren de Aragua y empezó a ofrecer dos servicios: vender armamento y explosivos a las estructuras ilegales de diferentes ciudades y sicariato de alto nivel, “lo cual incluye el asesinato de alcaldes y gobernadores, por ejemplo, a cambio de 10.000 dólares”, describió uno de los funcionarios que rastrea a los delincuentes.

Sus integrantes fueron recibidos en el Valle de Aburrá por parte de El Mesa y La Terraza, quienes ya adquirieron las primeras pistolas a través de este “aliado” internacional, según las pruebas recopiladas por las autoridades. Estos dos grupos forman parte de la mesa de paz urbana que impulsa el presidente Gustavo Petro, por intermedio de la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, en la cárcel de La Paz de Itagüí, Antioquia.

Ya cayeron los tres primeros miembros del Tren del Llano: alias Tutu, Mingui y Nagu fueron sorprendidos en Envigado mientras adelantaban exploraciones para delinquir: “Estarían vinculados a delitos como homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones contra el sector ganadero y agrícola en el vecino país”, se lee en un reporte de la Policía. La preocupación es que ellos ya habrían hecho los primeros “servicios” en Colombia.

Esta estructura venezolana no es la única que está dispuesta a cometer homicidios de mandatarios locales y políticos en el país. Por testimonios recogidos en diferentes rincones del territorio nacional, el Ministerio de Defensa fue informado de que las disidencias de las Farc y estructuras criminales locales también estarían haciendo gestiones y aportando dinero para acabar con las vidas de algunos alcaldes y gobernadores.

Las alertas en Colombia

SEMANA estableció que los hombres que comanda alias Iván Mordisco ordenaron matar al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Los planes estaban listos para ser ejecutados, pero pudimos reaccionar a tiempo y protegerlos”, reveló a esta revista uno de los uniformados que participó en el proceso de investigación y prevención de los mandatarios de ese departamento.

Los AK-47 tienen el objetivo de asesinar al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y a su esposa. Así se lo ha notificado la fuerza pública al mandatario, como también en mensajes anónimos que han llegado a su celular personal: “Esas acciones están justificadas en los golpes que les hemos propinado. Lo dicen abiertamente, me quieren matar. Yo tengo una seguridad muy robusta. Seguimos trabajando por la ciudad”, dijo Acevedo.

La inteligencia militar detectó que el frente 36 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá y responsables de derribar el helicóptero de la Policía en Antioquia este jueves, 21 de agosto, quiere atacar al gobernador Andrés Julián Rendón por la posición que ha asumido frente a la paz total y las constantes denuncias que hace en contra de la delincuencia. Él ya fue informado de esta posible acción terrorista que se podría materializar en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez también está en la mira de los criminales y las autoridades han detectado, por lo menos, cuatro planes para atentar contra su vida. Por un lado, están las disidencias y, por el otro, estructuras de carácter local, las mismas que están sentadas en la paz urbana con el Gobierno Petro. Se haría con vehículos no tripulados con explosivos o ataques armados. La Fiscalía investiga el alcance de estos objetivos delincuenciales.

La fuerza pública analiza recientes intimidaciones hacia los mandatarios de Arauca, Quibdó, Caquetá y San José del Guaviare. También tiene la lupa puesta sobre el 80 por ciento de los mandatarios locales de Colombia que reciben especial protección por el riesgo que corren en sus territorios. La delincuencia común y los grupos armados ilegales los tienen sometidos a una constante zozobra, según denuncias conocidas por SEMANA.

¿Qué hay detrás?

La extorsión es la principal causa de las amenazas hacia los alcaldes y gobernadores del país, de acuerdo con informes de la Policía. La situación más alarmante se tiene identificada en el departamento de Caquetá, donde las disidencias de las Farc fijaron cuotas anuales entre 100 y 250 millones de pesos para los mandatarios locales, como condición para poder ejecutar sus planes de desarrollo y proyectos de infraestructura.

El gobernador Luis Francisco Ruiz entregó detalles de este fenómeno: “Muchos alcaldes, por no decir que todos, y si acaso se salvará uno, tienen que pasar al banquillo de las disidencias de las Farc, y tienen que pagar cuotas mensuales, cuotas anuales, para que puedan ejercer su ejercicio de administración local”. Incluso, él ha sido presionado para que entregue altas cantidades de dinero, al igual que sus familiares.

Para la fuerza pública, la segunda razón es la no implementación del proceso de paz que pactó Juan Manuel Santos con las Farc–EP: “Sale la guerrilla de los territorios y nunca llega el Estado. Esos espacios son ocupados por múltiples actores ilegales y buena parte de esos actores son los responsables de las intimidaciones que reciben hoy los alcaldes y gobernadores”, comentó un investigador de la Policía a SEMANA.

El Clan del Golfo es el tercer dolor de cabeza, configurado como el grupo armado ilegal más poderoso del país, que recientemente inició acercamientos de paz con el Gobierno Petro: “Este cartel dice: ‘Trabajan conmigo o los saco’. Tiene capacidad bélica, armada y económica, también social porque inaugura obras y polideportivos. En su plan de expansión, además, intimida al poder público”, detalló la misma fuente a la revista.

En el fondo, hay otra coyuntura, según la interpretación de varios altos oficiales consultados por SEMANA: “La desconexión entre el Gobierno central, el regional y el local ha generado una politización de la seguridad, entonces todos están trabajando por su lado y aislados, eso también ha dado paso a las amenazas de los ilegales y a su fortalecimiento”, dijo uno de ellos bajo reserva.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía están asumiendo la seguridad de los mandatarios, pero hay un agravante: “La desconfianza de los alcaldes sobre el presidente Petro y la institucionalidad que lidera los ha llevado a rechazar los escoltas de la UNP, por lo que la Dipro ha asumido buena parte de la carga. Reclaman que los escoltas son excombatientes de las Farc”, reportó uno de los investigadores que analiza las amenazas recibidas por los alcaldes.