Estos son los puntos clave de la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez para tumbar la condena en su contra

Para la defensa de Álvaro Uribe Vélez son innumerables los errores que se presentaron en el fallo de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, que lo sentenció a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Así se pone el énfasis en el recurso de apelación presentado en la tarde de este miércoles ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y en la cual se pide que se anule todo el proceso penal contra el exmandatario.

En el documento se cuestiona la falta de valoración de varias pruebas documentales, testimoniales y técnicas que fueron puestas de presente durante las 67 sesiones del juicio, que se extendió por cinco meses.

Igualmente, se advierte una falta de sustento jurídico en el aval de las interceptaciones telefónicas que ordenó en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia y en las cuales se registraron las conversaciones entre el exmandatario y el abogado Diego Cadena.

Para la defensa del expresidente, estas interceptaciones son claramente ilegales, puesto que el trámite que se puso en marcha para interceptar las comunicaciones en el alto tribunal no cumplió los protocolos legales.

Por esto, según el criterio de la defensa, no podían ser tenidas en cuenta al momento de dictar la sentencia de primera instancia.

“Honorables magistrados, de la lectura de la sentencia, se encuentran desaciertos en el análisis probatorio que afectan las conclusiones a las que se debe llegar por la justicia, imprecisiones como la filiación política del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, resalta la petición de 907 páginas.

En otro aparte se indica que se descontextualizaron por completo los intentos del expresidente Uribe por corroborar una información que le había llegado y así demostrar su plena inocencia, ante varias acusaciones que lo querían vincular, en un primer momento, con la conformación de grupos armados ilegales; y en segundo, con la presión a testigos.

Esta situación es contraria a los principios jurídicos y constitucionales que les otorgan a todas las personas la opción de defenderse ante señalamientos que consideren que afecten su honra, buen nombre o profesión.

“Resulta jurídicamente improcedente sostener que el expresidente Álvaro Uribe Vélez incurrió en una conducta delictiva al trasladar esta información a la autoridad competente”, enfatiza la apelación.

Citando varios de los apartes de la sentencia que se dio a conocer el pasado primero de agosto, la defensa del expresidente manifestó que se tergiversó la participación del expresidente en la búsqueda de una corroboración de información.

“La Corte ha sido clara al definir que el derecho a la defensa no es nominal, sino real, activo y material, lo cual implica la posibilidad de solicitar que se escuche a un testigo, presentar documentación y allegar elementos que puedan ser valorados por el órgano judicial”, reseña el recurso que deberá ser estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En la apelación se indica que el expresidente nunca ejerció presión para que unos exparamilitares, que se encontraban recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá), enviaran una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que ponían de presente las presiones que recibieron por parte de Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave para que vincularan al exmandatario con la conformación del Bloque Metro de las AUC.

En este punto, en especial, se señala que en el fallo no se hizo ninguna mención a todos los señalamientos que se hicieron contra el senador Iván Cepeda y los ofrecimientos que les hacía a testigos para que declararan contra el exmandatario.

Finalmente, pero no menos importante, la defensa advierte que no se estudiaron a fondo las constantes y notorias contradicciones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor.

Pese a todo esto, la jueza les dio plena credibilidad y aseguró que, muy a pesar de toda la evidencia probatoria, nunca buscaron un beneficio económico o jurídico con la modificación de su versión.

“En el juicio se constató un notorio vacío probatorio al establecer causa desvalorada jurídicamente en Uribe Vélez, para aceptar el ofrecimiento profesional del doctor Diego Cadena para que ayudara con la identificación de testigos para que se presentaran ante la Corte Suprema”, añade.

Para los abogados del exmandatario, siempre se quiso buscar la corroboración de una información en pro de la defensa del buen nombre y honra. “En ese escenario formal fuesen valorados en su dicho, todo en un acto de defensa, mi poderdante, pero nunca con una maquinaria implementada por él para entorpecer y engañar a la justicia, como se insiste repetidamente a lo largo de la extensa pero incorrecta decisión”.