Esto fue lo que compraron los corruptos que se quedaron con el dinero destinado a fortalecer a los bomberos del Valle del Cauca

Un entramado de corrupción se apropió de los recursos destinados a fortalecer los cuerpos de bomberos en Cali, Buenaventura y Buga, en el Valle del Cauca, y Armenia, en el departamento de Quindío. Funcionarios públicos y contratistas convirtieron la urgencia de mejorar los equipos de los bomberos en un negocio criminal y millonario.

Una docena de funcionarios públicos terminaron judicializados, al igual que contratistas, y en el curso de las investigaciones la Fiscalía estableció en qué se gastaron más de 3 000 millones de pesos que fueron usurpados por la red de corrupción que incluso dejó sin agua a los bomberos.

“Se impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes, que harían parte del patrimonio de funcionarios y particulares señalados de participar en un entramado de corrupción que se apropió de recursos públicos destinados para dotar a los bomberos de Buenaventura (Valle del Cauca)”, advirtió la Fiscalía.

Las propiedades, según la Fiscalía, están avaluadas en más de 2 900 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias conjuntas con la Policía, y presuntamente fueron adquiridas con los dineros producto de la corrupción, fondos que debían mejorar la infraestructura y los equipos de los bomberos.

“Los activos afectados con fines de extinción del derecho de dominio están representados en inmuebles urbanos, como parqueaderos, depósitos y apartamentos; una motocicleta, automóviles y vehículos de carga”, señaló el ente acusador en el curso de la investigación y tras los resultados del proceso.

En el curso de la investigación se estableció que algunos bienes habrían sido adquiridos con dineros previamente fijados en un plan institucional para fortalecer la capacidad del cuerpo de atención de incendios y emergencias, entre 2013 y 2025.

“Los propietarios, entre ellos el exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, otros servidores públicos y particulares, han sido judicializados por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción”, señaló la Fiscalía tras la extinción de dominio y luego de los operativos apoyados con la Policía.

Las propiedades objeto de extinción de dominio, a través de las medidas cautelares, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su administración. Se trató de un golpe contundente a las finanzas criminales de quienes participaron de este entramado de corrupción.