Este es el ‘New Deal’ del gobierno para superar la crisis de la pandemia

Cuando el país completa cuatro meses de medidas de emergencia para controlar los contagios en el país y apenas comienza el pico de la pandemia, el Gobierno alista los últimos detalles de su plan de reactivación para sacar a la economía del estado en que se encuentra.

En estos meses la pandemia ha tenido un impacto dramático: en mayo se perdieron 5 millones de puestos de trabajo y el desempleo llegó a 21,4 por ciento; el número de empresas cerradas se cuenta por miles y se anticipa un crecimiento en la pobreza superior al 10 por ciento este año.

Por eso, la iniciativa bautizada por el Ejecutivo Nuevo Compromiso por el futuro de Colombia buscará mitigar la destrucción que llevará a la mayor caída de la economía en su historia, con cifras que el Gobierno calcula en -5,5 por ciento, pero que otros ven cerca de -7 por ciento.

En el discurso que pronunció al inaugurar la nueva legislatura el 20 de julio, el presidente Iván Duque dio las primeras puntadas del plan, inspirado en el New Deal que lanzó el presidente norteamericano Franklin Roosevelt en los años treinta para hacerle frente a los estragos que provocó en la economía de Estados Unidos la Gran Depresión de 1929. También, en menor medida, en el Plan Marshall, que permitió reconstruir a Europa tras la guerra. Estos incluyeron generosos paquetes de estímulo fiscal keynesiano y dieron paso al nacimiento del estado de bienestar, todo lo cual permitió la recuperación económica.

Esto mismo quiere hacer el Gobierno, y en su hoja de ruta tiene elementos que combinan estímulo fiscal y garantías de bienestar. El Nuevo Compromiso Colombia tiene cuatro ejes: 1) Compromiso con la generación de empleo. 2) Compromiso con el crecimiento limpio. 3) Compromiso con los más pobres y vulnerables. 4) Compromiso con el campo, la paz y la legalidad. Generará más de un millón de empleos a partir de decenas de obras de infraestructura, subsidios a la tasa para vivienda de interés social y para clase media, y desarrollo de proyectos ambientales de gran envergadura. Cuesta 100 billones de pesos, unos 10 puntos del PIB.

El 60 por ciento de esta inversión correrá por cuenta del sector público y el resto provendrá de la iniciativa empresarial, pues incluye un sinnúmero de proyectos en alianzas público-privadas o totalmente privadas.

El paquete de obras de infraestructura del plan de reactivación de Duque generará entre 850.000 y un millón de empleos, según los cálculos del DNP.

Es una apuesta ambiciosa para crear confianza en la economía, con un alto componente de estímulo fiscal. “El Estado debe asumir los riesgos que en estos momentos de incertidumbre no tomarían los hogares ni las empresas”, dice el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.

Pero una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca, y en materia de obra pública, columna vertebral del plan, la ejecución podría demorarse. Y más que un plan de choque para hacer reaccionar rápidamente la economía, varias iniciativas incluidas se concretarán a largo plazo o requerirán de la aprobación en el Congreso.

La magnitud del desafío económico equivale en tamaño a la destreza política que necesitará el Gobierno para llevarlo a cabo. Será un trabajo monumental, pero de filigrana.

Preocupa también la financiación: requiere un esfuerzo fiscal enorme, que va desde ampliar las vigencias futuras hasta ganar confianza del mercado para garantizar créditos e inversión, en momentos en que todo el mundo pelea por los mismos recursos. Y en materia de empleos, esta iniciativa podría resultar insuficiente frente a las pérdidas de puestos de trabajo registradas hasta mayo. Por eso el Gobierno tendrá que trabajar muy duro para ganar la confianza de empresas y hogares, levantar el ánimo y lograr la recuperación económica mostrando victorias tempranas. Como asegura el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, la reactivación depende de que mejoren las expectativas y no se afecten por choques entre los niveles del Gobierno.

La construcción de vivienda e infraestructura de transporte será vital para el plan de reactivación en 2021.

El plan de reactivación pasará el primer filtro la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radique el proyecto de ley de presupuesto de 2021, que contempla aumentar 25 por ciento la inversión: pasará de 41 billones a casi 53 billones de pesos. Y dará el banderazo la aprobación del monto del presupuesto en el Congreso, en septiembre, que estará por encima de los 271 billones de pesos de este año. El director de Planeación aclara que esto no implica que el plan empiece a ejecutarse en 2021. Al contrario, anuncia que varias iniciativas ya están en marcha o forman parte de proyectos de ley que esta semana comenzaron a radicar en el Congreso para agilizar los procesos.

Qué hay por hacer

El nuevo compromiso para reactivar el país está contenido en un borrador de documento Conpes que construyen desde hace algunas semanas a partir de un trabajo con todas las carteras del Gobierno, y que incorpora las propuestas recogidas en las reuniones lideradas por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con empresarios, sectores sociales y los gremios.

El tema de la reactivación se ha convertido en uno de los puntos centrales de la agenda económica en los últimos días. La semana pasada el Consejo Gremial Nacional inició una serie de foros para presentar propuestas concretas al Gobierno. Y a instancias del Consejo Privado de Competitividad, vienen realizando sesiones en las que los ‘cacaos’ empresariales intercambian ideas con expertos, en un ejercicio intelectual del cual saldrán también iniciativas.

Incluso algunos líderes gremiales, como el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, han lanzado propuestas encaminadas a enriquecer el debate. Hace unas semanas planteó que las compañías del país hicieran un aporte para financiar el ingreso solidario de 1,5 millones de familias.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Pero el Gobierno ya tiene listo su paquete de medidas. El primer eje del ‘New Deal’, la generación de empleo, comprende dos grandes iniciativas. Por un lado, dos leyes. Una de emprendimiento para estimular la creación de más negocios formales, generar puestos y mejorar la financiación de las mipymes. Y otra del mercado de capitales, que el Gobierno radicará en agosto para promover nuevas fuentes de financiación para el tejido empresarial del país.

El Gobierno asumirá la tarea de facilitar la llegada de estos capitales. Y ha dicho que quiere permitir a los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, tener un portafolio más amplio para invertir y darle mayor desarrollo y profundidad al mercado de capitales.

Hay incluso una iniciativa del Gobierno, que debe concretar en un decreto próximamente, para que los fondos de pensiones puedan desarrollar nuevos fondos de deuda que entren a apalancar financieramente grandes proyectos, como los de infraestructura, al igual que sucedió en la cuarta generación de concesiones.

La segunda propuesta tiene que ver con la inversión en sectores con alto potencial de crear empleo e impulsar el crecimiento, tales como infraestructura, vivienda, vías terciarias, industrias culturales e iniciativas con componente digital. Contempla vías terciarias y obras del Proyecto Bicentenario, por 1,5 billones de pesos asignados para el próximo año, y aceleración de proyectos de iniciativa privada y público-privada como puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua y autopistas de cuarta y quinta generación.

Incluso, entre las obras claves que apuntan a mover la inversión están la tercera línea del metro en Medellín, con un costo cercano al billón de pesos, y la aceleración del metro de Bogotá. Además, terminarán y entregarán 28 proyectos que incluyen 14 vías nacionales y más de 8 regionales, y que generan más de 40.000 empleos.

Entre las nuevas obras se destacan 22 corredores viales para mejorar la competitividad del país. El director de Planeación asegura que cada uno de los 32 departamentos, además de Bogotá, tendrá como mínimo una gran obra en construcción, pues la idea es estimular el empleo por igual en todas las regiones.

Para el excodirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, poner en marcha programas de empleo de emergencia, en coordinación con los municipios, será clave para reactivar las pymes que han tenido que cerrar.

En el caso de industrias creativas y culturales, el Gobierno entregará 2 billones de pesos en estímulos y presentará al Congreso una ley para reactivar el sector, con un fondo especializado para invertir en proyectos de cultura. Además, tiene la meta de preparar más de 100.000 programadores para que aprovechen las oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial. También ejecutarán 17 proyectos de transformación digital que incluye digitalizar los servicios del Estado, ciberseguridad, telemedicina, formación virtual e inclusión financiera. Todo ello por 2,2 billones de pesos.

Este paquete de obras podría producir entre 850.000 y un millón de empleos, y requerirá recursos cercanos a 12 billones de pesos del presupuesto de inversión de 2021. Esto, más los provenientes de la ampliación del cupo de vigencias futuras, aprobado hace un mes por el Consejo de Política Fiscal (Confis), que habilitará otros 25 billones de pesos aproximadamente.

El segundo eje del plan del Gobierno es el compromiso con el crecimiento limpio. Este contempla sacar adelante 27 proyectos estratégicos de energías renovables, muchos con financiamiento privado –por cerca de 16 billones de pesos–, al facilitar las regulaciones, tema en el que ha insistido el sector privado.

La ejecución de las obras en el canal del Dique constituye el tercer proyecto insignia en este campo. Se trata de la más importante obra de adaptación al cambio climático que se construirá en los próximos años en América Latina, dijo el presidente Duque. Su estructuración quedará lista este semestre y requiere inversiones cercanas al billón de pesos para mejorar la sostenibilidad de varias regiones y descontaminar la bahía de Cartagena. La cuarta iniciativa incluye aprobar una ley para frenar la extracción ilegal de minerales, trabajar mejores prácticas de sostenibilidad en el sector minero-energético y ratificar los acuerdos en materia ambiental.

El tercer eje, el compromiso con los más pobres y vulnerables de la sociedad, incluye ampliar hasta junio de 2021 el programa Ingreso Solidario para 3 millones de familias. Y mantener los demás planes sociales del Gobierno: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, cuyo costo mensual es cercano a un billón de pesos.

Este año Ingreso Solidario le costará al fisco 4,5 billones de pesos, pues entrega un giro mensual de 160.000 pesos por familia y el año entrante entregará 3 billones. El senador Iván Marulanda ha criticado duramente esta iniciativa. Asegura que la cifra no se compadece con las necesidades de las familias más pobres. Marulanda, junto con 67 congresistas más, radicó un proyecto de ley para crear una renta básica de emergencia que busca entregar, por tres meses, 877.000 pesos a 9 millones de familias. Es decir, casi 30 millones de colombianos, por 30 billones de pesos, cifra difícil de conseguir en momentos de estrechez fiscal.

Iván Marulanda, senador del Partido Verde

Otra acción en este eje busca habilitar 200.000 subsidios para vivienda VIS y no VIS, que podría potenciar unos 230.000 empleos y exigirá modernizar la normatividad del sector vivienda. Además, implica el regreso de los créditos Frech, que permitieron reactivar la economía en momentos de vacas flacas en el Gobierno anterior. Adicionalmente, ampliarán el programa de auxilios a la educación denominado Generación E, que este año llegará a 180.000 jóvenes con educación superior gratuita.

El cuarto eje, el compromiso con el campo y la paz con legalidad, incluye entre sus estrategias un esfuerzo adicional para acelerar el catastro multipropósito. Este tenía la meta inicial de avanzar en un 60 por ciento para 2022, pero ahora acelerará para cubrir un porcentaje adicional.

También buscarán adelantar recursos de regalías para financiar los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDTE), por unos 5 billones de pesos. El Gobierno prepara un proyecto de ley que radicará en los próximos días a fin de reglamentar el Acto Legislativo 005, para agilizar el proceso, por medio de los Ocad. Incluso, espera que esta reglamentación al Sistema General de Regalías les permita a las regiones contar con recursos para acelerar algunas obras vitales en estos momentos.

Para estimular el campo, el Gobierno continuará con el programa de agricultura por contrato, con la provisión de bienes públicos rurales. Y radicó un proyecto de ley que brinda alivios a los pequeños y medianos productores del campo.

En materia de salud, la idea es ponerse al día con las deudas y apoyar financieramente a las entidades de salud que en medio de la covid-19 han perdido ingresos por priorizar su atención en la pandemia. En este caso, acelerará el esquema de Punto Final con los prestadores de salud; creará un esquema de canastas covid, y pago por capacidad de unidades de cuidados intensivos disponibles, así como una bonificación a los profesionales de la salud que están en la primera línea de combate con la pandemia.

¿Sí hay con qué?

El plan diseñado por el Gobierno luce muy ambicioso y su alcance podría acelerar la reactivación de la economía, pero no deja de tener algunas limitaciones. Preocupa, por ejemplo, que más que un plan de choque, está concebido como una estrategia a futuro, pues varias de sus iniciativas deben surtir un paso por el Congreso. Y el grueso de las obras y las inversiones se necesitan ya para recuperar la confianza y mover la economía.

Las discusiones políticas son muy importantes, pero crean demoras y dilaciones que pondrán a prueba la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante, y pronto, las obras. Además, el Gobierno tendrá que cuidar que los proyectos no salgan llenos de ‘micos’ o con todo tipo de arandelas que hagan improcedente su ejecución.

También preocupa la capacidad del Gobierno para lograr una ejecución acelerada. Llevar a cabo el largo listado de obras no será tan sencillo: muchas vienen de tiempo atrás y enfrentan problemas en licencias ambientales y consultas previas, y destrabarlas no será fácil. Además, está probado que, en el caso de los megaproyectos, transcurre un largo tiempo desde su anuncio hasta la ejecución de las obras. En el sector de infraestructura se habla de que puede tomar hasta dos años “ver el primer palazo”.

En minas y energía hay escépticos frente a la velocidad con que avancen. Hay identificados 35 proyectos para la recuperación, con inversiones superiores a los 37 billones de pesos y la posibilidad de generar casi 60.000 empleos. El cuello de botella está en las consultas previas. Muchas de ellas, que ya venían con atrasos, quedaron congeladas con las cuarentenas, y algunos atacaron la posibilidad de realizarlas virtualmente.

Así mismo, hay que mirar con lupa la financiación. Por el lado del recaudo tributario será difícil conseguir los recursos para costear este megaplan. Por eso, el Gobierno tendrá que acudir al endeudamiento. El ministro Carrasquilla ha dicho que no le tiene miedo a aumentar la deuda. Pero hay que contratarla en las mejores condiciones de plazos y tasas porque, finalmente, algún día el país tendrá que pagarla. Y lograr que llegue pronto la plata de regalías puede ser un desafío enorme para el Gobierno, pues su reglamentación podría ocasionar fuertes tensiones en el Congreso.

Quizás el tema que más preocupa es el político. Buena parte de estas obras se ejecutarán en 2021, cuando el país estará en la antesala de la campaña electoral y los populismos estarán mucho más exacerbados, lo cual puede ir en contra de la buena ejecución del proyecto. Esto le exigirá al Gobierno un manejo político cuidadoso.

Algunos sectores podrían quedar desinflados con el alcance de las iniciativas. Por ejemplo, los recursos para vías terciarias y Plan Bicentenario alcanzan una cifra histórica de 1,5 billones. Pero gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) habían pedido inversiones por al menos 7 billones de pesos.

El Gobierno tendrá que jugarse a fondo para sacar adelante su ‘New Deal’ y lograr la tan anhelada reactivación. El surgimiento de los populismos en momentos en que la pandemia ha golpeado a los más pobres y vulnerables plantea una de las mayores amenazas para este ambicioso plan.

Por eso, el Gobierno tendrá el difícil reto de liderar el país con buena comunicación, suscitar consensos en la política y darle confianza al ciudadano. La economía colombiana pudo crecer el año pasado por encima del resto de América Latina gracias a la dinámica de su consumo interno. Por eso no habrá equilibrio fiscal, buen recaudo tributario o aprobación de reformas en el Congreso que valgan si el consumidor colombiano no recupera la confianza.

El país, en el año que viene, tiene el enorme desafío de actuar con responsabilidad y vencer el miedo.