Este es el esquema de seguridad otorgado a Juliana Guerrero, la polémica joven funcionaria del Gobierno Petro. Lo buscó vía tutela

El meteórico y misterioso ascenso al poder en el Gobierno del presidente Gustavo Petro de la joven Juliana Guerrero, a quien se le está embolatando la posibilidad de llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, tiene un episodio hasta ahora desconocido que muestra que las gabelas en su favor son de vieja data y le aseguraron un esquema de seguridad.

En marzo de 2022, en medio de las agitadas elecciones para el Congreso, la joven, de apenas 18 años, presentó una tutela en la que aseguraba que su vida e integridad estaban en grave riesgo, por lo que requería que se le otorgara de manera inmediata un esquema de seguridad y protección.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en principio, negó el esquema sosteniendo que no cumplía con los requisitos. Sin embargo, Guerrero buscó avalarlo en los tribunales, y un juez ordenó hacerle un nuevo análisis de seguridad. Aunque no se registró un riesgo extraordinario que requiriera un esquema, iniciado el Gobierno Petro le fue otorgado de un plumazo.

Guerrero, quien se presentaba como activista política y coordinadora de juventudes en el Cesar de la campaña de Claudia Alejandra Vásquez González, aspirante a la Cámara de Representantes por una de las circunscripciones de paz, le reclamó a la UNP para que le brindara seguridad. Pasó por encima del riesgo real que enfrentan miles de líderes sociales y políticos, silenciados por las balas u obligados a salir de sus ciudades, departamentos o incluso del país por las constantes amenazas e intimidaciones.

¿El soporte de su petición? La joven “rebelde”, como la catalogó en un consejo de ministros televisado el presidente Gustavo Petro, señaló que había recibido una llamada amenazante de un hombre que le dijo: “Esta vez sí te vamos a matar”. Además, relató que mientras realizaba una entrega de volantes junto con su hermana en Valledupar había visto un carro sospechoso.

“Señala que el día 18 de febrero de 2022, cuando hacía un recorrido por la ciudad de Valledupar, se encontró con una camioneta sin placas que le causó enorme preocupación”, relata uno de los apartes de la tutela presentada por la joven, en la que reclamaba la protección de su derecho a la vida y que, a la postre, le aseguró un esquema, aunque el juez ordenó simplemente el estudio.

Este episodio, explica, le causó gran angustia, “ya que no cuenta con esquema de seguridad ni con garantías para el activismo político de cara a la elección de representantes a la Cámara por la paz”.

La petición no paró ahí. Juliana también reclamaba un esquema de seguridad para su hermana, a quien registró en la solicitud simplemente como “Verónica”, sin entregar más datos de identificación ni hechos que demostraran que su vida también estuviera en riesgo.

Sin embargo, para la UNP no se habían allegado los soportes que permitieran evidenciar las citadas amenazas o demostraran la existencia de los hechos. La entidad, adscrita al Ministerio del Interior, alegó, además, que no contaba con ningún informe de situación de riesgo o que permitiera identificar las amenazas que había recibido la activista política.

Según la UNP, en la Subdirección de Evaluación de Riesgo no se registraba ninguna situación de peligro para Juliana o personas que laboraban en la campaña política de la candidata a la curul de paz, por lo que la entidad pidió que se declarara improcedente la tutela.

“Revisado el caso de la señora Claudia Alejandra Vásquez González, candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción transitoria especial de paz (...) fue posible establecer que su caso no cuenta con amenazas directas o dirigidas contra sus colaboradores de campaña de conformidad con lo expuesto por instituciones como Defensoría del Pueblo, Unidad para las Víctimas, Fiscalía General y Policía”, señala un informe realizado por la Sijín. En un fallo hasta ahora desconocido, un juzgado de Valledupar le ordenó a la Dirección General de la UNP adelantar el estudio de nivel de riesgo de Juliana Andrea Guerrero, “dentro del cual deberá analizar como enfoque diferencial el género de la accionante y, además, la condición de activista política”.

Esto, después de tutelar favorablemente sus derechos a la vida, integridad y seguridad personal. El hecho de ser “activista política” en una zona especial como el departamento del Cesar, marcado por constantes alteraciones al orden público y presencia de grupos al margen de la ley, fue clave para que se determinara verificar su situación de riesgo.

“Las autoridades encargadas del estudio y de implementar las medidas de seguridad deben tener en cuenta las condiciones específicas del afectado y adoptar medidas de enfoque diferencial, cuando se trate de líderes sociales, líderes sociales y comunitarios, operadoras y operadores de justicia, mujeres defensoras de derechos humanos, las defensoras y defensores al medioambiente sano, las y los defensores de las personas LGBTI, ello por la calidad de sujetos de especial protección constitucional que tienen”, cita la decisión.

El despacho judicial, sin embargo, no admitió revisar el caso en lo referente a la situación de Verónica, la hermana de la líder política, quien también ha escalado en el Gobierno Petro recibiendo varios contratos en entidades estatales.

Es claro. La tutela pedía revisar si Guerrero tenía algún nivel de riesgo que implicara otorgarle seguridad, pero, en la práctica, se entregó el esquema en contravía del diagnóstico de las autoridades competentes. Este no reflejaba la existencia de un riesgo extraordinario para la joven, que ha ocupado varios cargos de importancia y poder en el Gobierno Petro.

Dos fuentes consultadas por SEMANA, que pidieron reserva de sus nombres y cargos, detallaron el notable poder de Juliana Guerrero en el Gobierno y los beneficios que ha obtenido, situación que ha provocado más de un malestar en personas muy allegadas al jefe de Estado.

Este episodio se suma a la lista de polémicas protagonizadas por la joven, hoy con 22 años, quien estuvo muy cerca de ocupar un viceministerio, aunque su modesta hoja de vida tiene engavetado el nombramiento. A este cargo iba a llegar después de ser la principal asesora del Ministerio del Interior y hasta jefe encargada del despacho presidencial.

El despelote en la entrega de los esquemas

La situación de Juliana Guerrero revela el desorden en la entrega de esquemas de protección y seguridad para atender las amenazas e intimidaciones. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 20 de julio de 2025, 349 líderes sociales y políticos en Colombia fueron asesinados.

Muchos de ellos no contaban con ningún tipo de esquema de seguridad permanente. Es el caso de Margarita Restrepo, líder social de la comuna 13, quien denunció que, pese a las amenazas que había recibido del Clan del Golfo, la UNP solamente le entregó un teléfono celular y un chaleco antibalas para su protección.

O el caso de Manuel Rangel, líder social de La Guajira amenazado por las bandas criminales por denunciar el reclutamiento de menores de edad. Pese a las peticiones para que se revisara su situación de riesgo, la UNP solamente le entregó un chaleco antibalas y un botón de pánico, medidas irrisorias para atender su situación de peligro.

SEMANA contactó a Juliana Guerrero para formularle preguntas puntuales sobre los hechos que motivaron la acción de tutela, la recepción del esquema de seguridad o los riesgos que tenía en la actualidad. Aun cuando en un principio respondió el saludo, no volvió a responder los mensajes y, por lo tanto, no dio su versión sobre los hechos centrales de este reportaje.

SEMANA también se comunicó con la UNP para establecer por qué Guerrero cuenta con esquema cuando los estudios no revelaron una condición de riesgo. La respuesta dada por Carlos Páez, asesor de comunicaciones de la entidad, fue que un dictamen de la oficina jurídica señala que se trata de un asunto de seguridad que tiene reserva y no se puede divulgar.

Por el momento, todo parece indicar que las polémicas protagonizadas por Juliana Guerrero están lejos de acabarse. En la actualidad, la Fiscalía y la Procuraduría le adelantan una indagación por el uso indebido de un helicóptero de la Policía en marzo pasado para viajar de Bogotá a su natal Valledupar. Hasta el sol de hoy, nadie ha podido justificar dicho desplazamiento.