Este es el documento que destapa la ‘sneyderpolítica’ en el escándalo de la UNGRD. Salpica a los alfiles del Gobierno

Sneyder Pinilla es, oficialmente, el testigo estrella en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Pinilla firmó su principio de oportunidad y la lista de salpicados en el acta de compromiso con la Fiscalía es larga.

En el listado de implicados están quienes hace dos años estaban a manteles con el presidente Gustavo Petro, en reuniones, eventos y lanzamientos que, como el proyecto de los carrotanques, terminaron en corrupción, en el Gobierno que prometió sacudirse de los corruptos.

El principio de oportunidad de Sneyder Pinilla es demoledor. Condensado en 159 páginas del acta de compromiso que firmó el exsubdirector de la UNGRD, y que SEMANA conoció en su totalidad. Una radiografía de cómo, con la excusa de prevenir desastres y llevar agua a los niños de La Guajira, se saqueó una entidad para sobornar congresistas.

Pinilla será testigo contra los alfiles del llamado “gobierno del cambio”. En el listado de salpicados aparece quien fue su jefe directo, Olmedo López, el mismo que en fotos de campaña, al lado del presidente Gustavo Petro, se presentó como la opción para luchar contra la corrupción, con un partido político que bautizaron: Decentes.

En el documento están los nombres de congresistas como Karen Astrith Manrique y Julio Elías Chagui. Los exministros Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, el prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González y el condenado César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública.

En el acta de compromiso, que convierte a Sneyder Pinilla en testigo oficial del escándalo de la UNGRD, también aparecen los capturados expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Otra que se sumó al listado de vinculados es María Alejandra Benavides, la exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El ventilador de Pinilla salpicó a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre, al abogado Edgar Riveros, encargado de ofrecer un millonario soborno para cerrar la boca de Pinilla. Además, los contratistas, supervisores de contratos y funcionarios de la UNGRD que se prestaron para darle forma a la maraña corrupta que creció, según los testigos, en la Casa de Nariño, se incluyeron en el documento.

Solo el capítulo de Olmedo López, en esa acta de compromiso, se extiende por 20 páginas, con el detalle de un acuerdo criminal para proyectar, firmar y adjudicar más de 50 contratos u órdenes de proveeduría en diferentes regiones de Colombia y que comprometían más de 100.000 millones de pesos. El plan criminal se quedó en la mitad del camino cuando estalló el escándalo de los carrotanques.

“Con ocasión a la información brindada por el testigo, la agrupación delictiva descrita vio truncadas sus actividades en cuanto al plan criminal puesto en marcha, teniendo en cuenta que a partir de la valoración de esta información, el ente de persecución penal investigó las órdenes de proveeduría enunciadas, formuló imputación y continúa indagación respecto a otras personas naturales y servidores públicos, presuntamente, involucrados”, señala el documento de la Fiscalía.

El manejo “confidencial” de Velasco

El compromiso de Pinilla y que incluye al exministro Luis Fernando Velasco, advierte de diferentes reuniones y llamadas entre Olmedo López y el entonces ministro del interior. Las órdenes eran precisas, había que darle un “manejo confidencial” a la información sobre proyectos y futuros contratos que saldría de la UNGRD, reseña el documento.

De acuerdo a la versión de Sneyder Pinilla, las directrices corruptas salían del despacho del ministro Velasco e incluían al también ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La ruta que, según Pinilla trazó Olmedo López, advertía la necesidad de tomar contacto con congresistas, principalmente José Elías Chagui.

“Indicó que en diciembre de 2023 acompañó a Olmedo López a una reunión con un senador que el ministro Luis Fernando Velasco le había mandado a un restaurante ubicado en cercanías al Hotel Tequendama. Pinilla presenció cómo se reunió con José Elías Chagui en una mesa, mientras los esperaba en otra”, señala el acta de compromiso de Pinilla.

El ahora testigo advirtió que luego de la reunión entre Olmedo López y el senador, le ordenaron tomar contacto con el congresista para coordinar los detalles de una serie de contratos, según el documento, para realizar unos canales en el municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba y que, aparentemente, harían pasar como obras de emergencia.

En el curso de ese trámite corrupto, de acuerdo con el acta de compromiso de Sneyder Pinilla, el propio senador Chagui advirtió que tendría que comunicarse con el entonces ministro Luis Fernando Velasco para concretar los detalles y obtener los recursos supuestamente destinados a la construcción de los canales.

“El presupuesto inicial era por 22.000 millones de pesos en 2023, pero el 16 de enero de 2024, se radicó ante la UNGRD el presupuesto actualizado para el proyecto por valor de 28.150 millones de pesos… José Elías Chagui toma contacto con Pinilla indicándole que acaba de salir de una reunión con el ministro Luis Fernando Velasco”, advierte el acta de compromiso.

La empresa criminal

El acta de compromiso de Sneyder Pinilla, soporte del principio de oportunidad con la Fiscalía, es un resumen de casi 200 hojas con los detalles de lo que consideraron, sin ninguna duda, una empresa criminal en el interior de la UNGRD.

Cada integrante de esta red corrupta tuvo un rol definido y se cumplió, hasta que el hambre de contratos desbordó las propias capacidades financieras de la entidad y jugaron con la sed de los niños en La Guajira. En ese análisis, la Fiscalía incluyó el capítulo que enredó a Carlos Ramón González y advierte que estuvo en un “único evento”, fundamental para concretar los sobornos a congresistas.

“Cuya división de funciones implicó la ejecución de un rol esencial de cada uno de los involucrados para la consecución de la finalidad delictiva propuesta, esto es el direccionamiento irregular de contratos en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor de propios o de terceros”, señala el documento.

La trama ilegal ubicó a la congresista Karen Astrith Manrique en la cafetería de la UNGRD, en una conversación con Sneyder Pinilla y preguntando por unos contratos en Saravena, Arauca, que ella misma controlaría, a través, según el documento, de su propio esposo, un hombre que identificaron como Gustavo González.

El principio de oportunidad será presentado ante los jueces para su aprobación. Pinilla se convirtió en el primer condenado en este escándalo de corrupción. Cinco años de cárcel, una pena que muchos criticaron, pero que pocos entendieron. Fue el primero en arrodillarse y confesar. Pidió perdón, aceptó cargos y devolvió el dinero del peculado.

El acta de compromiso que firmó Sneyder Pinilla será la base para otras líneas de investigación contra el resto de implicados, incluso los de mayor rango en la escala de cargos en el Gobierno. Con la aprobación del principio de oportunidad, la Fiscalía tendrá bajo el brazo el soporte legal para llevar a los jueces a quienes quedaron reseñados en este documento.

Sobre este principio de oportunidad que se consolidó luego de más de un año de colaborar con la justicia y lograr que los responsables del saqueo a la UNGRD respondan en los tribunales, el abogado Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, calificó como un logro de la justicia restaurativa.

Romper el silencio en un país donde la corrupción se protege a sí misma es un acto de valentía.

“Mi defendido, Sneyder Pinilla, ha decidido colaborar con la justicia no como una estrategia de defensa, sino como una contribución decidida a la verdad. Su testimonio ha permitido no solo visibilizar una estructura delictiva, sino también llevar a la Fiscalía información clave para judicializar a los verdaderos arquitectos de este entramado de corrupción”, afirmó Moreno.

Agregó que “hoy el país comprende que la cooperación eficaz es una herramienta fundamental para desmantelar el poder criminal cuando se infiltra en las instituciones del Estado. Este es el punto de partida para que Colombia entienda que la justicia también puede construirse desde quienes deciden hablar, asumir sus errores y enfrentar las consecuencias”.