Este es el documento que confirma la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana

Desde hace seis meses, poco o nada se sabe del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción que se presentó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En junio pasado, SEMANA había revelado en exclusiva que el exfuncionario, uno de los más cercanos al presidente Gustavo Petro, se encontraba en Nicaragua, país desde el cual atendió la audiencia de imputación de cargos en su contra.

En julio, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó su captura inmediata con el fin de que cumpliera la medida de aseguramiento privativa de la libertad en medio de este escándalo de corrupción.

Sin embargo, hasta la fecha, las gestiones para dar con su paradero han sido casi nulas, como han denunciado los representantes de las víctimas.

Este jueves 14 de agosto, Noticias RCN reveló un documento en el que se confirma que Carlos Ramón González Merchán ya cuenta con residencia en Nicaragua.

En la cédula de residencia emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de Nicaragua oficial, aparece que González Merchán, de 67 años y nacionalidad colombiana, cuenta con una “categoría permanente” en ese país.

González, quien también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue señalado por la Fiscalía General de ser pieza clave en la “organización criminal” que se encargó de direccionar millonarios contratos en la UNGRD para comprar congresistas y lograr así la aprobación de los proyectos presentados por el Gobierno.

El entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia habría dado instrucciones precisas a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, con el fin que se reuniera con los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

En ese encuentro, por el cual actualmente Sandra Ortiz se encuentra privada de su libertad, se habría autorizado la entrega de tres mil millones de pesos para Name y mil millones de pesos para Calle.

Los dos congresistas están también privados de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, desde mayo pasado, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En la imputación de cargos se alegó que el exdirector del Dapre ya había coordinado las alianzas políticas con el objetivo que se avalaran los proyectos gubernamentales.

Debido a estos hechos, le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

En su intervención, el fiscal señaló claramente que el exdirector del Dapre se puede enfrentar a una pena de 22 años de prisión si es hallado culpable.

Tras la pregunta del juez de control de garantías, el exfuncionario se declaró inocente.