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Estas son las razones por las que el gobierno suspendió licencias a cinco empresas de vigilancia privada
Dentro de la investigación se encontraron posibles fallas graves, que tendrían afectaciones en el ámbito penal.
El Ministerio de Defensa confirmó que a cinco empresas privadas les fueron suspendidas las licencias de funcionamiento tras evidencias de posibles faltas de ley. Dentro de las presuntas fallas que encontró la Superintendencia de Vigilancia se encuentran:
-Presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
-Posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
-Eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
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Sobre el caso, el Ministerio de Defensa indicó que: “La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como parte de una intervención sin precedentes, ordenó suspender las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, con oficinas principales ubicadas en la ciudad de Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente”.
Las compañías objeto de la medida son: “Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda”.
“Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre”, indicó el ministerio.
Agregó la cartera de la seguridad del país que: “las medidas fueron adoptadas con fundamento en los hallazgos preliminares y en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad”.
De acuerdo con la investigación de la Supervigilancia “durante el procedimiento de intervención, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requirió al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) para que, en el marco de sus competencias legales y en coordinación con las unidades policiales con jurisdicción en las zonas intervenidas, disponga la custodia provisional del armamento asignado a las empresas en calidad de portes y tenencias, hasta tanto se resuelvan de manera definitiva las medidas adoptadas”.
Así mismo, indicó el Ministerio de Defensa que por instrucciones del Procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljach, las actuaciones adelantadas contaron con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público, quienes actuaron como garantes del debido proceso, el respeto a las garantías procesales y la transparencia institucional durante el desarrollo de los procedimientos.
