Judicial
Esta es la primera demanda contra la sanción de la JEP a los siete excomandantes del Secretariado de las FARC
La acción fue promovida por los familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados en cautiverio.
La controversia ha rodeado la primera sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los siete excomandantes del Secretariado de las Farc por el caso 01 relacionado con la toma de rehenes y graves privaciones a la libertad.
Este viernes, 19 de septiembre, la Fundación Defensa de Inocentes presentó el primer recurso de apelación con el fin de que se revisen en una segunda instancia los alcances de la sanción impuesta a los exjefes guerrilleros el pasado martes 16 de septiembre.
La acción fue promovida por los familiares de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados en cautiverio en junio de 2007.
En la apelación se pide hacer una revisión sobre el alcance de las sanciones restaurativas impuestas a los excomandantes guerrilleros.
Estos son los dispositivos electrónicos con los que la JEP hará seguimiento al cumplimiento de las sentencias del exsecretario de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZpoZNom72H
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 18, 2025
“Desde la Fundación Defensa de Inocentes solicitamos la revocatoria de la sentencia y la emisión de un nuevo fallo que incorpore los estándares del Acuerdo de Paz”, precisa la apelación de cinco páginas.
En este sentido, se alega claramente que para la emisión de la sanción no se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas para la imposición de un castigo en contra de los siete excomandantes de las Farc.
La sentencia, indicaron, “presenta graves deficiencias que desconocieron los compromisos del Acuerdo Final de Paz y los estándares internacionales de justicia restaurativa, especialmente en lo relativo a la participación efectiva de las víctimas en el diseño de las sanciones restaurativas”.
Igualmente, consideran que las sanciones impuestas no son proporcionales ante “el daño sufrido” por las familias.
A esto se le suma la “ausencia de garantías reales de no repetición y la falta de verdad plena, detallada y exhaustiva sobre los hechos que afectaron a las víctimas y sus familiares”.
Estos son los límites que tendrán los exintegrantes del Secretariado de las Farc para participar en política. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2pPD4SQw8I
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 18, 2025
La Fundación invitó a las víctimas del conflicto armado a que acudan a la Corte Penal Internacional con el fin de buscar garantías en las sanciones contra los excomandantes guerrilleros por crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos, “que permanecen en la impunidad”.
El exdiputado Sigifredo López, el único sobreviviente, cuestionó los alcances de esa sanción al asegurar que se desconocen los principios de “verdad y restauración” a las víctimas.
En su posición, la JEP apoya más la impunidad que la búsqueda de justicia.
La sanción emitida por la Sala de Reconocimiento de Verdad cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; Pastor Alape Lascarro; Rodrigo Granda Escobar; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel Rendondo, y los congresistas del Partido Comunes, Julián Gallo Cubillos y Pablo Catatumbo Torres Victoria.
La sanción se emitió después de que los exintegrantes del Secretariado reconocieran su responsabilidad en 21.936 secuestros registrados entre 1993 y 2012.
Entre los proyectos restaurativos en los que trabajarán los siete excomandantes guerrilleros, y que han generado un gran debate, se encuentran acciones en la cooperación de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ubicación de campos con minas antipersonal, realización de labores de memoria y reparación simbólica, así como proyectos de reforestación.
