Esta es la denuncia de Keralty contra Gustavo Petro y los delitos que le señalan. “No son hechos aislados ni espontáneos”

En su controversial alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro se despachó contra Keralty y su dueño, el español Joseba Grajales. El abogado de la compañía, el prestigioso jurista Juan David Riveros, radicó una denuncia contra el primer mandatario en la Comisión de Acusación de la Cámara.

En un detallado escrito, Riveros enumera una a uno los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la compañía, dueña de Sanitas, a la que su gobierno intervino el año pasado. La Corte Constitucional, en un fallo reciente, le dio la razón a la empresa y obligó al Estado a devolverla a sus dueños.

Sanitas y Keralty fueron grandes protagonistas en las cuatro horas de discurso del presidente Petro, calificadas por muchos como “delirantes”. Allí, el presidente hizo una defensa de su gestión del sistema de salud, pese a que las cifras de un informe de la Contraloría demostraban cómo las EPS intervenidas por este Gobierno están en peores condiciones que antes de esa medida.

En la denuncia, radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara, se pueden leer todos los insultos y andanadas del primer mandatario:

“Entonces nos quitaron ahí a Sanitas, y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumo todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”.

• “Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen por qué mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Que está pasando, que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo, no solo del político.”
• “Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.
• “Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me recibe todavía con abrazos y besos”.
• “La peor porque casi triplica la deuda en un año, eso significa que se robaron la plata.”
• “Otra vez somos Colombia, colonia ya no de los españoles, aunque ahí está el dueño de Keralty”.
• “Cuando dimos más plata, más se llevaron”.
• “Dejen de obedecer a Keralty, que él vive es en Madrid o en País Vasco. Dejen de pensar por favor que se puede financiar en sus campañas con estas platas porque saben a muerto. Cuando uno usa una plata de esas la pierde porque es pura engería oscura, no es energía de la luz”.

El abogado del grupo recuerda también otros pronunciamientos contra la empresa, hechos en el pasado, y asegura que el presidente incurrió en los delitos de injuria y calumnia.

Riveros recuerda una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que asegura que “para la configuración de este tipo penal, es imprescindible que el sujeto activo consciente y voluntariamente impute a otra persona conocida o determinable, un hecho capaz de lesionar su honra, además de conocer el carácter deshonroso de la imputación y la capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado, de la imputación. En suma, es imprescindible la concurrencia de los siguientes elementos, en particular: que el sujeto agente atribuya a otra persona conocida o determinable un hecho deshonroso. Que tenga conocimiento del carácter deshonroso del hecho. Que el hecho endilgado tenga la capacidad de dañar o causar menoscabo a la honra del sujeto pasivo de la conducta, Y, que el autor tenga conciencia de que el hecho imputado ostenta esa capacidad lesiva, o para menguar o deteriorar la honra de la otra persona” y otra en la que este alto tribunal agrega que “para considerar deshonrosa una imputación esta tendrá que ser clara, precisa e inequívoca”.

También menciona varias sentencias de la Corte Constitucional. En una, asegura que esta imputación deshonrosa debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto, tal y como ha sucedido con Keralty.

El abogado asegura que es claro que el presidente señaló a la empresa de “criminal”, sin sustento alguno y recuerda que “el tipo penal exige la modalidad dolosa, es decir, la consciencia y voluntad de hace una imputación deshonrosa a otra persona, sabiendo que esa afirmación afectará el honor o reputación del sujeto pasivo”.

“En lo que respecta a la antijuridicidad, la conducta desplegada por el presidente carece de cualquier causal de justificación. No se trata de una crítica legítima, ni de una defensa propia o ajena, ni de una expresión amparada por el derecho a la libertad de expresión, pues no cumple con los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. Por el contrario, se trata de una manifestación arbitraria que vulnera de forma directa el bien jurídico protegido, causando una lesión efectiva al derecho a la honra del directivo señalado”, agrega.

Para el abogado, “en el caso concreto, se cumplen todos los elementos del tipo penal de injuria: la conducta encaja en la descripción típica, no está amparada por ninguna causal de justificación, y el autor actuó con plena conciencia y voluntad”.

Explica, además, que las afirmaciones del presidente le imputan a la empresa conductas que podrían ser calificadas como delitos, por ejemplo, por atribuirles “la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas” o incluso el señalamiento de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

Agrega que, en este caso, frente al presidente, “no se configura ninguna de las causales de inimputabilidad previstas en la ley, como inmadurez psicológica, trastorno mental o error invencible sobre la antijuridicidad. Por tanto, existe plena conciencia de la ilicitud de la conducta y voluntad de ejecutarla, lo que permite atribuirle responsabilidad penal”.

“El presidente Petro imputó falsamente al directivo español de Keralty la comisión de diferentes delitos, sin respaldo judicial ni probatorio, afectando gravemente su integridad moral … Las manifestaciones realizadas por el señor Gustavo Petro no constituyen hechos aislados ni espontáneos, sino que configuran una conducta reiterada y sistemática de imputaciones falsas en contra de mi representado, lo cual encuadra en la figura de calumnia continuada”.

El abogado de Keralty también denuncia al primer mandatario por actos de discriminación por sus declaraciones despectivas contra el dueño de la empresa, basadas en su nacionalidad española: “En el presente caso, las declaraciones presidenciales que prohíben la permanencia del directivo de Keralty en Colombia constituyen una restricción directa y efectiva del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Al impedir su entrada y permanencia en territorio colombiano por consideraciones vinculadas a su nacionalidad, se está restringiendo de manera concreta el derecho a la libre circulación y a ejercer actividades económicas legítimas en el país”.

“Las declaraciones del Presidente Gustavo Petro que califican al directivo español como ‘criminal’ por supuestamente financiar campañas con ‘plata internacional’ y su descabellada manifestación respecto de una presunta participación en la comisión de delitos de lesa humanidad revelan una clara motivación discriminatoria basada en la nacionalidad”, indica el abogado.

“Estas manifestaciones públicas no solo han restringido de manera arbitraria derechos fundamentales del directivo extranjero, sino que también han causado un daño profundo e injustificado a su buen nombre, al asociarlo con actividades criminales sin respaldo alguno”, concluye.

Tras enunciar el caso, el abogado le pide a la Comisión de Acusación del Congreso de la República que proceda a la apertura formal de una investigación penal, en los términos establecidos por la ley, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos vulnerados y determinar la responsabilidad penal correspondiente.