Esta es la demanda que presentó contra la Nación la jueza que lleva el proceso contra el expresidente Uribe

Como muy pocas veces se ha visto en la historia judicial del país, los reflectores de un juicio se han centrado en la figura de la jueza y el procesado. Este es el caso de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien por reparto —en abril de 2024— asumió el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pues bien, en el juicio se han dado duros cruces entre el expresidente Uribe, su defensa y la jueza. Pero lo que no se sabía es que esa misma jueza hace dos décadas había sido protagonista de una demanda contra un decreto que, en su momento, había expedido Uribe durante su segundo mandato.

Con el correr de las audiencias, la bancada de defensa del expresidente Uribe tuvo que poner varias constancias por lo que consideraba una vulneración constante a los derechos procesales y a la administración de justicia.

Esto por la recia posición de la jueza que, sin mayor análisis, rechazaba de tajo cada una de las peticiones que elevaba la defensa del expresidente.

La gota que derramó el vaso se registró el 5 de octubre de 2024, cuando —en plenas audiencias preparatorias de juicio— la funcionaria judicial rechazó directamente la petición de reprogramación elevada por el abogado Jaime Granados Peña para recolectar dos pruebas que consideraba esenciales para realizar el enunciado probatorio.

En esa oportunidad, la defensa solamente pedía tres días para analizar toda la información que le había enviado la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, y así plantear de manera justificada las pruebas documentales y técnicas que iba a necesitar de cara al juicio.

El ‘no’ rotundo de la jueza, llevó a que se presentara una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que consideraban una vulneración al debido proceso.

El Tribunal avaló las pretensiones y le ordenó al juzgado que programara una nueva audiencia, en la cual se le permitiera a la defensa del acusado plantear sus pruebas para el juicio.

Esta actitud de la jueza llevó a que la defensa del exmandatario manifestara de manera pública que no cuenta con las garantías, pues ya existe tanto un prejuzgamiento, como una posición que desconoce la legítima defensa.

Por esto, el pasado lunes 10 de febrero la defensa del exmandatario presentó una recusación con la que pedía que se cambiara a la jueza. Esto, al citar una frase dicha, no hace mucho por la funcionaria en la que alegó: “Por fortuna o desgracia de algunos a este despacho le correspondió por reparto el trámite de este proceso. Por lo tanto, no debe ser sorpresivo —como lo indica el señor defensor— la celeridad que se le ha impreso”.

La jueza rechazó, sin más, la petición de recusación y continuó con la audiencia de etapa de juicio pidiendo la declaración del senador Iván Cepeda. Esta actitud motivó la presentación de otra acción de tutela ante el Tribunal, que ordenó la suspensión inmediata de las audiencias.

SEMANA conoció una serie de documentos que podrían dar a entender la animadversión —como lo han señalado los abogados del expresidente— y su motivación para darle una celeridad inusitada a este caso, desconociendo las peticiones.

Siendo jueza en Ibagué, la jueza presentó una demanda contra la Nación, representada en la rama Judicial y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para el restablecimiento de sus derechos. En la demanda, se pedía declarar nulos dos artículos del Decreto 658 de 2008 y del Decreto 723 de 2009 que modificaron la prima especial para los funcionarios de la rama Judicial.

En la demanda se advierte que estos dos decretos, firmados en 2008 por el presidente Álvaro Uribe Vélez y sus ministros, la afectaban, hecho por el cual presentó la demanda.

“Se ordene el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, son carácter salarial mensual devengado por mí desde el momento que inició la relación legal y reglamentaria con la rama Judicial y/o a partir del momento que se promulgó la Ley 4 de 1992 y hasta la fecha en que cesen los hechos que el dan origen y sobre los salarios que le causen en forma posterior, en porcentaje fijado o que fije el Gobierno nacional”, reclamaba.

En otro de los apartes se pedía una condena en costas a la “parte demandada, sumas estas que deberán estar debidamente indexadas”. La jueza reclamaba que con la firma de estos dos decretos se estaba desconociendo por completo la prima salarial a la que tenía derecho.

Debido a esto, pedía que se reversaran los alcances de estos decretos: “Tengo la totalidad del salario mensual devengado por el suscrito en calidad de juez y/o magistrado de la República desde el momento en que inició la relación legal y reglamentaria con la Rama Judicial (...) y hasta la fecha en que cesen los hechos que le dan origen, incluido el 30% denominado prima especial sin carácter especial”.

En el reclamo, se manifiesta que está a paz y salvo, cumpliendo con todas las exigencias que ha fijado la ley.

La jueza Sandra Liliana Heredia le dio poder a dos reconocidos abogados de Ibagué para que la representaran en este litigio jurídico.

En otro documento conocido por SEMANA, la funcionaria judicial aparece junto a otros doce funcionarios de la Rama que reclamaban la nulidad de estos decretos.