Esta es Fuelenergy, su representante, y las falencias que tendría para administrar bienes de la SAE por más de un billón de pesos, incautados a red que saqueó el sector de hidrocarburos

De un plumazo, como informó SEMANA, fue entregada en administración a la empresa C.I. Fuelenergy S.A.S la gigantesca incautación de bienes y activos, por más de un billón de pesos, de 12 empresas que se habían dedicado a saquear el sector de hidrocarburos dejando como principal víctima a Ecopetrol. El presidente de la SAE, Daniel Rojas, defiende la asignación de la empresa para asumir la administración, pero las dudas son evidentes.

Los bienes y negocios a los que se dedican las empresas que fueron incautadas prácticamente ocupan todos los renglones del sector de los petróleos, pero Fuelenergy no la tiene, incluso no cuenta con las licencias que se necesitan para comerciar y trabajar en algunas áreas. Aunque es claro que la entrega es en “administración” y no sería obligatorio contar con estas, ¿cómo administrar algo que nunca se ha hecho?

SEMANA indagó sobre las capacidades de Fuelenergy, que ya está administrando a Gunvor Colombia con activos por 381.016 millones de pesos, Oil Colombian Company por 214.600 millones, Procesos Industriales Marinos por 143.448 millones, Australian Bunker por 105.594 millones, Master Fuel por 51.170 millones, Comercializadora Internacional Octano Industrial por 38.008 millones, Crudesan por 5.148 millones, Colcrudos por 4.586 millones, Aceites de Cartagena por 3.414 millones, TF Cargo S.A.S. por 2.847 millones y Transcolcrudos con activos por 1.196 millones. Esto, según el Formato resolución de Medidas Cautelares de la Fiscalía.

El asunto es claro. Por ejemplo, para manejar Octano Industrial es necesario tener experiencia como refinadores, contar con resolución del Ministerio de Minas como refinadores y los permisos ambientales, pero no los tiene. Para Colcrudos, experiencia como almacenadores y planta mayorista de crudos, que también debe ser autorizada por el ministerio.

En el caso de Australian Bunker y Master Fuel, se debería requerir la licencia de Dirección Marítima de explotación comercial en Cartagena y estar acreditados como estaciones de servicio marítimas; tampoco tiene la experiencia en esta área.

Para recibir Gunvor sería necesaria la experiencia como exportadores del crudo y algo muy puntual: “experiencia charqueando buques petroleros que llegan a los puertos colombianos”. En el caso de Cargo y Colcrudos, deberían tener resoluciones de autorización y experiencia en transporte de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Con este argumento le señalaron a SEMANA que esta entrega en administración fue como poner al dueño de una tienda de barrio, de la noche a la mañana, a administrar almacenes de cadena de la talla del Éxito, Olímpica, Jumbo o Carrefour.

Sin embargo, Roberto Enrique Aguiar, representante legal de Fuelenergy se defiende y asegura que “contamos con las licencias que nos acreditan para el funcionamiento del negocio. Tenemos contrato directo con petroleras como Chevron Petroleum. Somos distribuidores exclusivos para la línea marina en lubricantes. Contamos contrato con Frontera Energy, que es una petrolera que maneja gran participación de crudos aquí en Colombia; tenemos contratos con Ecopetrol, en temas de suministro de combustibles. Gozamos de la experiencia de vida para enfrentar este gran reto”.

Entre los retos de cara a esta adjudicación planteó tres temas que considera serán su prioridad: “Fortalecer el gobierno corporativo de las compañías, darles estabilidad a lo primordial de las compañías, que es el recurso humano, y generar productividad”.

El presidente de la SAE, Daniel Rojas, también defendió la muy criticada y gigantesca entrega en administración de las 12 sociedades comerciales, y afirma que “en la SAE no estamos feriando los activos. Estamos haciendo uso de los mecanismos legales que tenemos para la administración de los bienes que tiene a cargo. Lo que hacemos con Fuelenergy es firmar un contrato de administración”.

Pues bien, aunque la Fiscalía hizo un trabajo complejo tratando de desenmarañar el gigantesco fraude y logró decretar medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades y personas involucradas en este escándalo por cerca de 1,3 billones de pesos, la entrega en administración de la SAE genera dudas.