Escolta de la UNP que dejó tirado el senador indígena Feliciano Valencia dio positivo para covid

La novela del manejo del esquema de seguridad que se entrega a las comunidades indígenas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuyo protagonista, en esta ocasión es el senador Feliciano Valencia, quien había dejado tirados sus escoltas y usaba las camionetas blindadas para realizar bloqueos y que las manejaran personas que no son parte del esquema, tiene un nuevo y grave capítulo. Su escolta, quien denunció los abusos, fue contagiado de Covid en medio de las protestas, ante la ausencia de protocolos para evitar la infección.

La denuncia que realizó el escolta Julián Andrés Grijalba terminó pasándole factura. El senador indígena Feliciano Valencia, cuando se conoció el caso lo hizo reintegrarse al esquema el 12 de mayo, en medio de la minga que se realizaba en Cali, sin ningún protocolo, en donde, señala, se empezó a sentir mal pero solo se le dio medicamentos para la gripa.

Luego tomaron camino hacia Santander de Quilichao cuando la minga decidió irse de Cali. Allá la molestia era mayor, el 15 de mayo se sentía enfermo. El contacto con Valencia era mínimo, pues señala que después de su denuncia “ese señor no me quería ni hablar, yo estaba cerca pero ni me miraba”.

Grijalba no pudo soportar más los síntomas y el 18 de mayo, aunque no estaba en condiciones de manejar, tomó su carro y se fue a Cali, en donde los miembros de la UNP establecían contacto con las clínicas para una rápida atención, lo que no resultó fácil por el pico de covid que se registra en esa ciudad.

El diagnóstico en la Clínica Nuestra (antigua Clínica Rosario) fue certero: Grijalba era un caso “alta complejidad”, estuvo hospitalizado dos días en los que le dieron atención respiratoria y ayer fue enviado a la casa, donde está estable pero se queja de dolor en el pecho y de dificultades para respirar.

Desde el sindicato de la UNP, su presidente, Wilson Devia, señala que en este caso no solo hay abusos frente a los vehículos que se les entregan. “En el caso de Grijalba primero fue marginado del esquema, luego, cuando se reintegra, lo meten a una marcha sin ningún tipo de protocolo de protección ¿las personas que están en ese lugar, quienes tuvieron contacto con Grijalba, en resto de miembros del esquema y el mismo senador Valencia se han hecho pruebas, están aislados?”, se preguntó Devia.

El listado de irregularidades, según las denuncias, arranca con la coyuntura del país, las protestas y marchas en el marco del paro nacional. Según los escoltas, los indígenas los obligan a desplazarse a otras ciudades, sin viáticos, con las camionetas y las armas de dotación. La orden es participar de las movilizaciones. De negarse, los amenazan con presentar informes a la UNP, les piden las llaves de los vehículos, y los dejan abandonados en parajes del Cauca y del Valle del Cauca.

Devia aseguró que son al menos 100 los esquemas de seguridad asignados a integrantes de comunidades indígenas, y más del 80 por ciento los utilizan en las movilizaciones, marchas y hasta en los enfrentamientos. “Usan las camionetas blindadas como escudo para acercarse a la contraparte en los enfrentamientos; no les importa nada, los daños y la destrucción de los vehículos”, advirtió.

Un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se compone, generalmente, de una camioneta que alquila por 14 millones de pesos mensuales, un escolta que le cuesta al Estado 6 millones y el combustible asignado por 1,2 millones. En promedio, el total para un protegido puede ser de 30 millones mensuales, todo con dinero de los contribuyentes.