Epa Colombia se juega su última carta tratando de recuperar la libertad. Corte Constitucional tomará la decisión

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, cumple ocho meses en la cárcel.

Aunque en un principio estaba detenida en El Buen Pastor, fue trasladada, con mejores condiciones, a la Escuela de Caballería, en el oriente de Bogotá.

Sin embargo, la posibilidad de lograr la libertad está embolatada y solo le queda una carta por jugar: una tutela que presentó ante la Corte Constitucional.

La condena contra Epa Colombia, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público y —el más grave, por el que no ha podido lograr la libertad— instigación a delinquir con fines terroristas, que no permite beneficios penales, ha sido ratificada en dos ocasiones.

Por ello, la última oportunidad en sus manos llega con el abogado Víctor Mosquera, quien radicó ante la Corte Constitucional una tutela que, por la gravedad, complejidad e importancia del caso —según él—, espera sea seleccionada por el alto tribunal.

Ahí están las llaves de la libertad de Epa Colombia y la posibilidad de echar para atrás el fallo del 5 de agosto de 2021, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que luego fue ratificado en casación por la Corte Suprema de Justicia en enero de este año, hecho que la envió definitivamente a la cárcel.

En el documento, su abogado argumenta que la decisión vulnera, entre otros, sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, igualdad y defensa.

El abogado Mosquera plantea su solicitud justamente con el delito que tiene a Daneidy Barrera en la cárcel: instigación a delinquir con la agravante de incitar a actividades terroristas.

El argumento advierte “la prohibición que existe especialmente a nivel internacional de criminalizar la protesta, la diferencia entre actividades de vandalismo y actividades terroristas, y la urgencia de proteger los derechos fundamentales de la señora Barrera Rojas”.

Su reprochable actuación de romper a martillo una estación de TransMilenio, lo que le implicó ser señalada por los delitos de instigación a delinquir y daño en bien ajeno agravado, se convirtió en terrorismo, con la venia de su entonces abogado, quien le recomendó aceptar la decisión.

Por eso, en la solicitud de revisión que hace el abogado Mosquera, se argumenta que el alto tribunal tiene la posibilidad de abordar “un tema novedoso frente al cual la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de pronunciarse respecto a los hechos que rodearon la condena de mi defendida: el estallido social, la configuración de conductas vandálicas y su clara diferenciación con las conductas terroristas, entre otras”.

También se refiere a la decisión que le prohibió a Epa Colombia usar sus redes sociales, una de las principales herramientas que tiene para obtener recursos.

“La limitación al acceso a las redes sociales de la señora Daneidy Barrera se enmarca en una restricción injustificada a su libertad de expresión, la cual se deriva de las expresiones efectuadas por ella en el marco de una protesta social, señalando su inconformidad con el funcionamiento del Estado y la gestión del gobierno del momento, lo cual no podía ser utilizado por el Estado como una excusa para justificar la represión y limitación de sus derechos fundamentales”, se lee en el documento de 24 páginas.

Agrega: “Afectó directamente su derecho al trabajo, pues antes de ser detenida, su actividad laboral consistía en ser influenciadora en redes sociales, en donde promocionaba marcas y su emprendimiento de productos para el cabello”.

Sobre la acusación de terrorismo, el abogado le pide a la Corte que estudie la “interpretación excesiva y abusiva de la norma penal que lleva actos de afectación a bienes públicos al absurdo de constituirse en actos terroristas”.

La urgencia de que esta tutela sea abordada por la Corte Constitucional se justifica, entre otras cosas, según el abogado, porque “recibe una especial afectación y trasgresión a su derecho a contar con garantías judiciales, toda vez que, basándose en una apreciación subjetiva y de criminalización de la protesta social, la entidad accionada la condenó por el delito de terrorismo, bajo una errónea tipificación, privándola de su libertad arbitrariamente en un centro de reclusión intramural con personas condenadas por delitos graves y pertenecientes a grupos y bandas criminales, lo cual conllevó a que no pueda acceder, de manera ilegítima, a la prisión domiciliaria, un beneficio al que tendría derecho por ser madre cabeza de hogar de una menor de pocos meses de edad”.

Daneidy Barrera Rojas ha pasado meses tras las rejas, con claras limitaciones para ver a su hija; tampoco ha podido trabajar, ha presentado planteamientos de reparación económica y hasta ha propuesto usar sus redes sociales para hacer pedagogía con el sistema de transporte TransMilenio. Ahora, solo tiene una posibilidad de recuperar la libertad y es esta acción de tutela que espera sea estudiada por la Corte Constitucional.