Entrevista: Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, habla del juicio, las pruebas y un supuesto entrampamiento

SEMANA: ¿Cuál es su primera impresión al terminar este juicio, que contó en su última etapa con 67 audiencias casi ininterrumpidas y con un anuncio del sentido del fallo para el próximo 28 de julio?

JAIME GRANADOS (J. G.): Lo primero es alivio, porque lo que prometimos se cumplió, y era que este juicio iba a terminar en julio, que no había ningún riesgo de que fuera a prescribir. También, que íbamos a probar, aunque no estamos obligados a ello, que Álvaro Uribe Vélez sí es inocente. Creo que ese era el desafío. Por supuesto que esperamos, con mucha atención y respeto, el 28 de julio, cuando la señora jueza Sandra Heredia pronunciará el sentido del fallo, que no dudamos debe ser absoluto.

SEMANA: A ustedes siempre los han acusado de buscar la preclusión. ¿No era esa la estrategia?

J. G.: Siempre hubo de parte de nuestros contradictores la intención de acusarnos de dilatar los procedimientos. Presentar un recurso de apelación o recurrir a una acción extraordinaria de tutela, dos de ellas que además ganamos, no puede verse como una maniobra dilatoria, sino como la defensa de los derechos. Además, nos comprometimos y cumplimos para que no hubiera ninguna posibilidad de que prescribiera. También, aunque la defensa no está obligada a probar la inocencia, sino que la carga, la prueba, la tiene el Estado a través de la Fiscalía, probamos, en contra de la hipótesis de la Fiscalía, que Álvaro Uribe Vélez era inocente, que era víctima de un entrampamiento. Nunca vulneró la ley, nunca se separó de un estándar de conducta adecuado, nunca hizo algo que no estuviese a la altura de la figura de un expresidente y senador líder de la oposición en la época de los hechos.

SEMANA: Este caso tiene un fuerte trasfondo político; más allá de las pruebas, hay un sector que quiere la condena y otro que defiende la inocencia. ¿Cómo entender esta balanza que tendrá que ser resuelta por una jueza?

J. G.: En un juicio hay dos tesis adversas que se contraponen, eso es lo normal, pero la Fiscalía debió actuar con objetividad; es decir, lo que la prueba muestra es lo que me lleva a pedir finalmente la condena o absolución y decidió acusar; debió concluir que no probó su caso, se empecinó incluso distorsionando muchas de esas evidencias, ignorando otras, para pedir una condena. Esto va en contravía de lo que la defensa argumentó, probó y que la Procuraduría apoyó.

Es lógico que los abogados de la bancada de las alegadas víctimas hicieran lo mismo, porque son los que impulsaron este caso con la Fiscalía. Lo que cuenta es que, efectivamente, toda la opinión pública pudo observar lo que decían los testigos, lo que decían los peritos, lo que se veía en los documentos, lo que se escuchaba en las grabaciones por más ilegales que fueran y podrán formarse su propia la idea de que el expresidente Uribe es inocente, pero será la jueza la que tome la decisión y eso es lo que esperamos ocurra el 28 de julio.

SEMANA: Hay mucho desconocimiento sobre el tema por el cual se está juzgando al expresidente Uribe, usted habla de un entrampamiento, ¿de qué se trata?

J. G.: Permítame una explicación para entender por qué lo del entrampamiento: en este proceso no se está hablando acerca de vínculos alegados y no aprobados entre paramilitares, Álvaro Uribe y su familia, como los perseguidores políticos y de oficio como Iván Cepeda y la compañía pretenden.

Este proceso trata de si ha habido o no manipulación de testigos mediante unos ofrecimientos y unos sobornos a unos testigos, o si hubo engaño a la justicia mediante un fraude procesal y luego le agregaron, a última hora, un soborno de un testigo en actuación que no fuese, entre comillas, delictiva.

Pero buena parte del debate se dio sobre ese pasado, de si realmente en la hacienda Guacharacas hubo paramilitares o no, y eso se dio, no porque se estuviera juzgando, sino para apreciar la credibilidad del llamado testigo estrella de la acusación, Juan Guillermo Monsalve. Él alegaba que era fundador del bloque Metro, participó en sus orígenes y que era paramilitar. Probamos que eso no era cierto, que este señor fue simplemente un secuestrador en Caquetá y que estaba buscando unos beneficios judiciales que no consiguió, apenas unos pocos beneficios carcelarios. Juan Guillermo Monsalve quería buscar, con el apoyo del senador Iván Cepeda, un escenario en que le tendiera una trampa a alguien cercano al entorno de Uribe para relacionarlo con paramilitares, de ahí surge el entrampamiento. Nosotros, de manera detallada, fuimos mostrando, día por día, en qué consistió cada trampa: las mentiras, cómo logró él introducir unos relojes grabadores a la cárcel, cómo logró que se manipulara la información.

Buscando obtener beneficios, grabó clandestinamente, manipuló las grabaciones y eso lo probamos. Ocultó esas grabaciones a la Corte Suprema, luego las editó y las entregó manipuladas. No era cierto que hubiera ofrecimientos, eso también lo probamos. La opinión pública no va a olvidar que su propio padre declaró en el juicio en contra de él (Monsalve) y su propio hermano mayor. El problema no es que el tipo sea testigo, sino que él buscó tender una trampa, en la que ingenuamente el abogado Diego Cadena cayó.

Ahora, Diego Cadena nunca le pidió que mintiera, nunca le pidió que faltara a la verdad, nunca pidió que hiciera algo indebido como testigo. Esto, lo único que muestra, es que Uribe, a lo mejor de buena fe, permitió que verificara una información de que supuestamente quería retractarse cuando todo era fingido, mentira, buscando unos beneficios.

SEMANA: ¿Por qué el interés de Iván Cepeda por lograr una condena contra Uribe?

J. G.: ¿Quién era Iván Cepeda Castro el 7 de agosto de 2010? El hijo del senador fallecido Manuel Cepeda, punto. Acababa de ganar una elección para ingresar a la Cámara de Representantes. Entonces, él empezó a construir su legado político, entre comillas, a punta de atacar a Uribe. Se dedicó con la senadora Piedad Córdoba a visitar las cárceles de Estados Unidos, a entrevistarse con Mancuso y con el Tuso Sierra para preguntar por Uribe y su hermano, y ofrecer asilo y otros beneficios, como ya se probó en este juicio. Esa era su campaña de ataque contra quien estaba entregando la Presidencia con los mayores niveles de popularidad en la historia de Colombia.

¿Qué hace el presidente cuando alguien lo calumnia, cuando alguien lo ofende de esa manera? Defenderse. Por eso, en 2012, formulamos la denuncia contra Iván Cepeda. Así que no fue que Álvaro Uribe Vélez se dedicó a perseguir, como mentirosamente dice Iván Cepeda. El que comenzó utilizando a estos mentirosos fue Iván Cepeda. Y sobre todo, y esto es muy importante, cuando yo interrogué a Iván Cepeda, tuvo que decir bajo juramento que a él no le constaba nada de Uribe, que no es testigo de nada. Todo lo que hizo fue montar una campaña de desprestigio.

SEMANA: ¿Cree que hay un interés, más allá del judicial, en el tema de Álvaro Uribe Vélez?, ¿es un juicio con trasfondo político?

J. G.: Si fuera por lo que las pruebas han mostrado, tenían razón los fiscales que pidieron la preclusión. Sin embargo, acatando los fallos de los jueces y del tribunal, se dio el juicio en una injusta acusación, porque se probó que era inocente. Así que, jurídicamente, no tengo la menor duda de que era un caso inmeritorio. Sin embargo, desconocer el trasfondo político sería ingenuo. ¿Cuándo surge el caso? En vísperas de elecciones de 2018. ¿A quién afectaba el caso? Al líder de la oposición de Colombia, esos son hechos inocultables. Pero como abogado estoy obligado a referirme a las evidencias, a las pruebas, a los hitos procesales, a las garantías violadas y a reclamar el respeto a los derechos de Uribe.

SEMANA: ¿Está tranquilo con lo que ha pasado alrededor de este caso, el afán de llegar a un fallo en corto tiempo, las presiones?

J. G.: Creo que la celeridad nunca es criticable porque hay un derecho constitucional a un juicio rápido, pero debería aplicarse en todos los casos. Nuestro reclamo es que ese juicio rápido no podía ser en contra del respeto del derecho de defensa, de preparar adecuadamente el caso. Ustedes recordarán que reclamamos y el tribunal nos dio la razón de que teníamos derecho a examinar unas evidencias, que por ser de carácter técnico no se pudieran hacer en el término de pocas horas. La juez no estuvo de acuerdo, tuvimos que ir a tutela, ganamos, y se vieron los resultados. Se nos negó el 40 % de las pruebas y el tribunal nos dio la razón y nos permitió traer esas pruebas, que fueron muy importantes.

SEMANA: ¿Cómo es el asunto de la prescripción? Se habla que es en octubre, ¿si hay apelación se mantiene o se aumenta este plazo?

J. G.: La señora jueza ya fijó una fecha, 28 de julio, para el sentido del fallo y podría el mismo día leer la sentencia o hacerlo en los días siguientes. Así que creemos que, probablemente, respetando su independencia y su autonomía, o finalizando julio o empezando agosto estará esa sentencia ya completa y que esperamos, por supuesto, sea absolutoria. Quien no esté conforme, tiene derecho a apelar en los cinco días hábiles siguientes y luego el derecho que tiene la contraparte no recurrente por otros cinco días hábiles, de ahí se va para el tribunal. Es decir, a mediados de agosto debería estar subiendo esto al tribunal. El tribunal, hasta el 16 de octubre, o sea, a mediados de octubre, tiene para decidir, es decir, dos meses. Por la importancia del caso, yo creería que alcanza a resolver esto antes. Si va a la Corte Suprema, por casación aumenta por un término de cinco años.

SEMANA: El expresidente Uribe manifestó en sus alegatos de conclusión cómo este proceso no solo lo había afectado judicialmente, sino a su buen nombre, su trayectoria política. ¿Tomaría alguna medida en contra la contraparte en este juicio, si logra la inocencia?

J. G.: En los alegatos, aunque podríamos haber solicitado compulsas de copias para todos los testigos que mintieron, no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Primero hay que escuchar el razonamiento judicial, es decir, la sentencia. Si la señora jueza, en su libre albedrío, decide compulsar copias, haremos parte en esa compulsa. Si decide no hacerlo, lo denunciaríamos seguramente, pero hay que esperar a ese momento, no hay que anticiparnos.

No queríamos distraer la atención del caso, de lo que eran sus méritos y dejar que sea a quien le corresponde valorar la prueba, la jueza, la que haga ese ejercicio.

Y ya lo veremos el 28 de julio en sus conclusiones en el sentido del fallo.

SEMANA: ¿Frente a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ha contado con todas las garantías judiciales, de imparcialidad?

J. G.: En el caso que nos ocupa, hemos visto un cúmulo de errores y hemos visto también una afectación, en muchos casos de garantías fundamentales, a Álvaro Uribe Vélez.

Las hemos puesto en conocimiento de las autoridades; hemos presentado acciones pertinentes, incluso varias tutelas; hemos respetado las decisiones que nos han favorecido y las que no nos han favorecido; hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes en sede internacional lo que estimamos como irregularidades.

En este momento, nuestra expectativa está centrada en el presente, en esa práctica aprobatoria. Quiero decirlo, se lo dije a la señora jueza: que ella presidió un juicio ya superados los debates previos, donde dio garantías, donde actuó con total verticalidad para evitar cualquier dilación con orden. No nos afectó con sus decisiones y, sobre todo, permitió que se diera ampliamente el debate de los alegatos finales. Eso tengo que reconocerlo, así lo dije y lo reitero aquí, públicamente.

Ahora nos corresponde esperar la decisión, esperar sentido del fallo y, por supuesto, analizarlo. No puedo venir aquí a hacer un juicio anticipado.